La elección judicial está prevista para 2023. El vocero presidencial adelantó que se trabaja en un proyecto de reforma del sistema judicial boliviano.
Fuente: Unitel
El vocero presidencial Jorge Richter se refirió a las observaciones hechas por el relator de la ONU, Diego García Sayán, sobre la situación del sistema judicial boliviano en el que se identifican falencias relacionadas a una falta de independencia, corrupción y procesos.
Adelantó que se trabaja en un proyecto de transformación de la justicia que será presentada de forma oportuna por el Ministerio de Justicia al país para, que como Estado, se pueda avanzar con la participación de los distintos sectores, no solo a nivel político, sino de la sociedad en su conjunto.
Al ser consultado si esta reforma se dará antes de la elección judicial prevista para 2023, Richter señaló que eso tiene una complejidad mayor porque está dentro de la Constitución Política del Estado y, en esa perspectiva, «tendría que haber un cambio en la CPE», por lo que considera que es importante avanzar en la reforma y la transformación de justicia y que no dependerá solo de voluntades, “sino de construcción de acuerdos y consensos”.
“Los políticos con representación en la Asamblea por donde debe transitar la reforma, pero también la sociedad organizada en su conjunto. Esa prioridad tiene que generarse de manera rápida y expedita”, apuntó.
Richter remarca que mientras esto no ocurra, la elección de los jueces seguirá ejecutándose porque la metodología adoptada es por voto popular “y tendríamos nosotros, si los tiempos no alcanzan, que respetar aquello”.
El tema de la corrupción judicial, indicó Richter, el relator la presenta en el bajo presupuesto que tiene el Órgano Judicial y en la fragilidad de la carrera judicial, además de una baja remuneración que tienen los jueces, “esta es la puerta y el ingreso a la corrupción, señala el relator”.
Y respecto a la injerencia política, Richter dice que en el informe se identifica que esta es “de larga data, lo que significa que esto se ha vuelto casi como un hábito cultural, de parte de sectores y del poder político sobre la justicia”.
“Entonces, ahí los mecanismos tienen que establecer una debida equidistancia, con protección, con normas claras que impidan que el brazo político pueda llegar a la justicia y también que la justicia extienda ese brazo hacia la política para ver de establecer relaciones de dependencia o de favoritismo uno con los otros”, indicó este martes en entrevista con UNITEL.
Remarcó que para subsanar estas falencias, “la reforma tiene que ser clara, porque como dijo el relator, esto viene de larga data y pareciese que culturalmente se ha asentado entre el sector político y judicial”.