Al menos un millón de metros cuadrados de tierras están avasallados en los valles de Cochabamba. En total, se estima que son 10 mil hectáreas (ha), que equivalen a 40 lagunas como Alalay que tiene una superficie de casi 250 ha, las que se urbanizan a costa de los predios agrícolas y la propiedad privada.
Fuente: lostiempos.com
El Comité Departamental de Defensa Contra los Avasallamientos y Tráfico de Tierras explicó que inicialmente defendía a ocho comunidades, pero ahora agrupa a más de 2 mil afectados.
Detalló que sólo en la comunidad de Villa Copacabana, en el municipio de Tolata, hay 466 hectáreas avasalladas; en la Hacienda Canelas o Angostura, 1.000; en el Sindicato Agrario Thajra, 360; en Takoloma, 400; en Arrumani, 1.096; en Albarrancho, 1.200; en el Kewiñal, 100; en Siluri Bajo, 123, y en Lagunillas de Colomi, 2.000.
Otras zonas tomadas son San Juan de Liquinas, en Cliza, con 98 hectáreas; Caico, en Cercado, con 71; Sivingani, al sur de la ciudad, con 140; el Playón de Marquina, en Quillacollo, con 54, y Sarcocucho, en Capinota, con 200.
Se suman los conflictos por tierras en Sacaba, en los sectores de La Viña Central, Tuscapujllo, Esmeralda Sur y el Parque Nacional Tunari, que pasan las 50 hectáreas.
Los registros del comité no incluyen de momento los asentamientos en el área protegida que se multiplican en los municipios de Tiquipaya, Cercado y Sacaba. Tampoco las extensiones que están pendientes de recursos en el Tribunal Agroambiental y otras instancias legales.
Los conflictos por tierras se extienden al sitio arqueológico de Incachaca, en Colomi, con unas 2.500 hectáreas en conflicto. Luego, está Falsuri, con 130; la “Ciudadela del Magisterio”, con 21; el playón de Charinco, con 120; Kenamari, con 153; las Colinas de Andalucía, con 36, y la serranía de Llawi Llawi, con 17.
En total, se tienen 10.335 hectáreas avasalladas con diferentes estrategias como la toma, asentamientos “pacíficos” y compromisos de venta.
Es un negocio lucrativo, porque los avasalladores invierten poco o nada.
Un ejemplo es la venta de lotes en Villa Copacabana, Tolata, donde se fraccionaron 330 hectáreas y cada lote se vende entre 4 y 5 mil dólares, según denuncias del comité.
“En una hectárea se tienen 20 lotes y en 300 son más de 6 mil lotes”, detalló el representante del Comité Contra el Avasallamiento de Tierras, William Zapata.
Los loteadores pueden obtener hasta 30 millones dólares si vende cada terreno en 5 mil. “Es un negocio redondo para los loteadores y traficantes de tierra”, aseveró.
EL COMITÉ DE DEFENSA BUSCA RECUPERAR LAS TIERRAS PERDIDAS QUE TENÍAN PAPELES
REDACCIÓN CENTRAL
El Comité de Defensa Contra los Avasallamientos y Tráfico de Tierras nació por la falta de atención del INRA, del Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras y los conflictos individuales, señaló su representante, William Zapata.
“De manera individual y como comunidades, hemos ido denunciando las irregularidades y el silencio administrativo. Además, hemos ganado amparos y acciones populares para que desalojen, pero cuando nosotros insistimos es cuando nos ganamos las venganzas”, explicó.
Además, casi todas las comunidades tienen medidas precautorias, pero no se ejecutan. Por ejemplo, en Pampa San Miguel, hay 50 hectáreas y se tenía que hacer el desalojo en dos semanas. “Eso fue en 2013 y no había ninguna construcción, pero ahora son 1.200 casas”, denunció.
“Ese atropello y abuso de poder nos ha hecho nacer”, dijo el representante. La organización inició sus movilizaciones en 2021 con un bloqueo en el Cruce a Tarata exigiendo que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) le quite competencia a Cochabamba y que la nacional los atienda.
“Nuestra finalidad es recuperar todas las tierras perdidas organizacionalmente porque nosotros en algún momento hemos tenido papeles, con la Ley INRA nos han obligado a presentar y solicitar el saneamiento pensando que el derecho a la propiedad se iba a garantizar”, lamentó.
Fuente: lostiempos.com