La Escuela de Fiscales del Estado, como organismo académico del Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Solución Temprana y la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, además del apoyo de la Fundación Construir desarrollaron el “Taller de Formación de Formadores en Técnicas de Negociación en Materia Penal y la Ley N°1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, que estuvo dirigido a Fiscales Asistentes Conciliadores y Mediadores a nivel nacional.
Fuente: FGE
“Este taller tuvo como objeto que los Fiscales Asistentes participantes sean capaces de aplicar técnicas, herramientas y recursos del instituto de la negociación, para lograr la implementación y aplicación de una justicia restaurativa en el ejercicio de sus funciones y de la misma manera replicar sus experiencias en otros procesos de capacitación”, explicó el Director de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Solución Temprana, Cristhian Miranda.
La actividad académica se llevó adelante del 20 de abril al 7 de mayo de la presente gestión, a partir de una metodología de sesiones sincrónicas y asincrónicas, con el apoyo de la plataforma Moodle y Zoom de la Escuela de Fiscales del Estado. Así también, se desarrolló, de forma presencial, en instalaciones de la Fiscalía Departamental de Cochabamba los días 6 y 7 de mayo, donde de manera práctica, se fortalecieron las habilidades en el uso de Técnicas de Negociación. La docencia estuvo a cargo del profesional de vasta experticia en la temática abordada, Rubén Gonzalo Fernández Delgadillo, de nacionalidad boliviana.
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Por su parte, el Director de la Escuela de Fiscales del Estado, Eduardo Serrano, explicó que a partir de las modificaciones introducidas por la Ley N° 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción, se estableció la posibilidad de incorporación a programas de justicia restaurativa, de todo proceso penal que tenga como objeto de investigación hechos de corrupción, salvo ciertas restricciones determinadas por Ley. “En ese sentido, a partir de la Ley referida, se indicó la obligatoriedad del Ministerio Público, entre otras entidades vinculadas al sistema penal de justicia, de implementar los “Programas de Justicia Restaurativa” a través de instancias especializadas de negociación”, dijo.