Bancada de Creemos pide informe al alcalde Fernández sobre intoxicación de niños

Ante la intoxicación de 34 niños de la unidad educativa Ismael Montes de la Pampa de la Isla, cuatro diputados de la Bancada de Creemos, mediante Petición de Informe Escrito (PIE) solicitaron al alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, informe sobre la supervisión, manipulación y la empresa que provisiona el desayuno escolar en la capital cruceña.

Informe policial revela que los estudiantes intoxicados recibieron el desayuno sin la supervisión de su maestro | EL DEBER

Fuente: Prensa Creemos



La tarde del pasado viernes, 34 estudiantes de entre 11 y 12 años de edad, del colegio Ismael Montes, fueron internados en centros de salud por intoxicación. Los padres de familia sospechan del desayuno escolar. No obstante, están a la espera de los informes de laboratorio.

Con ese antecedente, los diputados Khaline Moreno, Roxana Álvarez, Haidy Muñoz y Moira Ozinaga cuestionan ¿cuál la metodología de distribución del desayuno escolar en Santa Cruz, siendo que el alcalde Fernández anunció que el gobierno municipal habría invertido Bs. 65.082.369.99 en este servicio y que siete empresas se harían cargo de la distribución de diversos alimentos de valor nutricional para mejorar el rendimiento de los estudiantes?

Además, preguntaron ¿cuáles fueron los contratos suscritos referente al desayuno escolar entre las gestiones 2020-2022? Asimismo, ¿cuál es el proceso de supervisión y de fiscalización que se realiza para que el desayuno escolar llegue a cada uno de los beneficiarios de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos para su consumo?.

“Es una preocupación. Más de 30 niños fueron internados por presunta intoxicación del desayuno escolar.

Queremos conocer a detalle y con documentación sobre esta situación, y solicitamos el PIE en el marco de nuestras atribuciones, que es fiscalizar. Queremos saber ¿Qué clase de desayuno escolar dan a nuestros pequeños?”, manifestó la diputada Khaline Moreno.

El alcalde cruceño debe responder siete interrogantes, y las respuestas deben ser remitidas a los legisladores en un plazo de 10 días hábiles a partir de su recepción. En caso contrario, los peticionarios podrán pedir al Pleno que, bajo conminatoria, se entregue el mencionado informe en 48 horas, solicitud que se votará sin debate.