La Escuela de Fiscales del Estado, como organismo académico del Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Solución Temprana y la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, además del apoyo de la Fundación Construir desarrollaron el “Taller de Formación de Formadores en Técnicas de Negociación en Materia Penal y la Ley N°1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, que estuvo dirigido a Fiscales Asistentes Conciliadores y Mediadores a nivel nacional.
Fuente: FGE
“Este taller tuvo como objeto que los Fiscales Asistentes participantes sean capaces de aplicar técnicas, herramientas y recursos del instituto de la negociación, para lograr la implementación y aplicación de una justicia restaurativa en el ejercicio de sus funciones y de la misma manera replicar sus experiencias en otros procesos de capacitación”, explicó el Director de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Solución Temprana, Cristhian Miranda.
La actividad académica se llevó adelante del 20 de abril al 7 de mayo de la presente gestión, a partir de una metodología de sesiones sincrónicas y asincrónicas, con el apoyo de la plataforma Moodle y Zoom de la Escuela de Fiscales del Estado. Así también, se desarrolló, de forma presencial, en instalaciones de la Fiscalía Departamental de Cochabamba los días 6 y 7 de mayo, donde de manera práctica, se fortalecieron las habilidades en el uso de Técnicas de Negociación. La docencia estuvo a cargo del profesional de vasta experticia en la temática abordada, Rubén Gonzalo Fernández Delgadillo, de nacionalidad boliviana.
Por su parte, el Director de la Escuela de Fiscales del Estado, Eduardo Serrano, explicó que a partir de las modificaciones introducidas por la Ley N° 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción, se estableció la posibilidad de incorporación a programas de justicia restaurativa, de todo proceso penal que tenga como objeto de investigación hechos de corrupción, salvo ciertas restricciones determinadas por Ley. “En ese sentido, a partir de la Ley referida, se indicó la obligatoriedad del Ministerio Público, entre otras entidades vinculadas al sistema penal de justicia, de implementar los “Programas de Justicia Restaurativa” a través de instancias especializadas de negociación”, dijo.