El Ministerio Público buscará el lunes que se les dé la condena máxima a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y otros imputados dentro del denominado caso golpe de Estado II.
La expresidenta Jeanine Áñez en sesión de asamblea antes de asumir el cargo en 2019. | APG
Con argumentos calificados por abogados como no sustentables, el Ministerio Público buscará el lunes que se les dé la condena máxima a la expresidenta Jeanine Áñez y otros imputados dentro del denominado caso golpe de Estado II.
La defensa no pudo contener a la parte acusatoria pese a demostrar que todo el proceso se desarrolló por suposiciones y conjeturas que no corresponden a los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
“Esta imputación está llena de conjeturas, suposiciones, extremos muy abstractos y no existen indicios que nos haga ver o notar mínimamente que exista la convicción de los delitos imputados”, señaló el abogado Eusebio Vera, que fue partícipe en este proceso en representación de los militares acusados.
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Entre estas observaciones está el que Áñez no haya tenido su “credencial de presidenta” de manos del TSE, que la banda presidencial se la haya puesto un militar o el cómo ha llegado a la Presidencia. “Esas formalidades sobran, toda vez que el estado de necesidad constitucional impone la emergencia de llenar el vacío de poder para que alguien asuma las medidas de urgencia”, detalló el abogado Vera.
El abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso sostuvo que no debería llevarse adelante este proceso toda vez que le corresponde un juicio de responsabilidades, donde se tendría que ventilar todas las presuntas acciones ilícitas de Áñez como senadora y como ciudadana de a pie.
“De no ser por estos actores sociales, seguramente se habría prolongado el vacío de poder, la violencia se hubiese generalizado, y ahí surge la señora Áñez”, indicó.
Sustanciación del caso
La Fiscalía de La Paz sustancia el caso en el supuesto de que Áñez, en su calidad de senadora, llevó adelante toda una confabulación con ayuda de la Policía y la Fuerzas Armadas para llegar a la Presidencia, sustentando el caso en cómo llegó a La Paz, su traslado en helicóptero, en presunta vulneración de normas y otros. Aspecto que es respaldado por autoridades gubernamentales, entre ellos el viceministro de Justicia, César Siles, quien señaló que, en su calidad de senadora de la minoría parlamentaria, se autoproclamó inconstitucionalmente como “presidenta” del Senado y posteriormente “presidenta” del Estado Plurinacional de Bolivia, ante un hemiciclo sin quorum.
Bajo estos aspectos, el Ministerio Público presentó 70 pruebas, pero 65 fueron validadas por el Tribunal Primero de Sentencia. Éstas son declaraciones testificales de asambleístas, policías y militares.
Exclusiones
Otro fue el accionar del Tribunal, que en este proceso limitó el accionar de la defensa e incluso llegó a excluir 35 pruebas de la defensa de Áñez de las 41 presentadas.
Entre los documentos descartados se encuentran el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones de 2019 y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la sucesión, además de la Memoria de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEPB), en la cual se detallan las reuniones en las que participó el Movimiento Al Socialismo (MAS) y otros representantes, y otros documentos y videos que prueban el reconocimiento oficial de la exmandataria por parte de los Órganos estatales y la comunidad internacional.
Corresponde un caso de corte
El abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso señaló que la expresidenta Jeanine Áñez, pese a que su gobierno incurrió en actos de corrupción, merece ser sometida a un juicio de responsabilidades, porque ha ejercido la Presidencia. “De acuerdo a la teoría de la jurisdicción mayor que arrastra la jurisdicción menor, todos los actos de la señora Áñez como senadora, los que haya hecho como ciudadana de a pie se subsumen, se subordinan a los actos que ella ha realizado como Presidenta”.Agregó que “no esta bien que se divida la actuación de la señora Áñez como delitos ordinarios como senadora, porque se subordinan a su condición como presidenta en ejercicio”.
Fiscalía no pudo sostener sus tesis en caso golpe II
El abogado Eusebio Vera dijo que durante el proceso se pudo desbaratar algunas de las tesis que maneja el Ministerio Público en este “mal denominado caso golpe II”.
“La tesis de que se habría facilitado por todos los medios la asunción al poder de la señora Áñez son falacias. O de que había una coordinación desde un inicio entre la Policía, las Fuerzas Armadas y la señora Áñez, ‘se cayó’, nunca probaron”, declaró.
Agregó que se ha demostrado que no hubo ninguna coordinación en que los miembros de las FFAA, el despegue del avión de Trinidad-Santa Cruz y La Paz, supuestamente custodiada. “Nunca hubo esa custodia, tesis argumentativa que se cayó”.
Respecto a la tesis de incumplimiento de deberes, ésta también carece de fundamento, pues todo fue coordinado entre el MAS y la oposición.
“La tesis de incumplimiento, de que la señora Áñez se había arrogado la sucesión sin cumplir los formalismos de una convocatoria a una Asamblea y sin que se hubiese aceptado la renuncia de los exmandatarios, es una carga argumentativa que nunca probaron”, dijo Vera.
Agregó que no examinaron que el vacío de poder entre el 10 al 12 de noviembre fue provocado de manera intencionada. “Hubo un acuerdo entre parlamentarios del MAS con la oposición de arribar a varios acuerdos, entre ellos pacificar el país”, aseguró Vera.