Los rectores firmaron la resolución 04/2018 que se convirtió en el origen de los cobros que realizó Mendoza del Estado.
Fuente: El Deber
La resolución 04/2018 del XIII Congreso de Universidades que se realizaba en Potosí allá por 2018 fue la que autorizó el pago de salarios al quincuagenario dirigente estudiantil, Max Mendoza, así declaró el docente Rodrigo Rodríguez ante los fiscales la mañana de este lunes en la ciudad de La Paz.
“La decisión viene de un mandato que se expresa en el Congreso, la (resolución) 04/2018 es un mandato de los rectores que estaban presentes, entonces mi cliente lo único que hace es dar cumplimiento a esa resolución, porque si no cumplía era pasible a un proceso administrativo. Entonces fueron ellos, los 11 rectores que autorizaron que el señor Max Mendoza sea el ejecutivo del CEUB”, dijo Patricio Vargas Camacho, abogado defensor del docente Rodrigo Rodríguez.
Max Mendoza está siendo procesado por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica por una comisión de fiscales, luego de descubrirse que durante cuatro años percibió salarios como personal jerárquico del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y además mandó a licitar servicios, tareas que no le competían.
El XIII Congreso de Universidades se inició el 21 de mayo de 2018 en la ciudad de Potosí. La muerte de un estudiante tres días después provocó la suspensión del evento y el mismo se reanudó cuatro años más tarde en mayo de 2022. Por ese lapso de tiempo Max Mendoza fue habilitado para ser parte de la CEUB, recibir salarios y beneficios durante los cuatro años, gracias a la resolución de los rectores.
De acuerdo con la explicación del abogado defensor, su cliente firmó la resolución 36/2018 y lo hizo por mandato expreso de la primera resolución, es decir la 04/2018, esta última es un documento firmado por 11 rectores de las universidades del país y nombraban a Mendoza como, “miembro del presídium XIII del Congreso Nacional Universitario-CNU” y en esa condición accedió a los beneficios.
El abogado fue consultado por qué su cliente no denunció esas irregularidades de las que fue beneficiado Mendoza y dijo que esa es la documentación que presentaron ante los fiscales la mañana de este lunes. El docente universitario declaró desde las 09:00 hasta pasadas las 13:00, la Fiscalía decidió dejarlo en libertad.
“Nosotros vamos a entregar la lista a toda la documentación sobre ese evento en 2018 y también aquellos reclamos para la reinstalación del Congreso, porque había condiciones para hacerlo. Mi cliente también presentará sus descargos porque él no se prorrogó con su mandato que le dio el Congreso, en 2019 él entrega su cargo y renuncia”, detalló más adelante.
Mientras Rodríguez renunciaba a su designación, Mendoza permanecía en la misma y se beneficiaba de viajes y privilegios de las autoridades jerárquicas en el CEUB.
Ahora la Fiscalía solicitó los nombres de los 11 rectores que firmaron la resolución 04/2018 y que luego dio origen a otro documento que autorizó el pago de sueldos y uso de vehículos a Mendoza.