Caen 10 jueces corruptos, destituyen a 8 fiscales y se recaptura a 21 feminicidas y violadores tras los escándalos que pusieron en jaque a la justicia

Se tuvo que crear una comisión que ponga orden e investigue esta situación en Bolivia, donde se detectó que varios crímenes estaban impunes y que hoy, tras 120 días, presenta su primer resultado.

Álvaro Rosales Melgar

Colectivos, un papel esencial en el proceso (izq.) | Richard Choque (der.)
Colectivos, un papel esencial en el proceso (izq)/ Richard Choque (der)

Fuente: El Deber



Tuvieron que aparecer varias denuncias de familias que no tuvieron justicia y lloraron a sus madres, hermanas, tías o hijas. Tuvo que aparecer el caso de un feminicida serial en La Paz para dar cuenta que la justicia liberó a varios criminales que debían estar tras las rejas. Se tuvieron que intervenir todos los juzgados de Bolivia para que jueces corruptos y cómplices de la violencia sean descubiertos. Oposición y oficialismo tuvieron que darse la mano para tener un resultado que hoy da sus frutos, pero que todavía no frena la cifra de feminicidios en Bolivia.

La Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidios, que indagó en casos en los que sentenciados fueron liberados ilegalmente por operadores de la justicia, logró la recaptura de 21 violadores y feminicidas. Además, ordenó la recaptura de otros 50 delincuentes, según el primer reporte de las investigaciones que fueron revelados este viernes.

No obstante, el crédito de estas situaciones fue la insistencia de colectivos de defensa de los derechos humanos y las familias de las víctimas, que no solo se convirtieron en la piedra en el zapato del sistema judicial y se rebelaron contra las autoridades, sino también porque guardaban de manera documental cada caso y cada detalle de la corrupción que hizo sangrar al sistema judicial. Resalta la labor de Mujeres Creando y la Coordinadora de la Mujer, solo por mencionar dos.

Estos colectivos también intervinieron y aunque no fueron tomados en cuenta como se demandó, jugaron un papel clave en el avance de estas investigaciones que todavía deben tienen tarea de garantizar y dar certezas a las familias.

Tras 120 días de labores, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó este viernes que se revisaron un total de 327 casos, de los cuales se observó 141, por lo que se procesó al 83% de los administradores de la justicia que se movían impunes y por debajo de la ley que debían acatar.

“La intervención del 100 por ciento de los juzgados (…) posibilitó la revisión de 327 casos en tres etapas, a partir de ahí se identificaron irregularidades en procesos llevados adelante por jueces de ejecución penal que liberaron a feminicidas y violadores con sentencia. 10 de los 18 jueces fueron procesados ya sea por la vía penal o administrativa”, informó la autoridad.

“Se constituye en un hecho histórico, en un logro histórico que demandaba la población boliviana respecto a administradores de la justicia. Recalcamos, no todos los jueces son malos, hay buenos y la señal que se da desde esta Comisión es que aquellos malos jueces no van a gozar de ningún tipo de impunidad en el ejercicio de sus funciones”, reiteró.

Sin embargo, pese a que hay «jueces buenos», lo que quedó en evidencia es un viejo reclamo que pone sobre la lupa al sistema judicial, que exige una reforma que todavía no toma forma y eso ha sido puesto en evidencia por organismos internacionales y es un tema por el que Bolivia ha sido noticia internacional.

Y eso no es todo, puesto que no solo feminicidas y jueces han sido parte de las redes de corrupción. A ellos se suman ocho fiscales que fueron destituidos por actos irregulares en torno a estos casos y que no cumplían con lo esteblecido enlos reglamentos del Ministerio Público.

“No se va a permitir ningún tipo de impunidad”, enfatizó la ministra, pero más allá de eso, la problemática de violencia contra las mujeres en Bolivia exhibe que hasta el 28 de mayo de este año, se registraron 40 feminicidos en Bolivia, donde el 60% (24 víctimas) eran mamás.

Sentencia Constitucional de Avocación

La autoridad recalcó que el trabajo de la comisión, además de priorizar la revisión de casos “pasados” y la recaptura de los delincuentes, también posibilitó sentar precedente histórico a futuro para evitar que jueces liberen a feminicidas y violadores con pretextos de enfermedades terminales.

“Ningún juez va a poder volver a liberar con este tipo de acciones que se ha dado y que la población condenó, aquí se sienta un precedente para que esto no vuelva nunca más a suceder”, recalcó.

Explicó que esta Sentencia da tareas para trabajar en la prevención y educación en el nivel primario, secundario y en el sistema de educación superior.

Consolidarán única base de datos

La ministra de la Presidencia aseveró que gracias a la firma de convenios se trabaja en la interoperabilidad de los sistemas del Órgano Judicial, Ministerio Público y Régimen Penitenciario “para que exista una base sólida y consolidada de datos, donde no exista posibilidad de manipulación de la información” para acciones futuras.

Adelantó que la Asamblea Legislativa Plurinacional está avanzando con la modificación de normas indispensables orientadas hacia una “revolución en la justicia”; sin embargo, ya van varios meses en los que se habla de reforma, pero no se palpan grandes cambios.

Estas tienen que ver con el endurecimiento de las sanciones a los administradores de justicia y la transformación del Régimen Disciplinario, donde se encontró “fallas”.

El reporte estatal extendido:

“Al haber cumplido estos 120 días de trabajo permanente en función a los resultados que nos pidió nuestro presidente y el compromiso que asumimos, hemos elaborado un informe final del trabajo de la Comisión (…) que va a ser de conocimiento del pueblo boliviano”, resaltó.

El informe será plasmado en un documento que será socializado con el detalle de cada acción conjunta que asumieron los integrantes de los tres órganos del Estado.

Caso feminicida y violador serial

El caso de Richard Choque, un feminicida y violador serial, quien fue beneficiado con detención domiciliaria pese a contar con una sentencia ejecutoriada sin derecho a indulto y que volvió a cometer crímenes y asesinatos, conmocionó a la población y puso en jaque a las autoridades, por lo que el presidente Luis Arce tuvo que pedir que se confirme una comisión que investigue este tipo de hechos.

La comisión fue presidida por siete mujeres: la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; la presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial, Karen Gallardo; la senadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Virginia Velasco; la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani; la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón; la directora general del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud), Wendy Pérez y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Asimismo, también está conformada por autoridades del Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría y la Policía Boliviana, entre otros, quienes fueron blanco de críticas por tener una mayoritaria representación masculina.

Resaltan colectivos de derechos humanos, feministas, activistas, juristas y personas que son parte de la sociedad civil, que han sido los responsables de visibilizar estos trabajos que los aludidos del sector público no pudieron.

Hoy los casos fueron expuestos y hay justicia para las familias, aunque estas todavía no superan el dolor de haber perdido a sus hijas, madres, hermas o tías.