LOS HECHOS OCURRIERON EN SUCRE DURANTE UNA PROTESTA CONTRA LANCHIPA. Los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) son acusados de pintarrajear paredes con aerosol y dañar los vitrales de valor patrimonial de la fachada de la Fiscalía General del Estado de Bolivia
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Uno de los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala, con otros miembros.
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Miembros de la RJC, en una de sus manifestaciones.
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Integrantes de la resistencia protestaron contra Lanchipa.
La Fiscalía quiere 20 años de cárcel para cuatro integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por los daños causados a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Sucre, en octubre de 2020. Pero los daños ocasionados apenas superan los 4.000 bolivianos, según peritajes.
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“Se realizaron trabajos de reparación a los daños causados en fecha 6 de octubre de 2020 con un costo de 4.083,73 bolivianos”, se lee en la página 17 del Dictamen Pericial Técnico Forense elaborado por el Instituto de Investigaciones Forenses dependiente de la Fiscalía General del Estado, tipificado como el caso N° IDIF 418/2021 CH, firmado por el perito Yerko S.P.
Estos daños a la infraestructura de la FGE, en Sucre, consisten en el pintarrajeado con aerosol de la fachada, rotura de vidrios y zócalos de piedra dañados.
El informe pericial detalla: “Durante las protestas realizadas en fecha 6 de octubre de 2020 un grupo de personas procedieron a deteriorar la fachada del Ministerio Público lo que ocasionó daños en la puerta principal, zócalos y calzadas producto del pintarrajeo con pintura en aerosol, además de quebrar los vidrios de las ventanas dañando cortinas en el interior de las oficinas”, dice el texto.
Por esos destrozos están siendo procesados los líderes o “cabecillas” de la RJC identificados como Yassir Molina, quien guarda detención preventiva en el penal de Cantumarca; los hermanos Fabio Alejandro y Mario Antonio Bascopé Revuelta, recluidos en la cárcel de San Roque, en la ciudad de Sucre; y Milena Soto López, con detención domiciliaria en Cochabamba. Los acusados habrían dado instrucciones para que “su gente” actúe con violencia contra los bienes de la FGE.
Son procesados por los delitos de “organización criminal con relación al delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, fabricación ilícita, tenencia y portación ilícita, atentado contra bienes públicos, (por) impedir y estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado”, se detalla.
La investigación también se amplió, en grado de complicidad, contra Mario S. S. y Ayda R. T., miembros de la resistencia, por la comisión de los delitos de organización criminal.
El Gobierno, a través de la Fiscalía General, solicitará 20 años de privación de libertad para los cuatro líderes en el juicio oral.
El fiscal de Chuquisaca, Javier Gorena, en declaraciones a los medios de comunicación el pasado 31 de mayo calificó como “irreversible” el deterioro al inmueble ocasionado por el pintarrajeado con aerosol, el uso de artefactos explosivos y la destrucción de vitrales. No “existe” forma de repararlos, sostuvo.
“Estimamos unos 20 años (de reclusión) en función a los diferentes delitos. Según las certificaciones emitidas a nivel municipal y nacional, el edificio de la FGE constituye un patrimonio histórico de la ciudad. Al tener esta calidad y al haberse perpetrado daño irreversible a la infraestructura, la fachada, prácticamente se generó un deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional”, indicó.
“Se ha pintarrajeado la infraestructura con aerosol que ha merecido que a través de procedimientos físicos y químicos se tenga que sacar la pintura deteriorando la naturaleza que tenían las diferentes partes de la fachada. Asimismo, las detonaciones de artefactos explosivos que manejaba esta organización irregular han deteriorado vitrales antiguos… Son materiales que datan de mucho tiempo, no hay forma que se pueda llegar al estado anterior”, dijo Gorena.
El fiscal de Chuquisaca afirmó que cuentan con “128 elementos de prueba documental y 28 pruebas testificales” con las que pretende demostrar que los acusados son los autores de delitos.
Hasta este 6 de junio la defensa de los miembros de la RJC debe presentar las pruebas de descargo en el juicio oral.
Los hechos
Los días 5 y 6 de octubre de 2020 un grupo de la RJC y de otras instituciones se trasladaron a la ciudad de Sucre para exigir la renuncia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
El 6, los movilizados instalaron una vigilia en puertas del Ministerio Público. En medio de la manifestación, las paredes de la infraestructura fueron pintarrajeadas y varios vidrios, rotos. Esos sucesos fueron atribuidos a los miembros de la plataforma cochabambina, aunque sus líderes aseguran que los autores fueron personas infiltradas en la organización.
La Fiscalía considera que en esa movilización se utilizaron “artefactos explosivos de fabricación artesanal” y que también “se impidió el ejercicio de funciones” de personal que trabaja en el Ministerio Público.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes identificó a la Resistencia Juvenil Cochala y a la Unión Juvenil Cruceñista —brazo operativo del Comité pro Santa Cruz— como grupos violentos que deberían ser desarticulados.
