La Convención Americana sobre Derechos Humanos no prohíbe la imposición de la pena de muerte pero establece restricciones y prohibiciones específicas para su aplicación.
Fuente: ANF
El Tribunal de Honor de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto nuevamente presentó esta mañana su proyecto de ley, tras ser rechazado en primera instancia, para establecer la pena de muerte como máxima sanción para violadores, feminicidas, infanticidas y asesinos.
“Nosotros hemos planteado en febrero, hemos dejado aquí en ventanilla, lo cual se nos ha devuelto con algunas observaciones. Hoy estamos reponiendo esta pena de muerte para que revisen en Cámara de Diputados para que se (castigue con esta pena) los asaltos, violaciones, asesinatos, infanticidios, feminicidios que existen. En ese entendido, nosotros pedimos que exista la dureza de ley para todos los malos, especialmente (también) debería ser para jueces y fiscales, porque la justicia está totalmente corrompida”, explicó Edgar Condori, presidente del Tribunal de Honor de la Fejuve de El Alto.
La tarde de este martes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, compareció una interpelación ante la Asamblea Legislativa para explicar sus labores frente a la escalada de violencia e inseguridad ciudadana que se vivió en el primer trimestre en la ciudad de El Alto, catalogada como una de las más peligrosas del país. Los esfuerzos de la Policía disminuyó los índices de inseguridad, pero no evitó que se registren algunos casos de vecinos que ajusticiaron a delincuentes por mano propia, aunque no se llegó a la muerte de los mismos por intervención de la Policía.
En Bolivia no existe la figura de pena de muerte como sanción para ningún tipo de delito, como recomienda el sistema de interamericano de derechos humanos. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no prohíbe la imposición de la pena de muerte pero establece restricciones y prohibiciones específicas para su aplicación.