El ministro de Justicia, Iván Lima, no admite que en el informe del Relator el caso de Jeanine Áñez se hubiera resaltado como ejemplo de injerencia. Sin embargo, sí acepta que el tema del abuso de la detención preventiva se debe solucionar
Fuente: El Deber
La injerencia política en la justicia guarda estrecha relación con la corrupción y el abuso de la detención preventiva. Esta trilogía se encuentra descrita en el informe del Relator Especial de Naciones Unidas para la independencia de Jueces y Abogados, Diego García- Sayán, sobre la justicia boliviana.
El ministro de Justicia, Iván Lima no acepta la injerencia específica en el caso Áñez, pero admite que las cifras de detención preventiva son preocupantes.
A decir del abogado y exalcalde de la ciudad de La Paz Juan del Granado, el informe del relator muestra la falta de independencia de los jueces por injerencias políticas que parten desde la estructura gubernamental.
El relator habló con una jueza que denunció injerencia tras emitir un fallo contra un familiar de altas autoridades; también con otro juez denunciado luego de dictar el cierre de un caso de un empresario de un partido opositor, y otros dos magistrados que fueron aprehendidos por sus decisiones.
Para expertos y políticos el caso clave al hablar de injerencia es el de la expresidenta Jeanine Áñez, aunque Lima no lo aceptó ayer en una entrevista ayer con el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio. “El punto de injerencia del informe no habla de este caso como emblemático”, replicó, y puso la mira en el dato planteado por García-Sayán de que el 71% de los reos en el país están con detención preventiva.
El viernes, el diputado de Comunidad Ciudadana Alberto Astorga observó que precisamente el ministro Lima, se atribuyó las funciones de difundir la noticia de que el Tribunal Constitucional había rechazado la acción de inconstitucionalidad concreta que interpuso Añez contra los delitos que está siendo juzgada: resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. El asambleísta complementó que de esta forma se comprueba la injerencia del Ejecutivo, que aparece en este caso, incluso, como vocero del TCP.
El exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera consideró que la justicia está secuestrada por el poder político. “Al inicio de su gestión Lima clamaba por el respeto de la independencia. Cambió el discurso, ya esta semana anuncia la emisión de sentencias constitucionales, al reunirse con magistrados, mientras definen situaciones con alto contenido político, y el jueves, como parte de eso, anuncia que el TCP rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por Áñez”. Recalcó que no solo es el anuncio, “ejerce una sistemática presión sobre los jueces”.
Criticó que en casos de interés gubernamental se apersonan como acusadores varios ministerios. “¿Qué tienen que ver? La Fiscalía debe promover justicia, pero se acercan abogados, representantes de los despachos de Gobierno o justicia, senadores y diputados oficialistas, el consejo de la magistratura, con el único objetivo de ejercer presión y obtener un resultado a la medida de su deseo”, afirmó.
García-Sayán observó “con preocupación” la existencia de tipos penales ambiguos, tales como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes. Destacó la recomendación que explica que garantizar la independencia del sistema de justicia incluye que las autoridades se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse.
El TCP se pronunció en contra de Áñez, quien reclamó precisamente sobre uno de esos delitos (incumplimiento de deberes) y en la misma semana, Lima se pronunció sobre el tema, desobedeciendo la recomendación de García-Sayán.
El ministro respondió: “Lo que usted no va a encontrar en mis declaraciones es una opinión sobre culpabilidad o inocencia de Jeanine Áñez, sino una descripción de los hechos y una explicación de lo que va a pasar en un proceso porque soy Ministro de Justicia y tengo la obligación de explicar lo que ocurre”. Entonces, volvió a ratificar que lo que corresponde es que el tribunal dicte sentencia contra ella.
Detenciones
García Sayán se refirió al abuso de la detención preventiva en el caso de la expresidenta Áñez.
Advirtió que los dos procesos en contra de ella ponen de manifiesto «los problemas estructurales de la administración de justicia y que tiene en uno de sus pilares la generalización de la detención preventiva».
El relator especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana.
Estableció que para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud. García-Sayán recordó que, en el caso particular de una huelga de hambre, se tenía que respetar escrupulosamente.
Juan del Granado recalcó que «esto es algo nuevo, que no estaba dicho en los criterios preliminares que dejó García-Sayán al final de su visita. En la página 15 del informe hace expresa referencia a la situación de la expresidenta, describe el proceso, habla de los dos juicios y se refiere a la detención por más de un año de la exmandataria».
Rivera recordó que por este tema la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha llamado la atención de Bolivia en cuatro ocasiones. El Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), en su informe, también refleja el uso excesivo y abusivo de este recurso y recomienda al Estado que lo suprima, pero es lo que menos ha hecho. Sigue presionando a los jueces para enviar a prisión a líderes, políticos, cívicos o ciudadanos que se oponen al Gobierno».