El primero en ser detenido fue Yassir Molina, en marzo de 2021, pero en una audiencia cautelar la jueza Ximena Mendizábal le otorgó libertad irrestricta, aunque la decisión fue revocada. Paradójicamente, una semana después esta jueza fue suspendida de sus funciones por seis meses sin goce de haberes por un proceso reactivado de 2015. Luego fueron imputados los hermanos Bascopé y Soto.
La defensa
Daniela Hidalgo, madre “de cariño” de Molina, lo visita con regularidad en el penal de Cantumarca. Asegura que su hijo “no está arrepentido de nada”, pese a que se enfrenta a 20 años de cárcel por sus supuestas actuaciones en octubre de 2020.
“Está tranquilo porque sabe que no ha pintado ninguna pared, no ha secuestrado ni ha torturado. Estamos convencidos de que la justicia actuará a nuestro favor. La solicitud de 20 años de prisión es política, es ridícula que pidan tanto. Tenemos las pruebas”, manifestó Hidalgo.
Apuntó que la RJC no fue la única institución que participó en las protestas contra el fiscal general Lanchipa y que Molina no estuvo en Sucre desde el inicio de las movilizaciones.
“Era una protesta pacífica. Como se ve en los videos, él no estaba con petardos ni bazucas. Él sólo estaba protestando porque vivimos en un país libre. La protesta es un derecho. No provocó ningún daño a un bien del Estado”, indicó la “madre”.
Cristian Ramírez, abogado de Molina, dijo que la Fiscalía lo acusa de delitos que no cometió; además, un proceso de características similares fue desestimado en Cochabamba por falta de elementos de convicción.
“En Sucre por pintar una pared, usar petardos y pedir la renuncia de Lanchipa los quieren sentenciar. Es la primera vez que se ve esto”, indicó el jurista.
La defensa de Soto, otra de las líderes de la RJC, dijo que los días de protesta en Sucre, ella trabajaba como funcionaria en Migración de Cochabamba.
Los acusados y sus defensores están a la espera de que se fije la fecha del juicio oral en la que los acusados tendrán la oportunidad de demostrar su inocencia, como sostienen hasta ahora.
Varios procesos
Procesos Aparte del proceso que sigue su curso en Sucre, los líderes de la RJC afrontan otro en Cochabamba. Todavía está en la etapa preliminar, a la espera de una acusación formal de la Fiscalía.
Política Algunos miembros de la resistencia fueron vinculados a la política. Durante el gobierno de Jeanine Añez,
Creemos postuló a Milena Soto como candidata a diputada.
Armas En los días de conflicto de 2019, la RJC usó armas caseras como morteros, bazucas, rifles para petardos, bombas molotov, escudos elaborados de turriles, canilleras de planchas, petardos y otras.
Se articulan “motoqueros”, miembros de la Resistencia
Luego de la solicitud de 20 años de privación de libertad por parte de la Fiscalía General del Estado para los líderes de la RJC, este grupo se articula con colectas, envían cartas a diferentes instituciones y realizan concentraciones en defensa de los procesados.
“Toda la resistencia cochala, instituciones y activistas se están rearticulando justamente por este exabrupto que está cometiendo el Gobierno al pedir 20 años de cárcel. El Gobierno no debería intervenir y dejar que la justicia siga su curso. Está dando una línea a seguir al Ministerio Público”, afirmó Milena Soto, una de las líderes de RJC y también procesada por los daños a la infraestructura de la FGE.
El pasado miércoles la RJC hizo llegar una carta al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidiéndole que se pronuncie respecto al caso de los procesados. Igualmente, ese mismo día el Comité Nacional de Defensa de la Democracia convocó a una concentración en la que los abogados expusieron la situación legal de los jóvenes detenidos.
Los familiares de los acusados anunciaron que acudirán a organismos internacionales a fin de exponer la intromisión política en el caso y revelar las irregularidades durante el proceso.
El testimonio de los líderes de la RJC da cuenta de que este grupo surgió con siete jóvenes amigos, todos con motocicletas. Luego, en los días de conflicto en octubre de 2019 creció a 150 personas y llegaron a superar los 5.000. Estimaban que a escala nacional eran más de 20.000.
La plazuela de Cala Cala, a pocos metros del Tribunal Departamental Electoral, se convirtió en punto de bloqueo y “centro de operaciones” de la resistencia.
En los 21 días de pugnas entre bolivianos, la RJC cobró relevancia por su participación en las movilizaciones y bloqueos. Sus acciones fueron calificadas por algunos como excesivas porque usaban armas caseras y aparentaban poseer instrucción militar, mientras otros apoyaban y defendían su causa.