Gobierno advierte con revertir tierras a privados y asegura que hay un superávit de 34.000 toneladas de maíz

Ante la tensión entre los productores de maíz y el Gobierno por el tema de la producción y oferta del grano, Remmy Gonzáles, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, advirtió que el sector agropecuario privado tiene 11 millones de hectáreas para garantizar la provisión de alimentos para la población del país y que de no hacerlo se revertirán las tierras privadas que no cumplan con la Función Económica Social (FES).

Se debe garantizar la seguridad alimentaria. Nuestra lealtad esta con el pueblo boliviano y no con los empresarios que solo piensan en sus bolsillos. Ellos son los desleales, por eso, tierra que no cumpla con la FES, pasará a manos del Estado”, precisó Gonzáles.



La autoridad remarcó que la merma de la superficie sembrada de maíz se debe a que los productores han optado por sembrar más soya, porque tiene un mejor precio internacional, lo que a su criterio pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

De manera general la autoridad indicó que hay una producción de más de un millón de toneladas de maíz y que la demanda interna supera las 900.000 toneladas, algo que según sus cálculos está muy en el límite, pero que, a pesar de aquello, en la actualidad hay un superávit de unas 34.000 toneladas de maíz.

La autoridad remarcó que, por los problemas de sequía en el sur del país, se han perdido unas 50.000 toneladas del grano y por ello para dar una respuesta el Gobierno sembrará en invierno unas 15.000 hectáreas a cargo de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y de otras 5.000 hectáreas bajo la responsabilidad de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), recientemente creada.

Según González estas 20.000 hectáreas van a producir unas 60.000 toneladas de maíz, un volumen que permitirá tener al Estado una mayor cintura para hacer frente a la demanda del mercado interno.

Durante la entrevista en el canal estatal, la autoridad negó que al sector agropecuario privado no se le brinde las condiciones para producir alimentos y pasó a indicar que los productores tienen 11 millones de hectáreas que el Estado les dotó a bajos precios, luego tienen la subvención del diésel, unos 60 millones de litros al mes y cuentan con una norma que dejó sin efecto el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación de maquinaria agropecuaria.

“Donde más se les puede ayudar. Lo único que les puedo decir es que no abuses. Que la seguridad alimentaria de los bolivianos la vamos a cumplir con o sin ellos”, puntualizó Gonzáles.