Para el abogado Paul Tolavi, por lógica, no todos los procesos de feminicidio deberían salir probados, y que lo más probable es que existan errores, falsas acusaciones y que haya que realizar una debida investigación para recién sancionar a un presunto feminicida.
Foto archivo: Tribunal Supremo de Justicia
La Paz, 7 de mayo.- Tres juristas cuestionaron las modificaciones que se pretende realizar a los códigos Penal, de Procedimiento penal y a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, en busca supuestamente una mayor celeridad en la administración de justicia, sin tomar en cuenta, según dijeron, las consecuencias negativas en las garantías constitucionales y el debido proceso.
Los abogados señalaron que, de aprobarse el proyecto de ley, las personas serán detenidas a sola acusación y sin ninguna investigación previa, y los jueces preferirán excusarse antes de tratar un caso o dictar una sentencia que no corresponde por temor a ser procesados judicialmente.
La preocupación de los juristas tiene que ver con el proyecto de Ley “Por la dignidad de las víctimas de feminicidio, violación niño niña adolescente e infanticidio”, presentado por los diputados del MAS Lidia Tupa Zelaya y Juan José Jáuregui Oruri, que busca “garantizar una justicia con mayor transparencia y sin dilaciones, que permita materializar los derechos de las víctimas en casos con mayor connotación social”.
“En resumidas cuentas, ahora sí empieza en realidad el problema, si en el pasado sancionaban por sancionar a las personas solamente con una sindicación, hoy en día con estas modificaciones, toda aquella mujer que diga que se ha vulnerado alguno de sus derechos, la persona denunciada sí o sí tiene que ir presa”, apuntó el abogado constitucionalista, Jorge Quiroz.
Los funcionarios públicos, agregó Quiroz, ya sean fiscales o jueces, que no atiendan estos casos “serán sancionados severamente y eso definitivamente será el acabose”.
El proyecto de Ley modifica dos delitos previstos en el Código Penal -prevaricato y consorcio-, el régimen de medidas cautelares en el Código de Procedimiento Penal -medidas cautelares personales, requisitos para la detención preventiva y cesación de las medidas cautelares personales- y artículos de la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión referidos a enfermedades graves y contagiosas, libertad condicional y detención domiciliaria.
Para el abogado Paul Tolavi, por lógica, no todos los procesos de feminicidio deberían salir probados, y que lo más probable es que existan errores, falsas acusaciones y que haya que realizar una debida investigación para recién sancionar a un presunto feminicida, pero “con estas modificaciones a la ley se acumulan amenazas institucionales y legales a los jueces y fiscales”.
“El Órgano Legislativo dicta leyes sin pensarlo mucho y el Órgano Judicial se ve presionado por todas las instituciones bolivianas para sancionar a la brevedad posible, omitiendo sus deberes básicos, de hacer una buena investigación, de preservar los derechos de los imputados y procesados, de obligar a los fiscales a que presenten pruebas verídicas, que no oculten las pruebas que favorecen a los imputados; todo eso compromete más la ya de por sí poco creíble justicia boliviana”, apuntó.
Para el abogado Marcial Huanca, esta situación generará que los jueces quieran excusarse de manera rápida de conocer estas causas que lleguen a sus juzgados por temor a ser procesados con hasta 15 años de cárcel, “si no fallan de forma inmediata” como exigen los políticos, los ministros, la opinión pública y la presión mediática.
El proyecto es “un planteamiento mal hecho que los abogados están observando, va a ser muy lamentable que se siga procesando a gente de manera tan flagrante y tenerlos presos sin ninguna investigación”, dijo.
Indicó que lo que busca el gobierno con estos proyectos de Ley son índices de aceptación para que la sociedad “califique de manera adecuada el trabajo del Ministro de Justicia y del Ministro de Gobierno”.
“Las actuaciones del Poder Ejecutivo van a ir a someter las decisiones del Órgano Judicial que va a terminar emitiendo fallos contaminados por la presión social para mostrar un bienestar social imaginario de que estamos avanzando, entonces esos elementos no podemos soportarlos (…), se está llegando al extremo de cometer arbitrariedades y ningún juez debería estar con una espada de Damocles sobre su cabeza para decidir”, apuntó.
El abogado Quiroz advirtió que la aprobación de este proyecto de ley traerá consecuencias jurídicas y políticas en la sociedad que finalmente será la más afectada por el aumento de detenidos a simple denuncia y el mayor hacinamiento en las cárceles.
“Va a aumentar el crecimiento poblacional de las personas que pierden su libertad por estos delitos y los políticos lo van a considerar como si se tratara de un aumento de la eficacia de la justicia, de más justicia, cuando en realidad no está ocurriendo”, enfatizó Quiroz.
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