La perversidad del bloqueo como cultura de protesta

 

El mundo post pandemia y sumergido en una guerra, que involucra a los principales países desarrollados, está tratando de salir adelante enfrentando problemas estructurales que definirán el futuro de gran parte de la humanidad. La inflación, la guerra, la pandemia y la recesión en algunos países son un obstáculo para mejorar la calidad de vida de la población.

Mientras los países serios se hallan debatiendo cómo enfrentar estos problemas, nosotros seguimos alimentando esa cultura perversa del bloqueo de caminos “hasta las últimas consecuencias”, que nos están dejando atrás como sociedad y, como país, nos están condenando a seguir en la cola de los vecinos del cono sur, algo así como una especie de paria al que hay que hacerle lance para evitar pasar por nuestro territorio.



En la época democrática (1982-2008) hablábamos de Bolivia como el principal proveedor de gas del cono sur, con dos clientes gigantes y asegurados, como son Brasil y Argentina, y un probable tercero como Paraguay. Hoy no tenemos nada de eso, producto de las políticas energéticas erróneas del gobierno de Morales y Arce.

Un proyecto nacional fundamental para nuestro desarrollo es el corredor bioceánico, que una el océano Atlántico con el Pacífico; sabemos que tendría naturalmente que pasar por Bolivia y convertirnos en lo que geográficamente somos, el corazón de Sudamérica, pero no es así debido a nuestra falta de seriedad, nuestra improvisación permanente. Además, nuestros eternos y constantes bloqueos de caminos nos han hecho lance y ahora ese corredor bioceánico se construye al margen de Bolivia esquivandonos, porque no somos vecinos confiables ni serios.

Soy un profesional de leyes, y entiendo lo que significa el derecho a la protesta, pero también entiendo que este derecho, no es absoluto. Incluso el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refiriéndose a este tema, dice que “el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, del orden público o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás”.

Esta claramente establecido que este derecho debe tener principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero es que hemos instalado en nuestra cultura irracionalidades como el hecho de que, en muchos casos, los delincuentes son tratados como héroes por el Estado e incluso son recompensados y premiados con una pensión vitalicia. Quienes quieren incendiar una planta de combustible, quienes asaltan ambulancias y sacan a los heridos en los enfrentamientos con las fuerzas del orden, quienes bloquean a los camiones con tanques de oxígeno para los hospitales, quienes dejan a los productores sin combustibles para producir alimentos, quienes retienen camiones con animales vivos y mueren de sed y de hambre por lo prolongado del conflicto. También el libre tránsito y a la locomoción son derechos fundamentales.

Parafraseando al autor intelectual de los bloqueos y titulado en los más famosos cortes de ruta desde el Chapare: “No puedo entender” cómo suceden estas cosas en mi país, cómo se puede premiar al que comete delito, cómo pueden tener impunidad, cómo las fuerzas de seguridad del Estado no actúan para garantizar el derecho del libre tránsito, cómo el Ministerio Público no está haciendo un levantamiento de los cabecillas que cometen estos delitos, cómo desde el Poder Ejecutivo no están negociando para que suspendan estas medidas, a fin de garantizar el abastecimiento en las ciudades.

Hemos perdido el norte, me duele decirlo, pero esta es una prueba más de la total ausencia de Estado, de la ruptura institucional que está viviendo el país. Así está la Policía, el Ejército, las universidades, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Y lo que no está descompuesto, está desaparecido; el problema de la sociedad es que no encuentra de qué gajo agarrarse, porque, donde apretés el ‘puchichi’ riega pus.

Esto, en teoría política, se llama “anomia de Estado”, que surge cuando las reglas sociales se han degradado o directamente se han eliminado y ya nos son respetadas por los integrantes de una comunidad, ni el Estado tiene la capacidad de hacerlas cumplir; también este concepto puede hacer referencia a la carencia de leyes. La anomia es para las ciencias sociales un defecto de fondo que se evidencia en ciertas conductas antisociales alejadas de lo que se considera normal o aceptable.

Este tipo de conductas toleradas por el Estado conducen desgraciadamente a un quiebre del entramado social de consecuencias imprevisibles.