Procesan a dirigentes indígenas que denunciaron a empresa minera por desertificación y contaminación

“La empresa debería habernos preguntado para instalar esos tubos que ya están afectando a cuatro comunidades (…), están pasando por tierras cultivables”, denunció el dirigente.

Los trabajadores de la empresa minera con los tubos que pretenden conectar. Foto: Ayllu Acre Antequera.

Fuente: erbol.com.bo

UNITAS



Dirigentes del Ayllu Acre Antequera, del municipio de Antequera en el departamento de Oruro, están siendo procesados por la empresa minera Illapa, filial de la empresa transnacional Glencore, que, denuncian, está desertificando y contaminando la tierra y las aguas de este ayllu. Los habitantes del lugar instalaron una vigilia el 15 de mayo y a la fecha no reciben atención de las autoridades departamentales.

En entrevista con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, Hernán Roque, del consejo de Justicia del Aylllu Acre Antequera, denunció que el problema data de 2018, cuando descubrieron que la empresa Illapa extraía más agua de lo que su licencia ambiental le permitía, de 140 litros por segundo a 400 litros por segundo, según estimaciones de los propios comunarios.

A raíz del elevado consumo es que se han presentado al menos tres problemas, según informó Roque: el primero es la desertificación de las tierras, hay una falta de agua para la producción en la comunidad; el segundo tiene que ver con la contaminación que esta situación está provocando; y el tercer conflicto son las inundaciones en la mina que, frente al alto uso del líquido, obliga a la empresa a instalar tuberías que están atravesando por el territorio de la comunidad.

“Esto de la empresa hemos descubierto el 2018, y a partir de eso nos están judicializando (…). Han colocado tubos donde no deberían. La licencia ambiental nos da en ciertas cosas, pero para hacer otras tenemos que modificar esa licencia ambiental. (La empresa) debería habernos preguntado para instalar esos tubos que ya están afectando a cuatro comunidades (…), están pasando por tierras cultivables”, denunció el dirigente.

Con relación a los procesos que abrieron en contra de él y otros dirigentes, mencionó que cuando empezaron a denunciar estas irregularidades ante las autoridades locales y la Gobernación de Oruro, la empresa minera comenzó a procesarlos bajo la figura de avasallamiento. “Es contradictorio este proceso”, indicó Roque y precisó que debido a este proceso acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que conozca la situación de la comunidad.

Vigilia desde el 15 de mayo

Roque dio a conocer que debido a las instalaciones de tuberías que están afectando a las comunidades, los habitantes de la zona decidieron instalar dos puntos de vigilia para impedir la conexión de éstas, motivo por el cual también son hostigados por los trabajadores de la empresa minera.

“Estamos en vigilia permanente desde el 15 de mayo, en los puntos donde ellos (la empresa minera) quieren fusionarlos tubos. Somos como 30 personas en ambos puntos”, precisó y lamentó que la alcaldía, asambleístas departamentales y la Gobernación de Oruro no se hayan interesado en el tema, pese a que enviaron notas sobre la situación que su ayllu está atravesando.

Criminalización de defensores

Para el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, la labor de defensoras y defensores es fundamental para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho, su rol es indispensable para denunciar situaciones de vulneración a la tierra y el territorio como en el caso del Ayllu Acre Antequera.

La criminalización, según la Comisión Internacional de Juristas, puede definirse como la utilización “de marcos jurídicos, estrategias y acciones político-judiciales con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo e ilegal a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos” con el fin de agredir a las y los defensores y/o entorpecer la labor que desarrollan.

El uso indebido del derecho penal para criminalizar a las y los defensores de derechos humanos le resta credibilidad y legitimidad a su labor, produce temor en otras y otros defensores y fomenta la impunidad pues disminuye las posibilidades de que defensores y defensoras denuncien violaciones a los derechos humanos. Las distintas formas en las que se criminaliza a las y los defensores provoca duras secuelas, ya sea en el ámbito físico, emocional y psicológico, en su vida familiar, en el ámbito económico, además, afecta a las estructuras y liderazgos.

Por ello los Estados deben reconocer públicamente que el ejercicio pacífico de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y reivindicar el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos, además, deben garantizar el debido proceso y ante una denuncia penal abusiva y sin fundamentos, investigar con seriedad el o la responsable de promover dicha denuncia.