La interpretación del ministro Lima es distinta. Recuerda que el informe dice que el 71% de los privados de libertad están con detención preventiva y que el relator lo califica en términos de preocupación porque es un porcentaje muy alto en la región, “pero también señala que hubo un esfuerzo muy importante del país en mejorar el aspecto referido a esta temática”.
El ministro explicó que la ley 1173 es una muestra. “El relator también precisa, y lo hablamos detenidamente, sobre lo que significó la abrogación del Código del Sistema Penal. Si hay una norma que habría permitido que esta situación que se está viviendo de crisis con respecto a la detención preventiva se mejore, era ese código del sistema penal que quedó abrogado por razones de naturaleza política. Se ha planteado en base el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) la necesidad de mejorar el sistema penal. No sólo con una norma, es un tema estructural”.
García-Sayán recalcó en su informe que la situación de las personas privadas de libertad está íntimamente ligada al desempeño de la justicia. Dos caras de esta situación son, en primer lugar, el elevado hacinamiento existente y, en segundo lugar, la alta proporción de personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria firme.
Lima admitió que la cantidad de privados de libertad “también nos preocupa a todos. La solución no es abrir más cárceles, hay que buscar alternativas a la detención preventiva. El BOL-110 y el trabajo Ministerio de Gobierno está enmarcado en buscar el uso intensivo de manillas electrónicas para determinados casos”.
Lo siguiente, según el criterio del ministro Lima, es concentrarse en que la detención preventiva sí cumpla un fin de protección a las víctimas. “No parece correcto ponerle manilla a una persona acusada de delitos de violencia, de delitos graves o de riesgo de fuga y obstaculización del proceso. Habrá un grupo de personas que tiene que permanecer en detención. Pero no parece razonable mantener en detención a personas que pueden utilizar medios alternativos a la detención y es lo que se trabaja».
Desde 1999, el Código de Procedimiento Penal hasta ahora, lo que hubo es un proceso progresivo de mejora respecto a la detención preventiva que no ha sido suficiente y que requiere una decisión drástica, una decisión de principio de inocencia y una visión de país, que no es solamente de Gobierno. Yo veo que la mayoría de los temas en la sociedad que implican presentar a los aprehendidos siendo culpables tiene que ser cambiado, y ese es otro debate.
Pero en la entrevista, Lima admitió que de 2005 a 2006 Bolivia tenía un promedio de 5 mil a 6 mil privados de libertad, 71% con detención preventiva. “Hoy estamos bordeando los 18 mil. Ese drástico incremento es lo que parece un drástico abuso de la detención preventiva. En general esto se soluciona con dos medidas, una normativa, que es la ley de enjuiciamiento penal, el nombre que le dimos al proyecto que estamos trabajando ahora y recupera muchos elementos del abrogado código del sistema penal”.
Y, por otro lado, dijo que se debe elevar la cantidad de jueces. “La sociedad pide detención preventiva porque no hay sentencias. El sistema penal tiene 300 mil juicios todos los años, y apenas 300 a 400 sentencias. Hay un nivel de impunidad estructural muy fuerte como para pensar que se hacen bien las cosas”, admitió también.
Entre otros temas, el informe señala que el presupuesto asignado en los últimos tres años a todo el sector justicia, incluido el Ministerio Público, no ha llegado ni al 0,50 % del total nacional. Estos recursos tan limitados no permiten sustentar una institucionalidad fuerte y, en especial, remuneraciones adecuadas que atraigan a las personas más calificadas y prevengan la corrupción.
El ministro Lima puntualizó que el incremento en estos 14 años ha sido drástico. “Hemos pasado de Bs 200 millones el 2005 a 2006, a tener un presupuesto que pasa los Bs 1.400 millones en 2021. Esto no es suficiente, pero la gran contradicción es que hubo solamente una ejecución del 80%”. Por lo tanto, advirtió que la contraloría realiza una investigación que tiene 800 páginas para ver este tema.
La politización y partidización de los jueces supremos a través de las elecciones judiciales es otro problema. El relator especial sentenció que dicho sistema está politizado y no siempre ha conducido a escoger a las personas más idóneas. Tomó nota con preocupación de la baja legitimidad de dichas votaciones dada la escasa participación del electorado.
Rivera insistió que se manejan criterios de afinidad política. El objetivo es poner en la lista a aquellos que sean afines al oficialismo y destruye la confianza”, dijo.
Para el ministro Lima, ya no se puede modificar la CPE, como sugiere García Sayán, porque el 2023 son las nuevas elecciones, pero adelantó que el sistema cambiará: la Asamblea consensuará nombres, y que el soberano aceptará o no. Prometió que esta vez los votos blancos y nulos sí tendrán validez y que la elección será más justa.
¿Autocrítica?
El ministro de Justicia fue consultado respecto a si en el MAS (que ha gobernado los últimos 3 lustros el país) hay alguna autocrítica. Él respondió que consideran que la elección por sufragio universal de altas autoridades judiciales “no fue la mejor decisión”. También dijo que hay autocrítica porque no se actuó con mayor rapidez en el caso de las víctimas de Sacaba y Senkata.
Fuente: El Deber