El fiscal departamental de La Paz anunció la conformación de una comisión. Según el docente Víctor Hugo Chávez, uno de los querellantes, las autoridades deben investigar al personal de la CEUB y a las FUL.
Fuente: paginasiete.bo
Verónica Zapana S. / La Paz
La Fiscalía Departamental de La Paz admitió seis denuncias contra Max Mendoza, actual presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), por siete delitos. Un rector, una exautoridad que tenía ese mismo cargo y un docente están en la mira.
El fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, dijo que hasta ayer en la noche se registraron seis denuncias contra el dirigente universitario. “Estas seis denuncias están siendo admitidas, pero agrupadas en una sola porque es un solo hecho”, aseguró.
Alave anunció -además- la conformación de una comisión de fiscales para que analicen el caso y realicen de forma inmediata las actividades preliminares de la investigación.
Según la Fiscalía, los delitos por los que se lo acusa son: peculado, uso indebido de influencias, beneficios en el cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas legítimas del servidor público, y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Página Siete informó el viernes que según el último reporte del Ministerio Público, cuatro personas presentaron denuncias contra Mendoza. Ayer se sumaron otras dos.
Los denunciantes son: Víctor Hugo Chávez (docente universitario), Edwin Rosas y Héctor Arce Rodríguez (diputados) y Weimar Q. (estudiante), además de Erick Marcelo Pedraza y “Óscar Heredia, a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)”, según la autoridad de la Fiscalía.
“A la fecha se han recibido seis denuncias contra Max Mendoza. Los delitos son: peculado, uso indebido de influencias, beneficios en el cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas legítimas del servidor público y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Alave explicó que luego de admitir la denuncia, la investigación preliminar dura 20 días, por lo que en ese tiempo se convocará a las personas para sus respectivas declaraciones. Aseguró que la Fiscalía ya solicitó las alertas migratorias ante Migración, pero aún no se activaron.
Según Alave, todas las denuncias se basan en una resolución “que fue trascendida en varios tipos penales”.
Página Siete informó hace una semana que Mendoza recibía mensualmente un sueldo de casi 22.000 bolivianos gracias a la Resolución Administrativa 036/2018, durante más de cuatro años.
Esta disposición fue firmada por el entonces rector de la Universidad Tomás Frías de Potosí Juan Roberto Bohórquez, quien presidía la CEUB, y el presidente de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD), Rodrigo Rodríguez. En esta disposición se menciona que en mérito de la reestructuración, se ratificó como secretario nacional a.i. a Max Mendoza, miembro del presídium y autoridad permanente del CEUB con todos los beneficios que corresponden en el marco de la normativa.
El presidente de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD), Carlos Salinas, afirmó que según las normas de la CEUB, la persona que ocupe el cargo debe ser docente al momento de su designación y debe contar con cinco años de servicio. “Es por eso que la designación (de Mendoza) fue irregular, al igual que el sueldo que se le dio”, dijo.
Esta semana, el CEUB emitió la resolución 020 que suspende el salario de Mendoza y todos sus privilegios: el pago por viáticos y la entrega de dos vehículos.
El docente Chávez explicó que evidentemente él presentó su denuncia contra Mendoza, pero la investigación debe incluir a otras personas, por ejemplo a los que firmaron y “con ello avalaron el pago del salario al dirigente universitario”, es decir a Bohórquez y Rodríguez.
Aseguró que la investigación también debe indagar al administrativo financiero del CEUB por inacción. “Él no podía haber pagado si no estaba en planilla”, dijo. El reconocimiento a las Fules son irregulares, porque Mendoza solo debía estar -como parte del presídium 30 días- desde agosto de 2018, por lo tanto las Fules “están viciadas”.
Chávez explicó que hubo inacción y silencio de las 11 autoridades de las universidades, 11 direcciones jurídicas y unidades de transparencia. “Nadie dijo nada en su momento”, indicó.
En Chuquisaca también se denunció a Mendoza y al actual rector de la Universidad San Francisco Xavier, Sergio Padilla, por designación ilegal. El caso fue admitido por la Fiscalía.
En este caso, Alexander Cruz denunció la contratación ilegal del dirigente Ubaldino Ramírez.
6
DENUNCIAS
contra el presidente de la
Confederación de Universitarios
de Bolivia, Max Mendoza.
