El relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, presentó la madrugada de este martes ante el plenario de Naciones Unidas en Ginebra su informe sobre el estado de la Justicia en Bolivia, en el que abordó el caso de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y en el que apuntó que “todas las personas tienen derecho a un juicio justo”.

“Durante mi visita (a Bolivia) pude constatar que estos juicios (contra Áñez) han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero. Dicho caso pone de manifiesto de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva, todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley”, dijo García-Sayán en su informe presentado a las 04.00 hora boliviana.

Recordó que Áñez se encuentra detenida desde marzo de 2021 y enfrenta dos procesos penales, además que, que durante su visita a Bolivia, en febrero, la exmandataria transitoria cumplía una huelga de hambre. Enfatizó que el Estado cumple una posición especial de «garante» de las personas privadas de libertad y, por ello, es responsable de garantizar su integridad y salud.

Asimismo, García-Sayán puntualizó que durante su visita a Bolivia, el Ministerio de Justicia y la misión técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron un protocolo para la observación de procesos judiciales. «Este Relator observa que este acuerdo se viene ya ejecutando y que el proceso en marcha seguido contra la expresidenta Áñez ha sido ya materia de una observación y una declaración pública por parte de la misión técnica».

En su informe, el Relator Especial indicó que la carrera judicial “es débil” dada la alta presencia de jueces transitorios y citó que de 1.134 jueces en la jurisdicción ordinaria el 47% es transitorio.

Sobre el acceso a la justicia, dijo que existe un rezago en este tema y que la retardación de justicia se debe —según diversas fuentes— a códigos procesales demasiados formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción.

Lamentó el alto número de feminicidios en Bolivia y las bajas sentencias a los responsables de estos hechos.

Asimismo, recordó que durante su visita a Bolivia se reunió con familiares y víctimas de las masacres de Senkata (El Alto), Sacaba (Cochabamba) y zona Sur de La Paz. «Lamento que hayan pasado más de dos años esperando justicia”. dijo.

García-Sayán expuso que siete de cada 10 personas están con detención preventiva en cárceles del país sin condena y «en condición muy precaria de detención». Calificó como «grave» la tasa de hacinamiento en los penales que llega a 349%.

«El actual sistema de designación por votación universal de las altas autoridades judiciales e integrantes del Consejo de la Magistratura no ha dado los resultados esperados y recibe extendida crítica en el país. De un lado, el proceso de selección de precandidatos es conducido y realizado por un órgano político, la Asamblea Legislativa Plurinacional, además del Consejo de la Magistratura, (mientras que) solamente los colegios de abogados participan en la selección y elaboración de exámenes. La sociedad civil no tiene ninguna participación en ese proceso», indicó.

Advirtió que en este proceso es muy baja la participación electoral y que la mayor parte de los votos emitidos fue en blanco o nulo.

Recomendaciones

En sus recomendaciones, García-Sayán advirtió que observa la posibilidad de avanzar en un “gran acuerdo nacional sobre la justicia”, con la participación activa de instituciones públicas «relevantes» a parte del Ejecutivo, Legislativo y Judicial como universidades, agrupaciones políticas, colegio de profesionales y representaciones sociales.

“El informe, a cuyo texto me remito, contiene una serie de observaciones dentro de las cuales destaco aquí de manera breve las nueve siguientes: primero, extremar esfuerzos para construir confianza entre todos los actores políticos institucionales de la justica; segundo, un debate nacional sobre las reglas para la elección de designación de integrantes de las altas cortes y Consejo de la Magistratura para que prevalezcan criterios no políticos vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional de las personas seleccionadas”, puntualizó.

En otra observación, planteó la reforma de la Ley de Deslinde Jurisdiccional para ampliar competencias. García-Sayán recomendó también «restablecer justicia de paz» para mejorar el sistema de justicia y descongestionar tribunales, y dotar de recursos adecuados al sistema judicial para un «plan de reforma en la gestión que ahora es ineficiente».

Una sexta recomendación apuntó a establecer una «efectiva carrera judicial» regularizando a los jueces transitorios antes de fin de año. También pidió atacar la corrupción en el sistema judicial con políticas de transparencia y rendición de cuentas adecuadas.

En el punto ocho, García-Sayán llamó a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas.

“Con respecto a la crisis política de 2019 y 2020, el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio sin hacer caer la iniciativa o carga probatoria en las victimas, sus familiares o sus representantes a los graves hechos ocurridos en 2019”, sostuvo el relator como novena observación.