Investigan al menos 10 clanes familiares en universidades públicas

Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional investigan al menos 10 clanes familiares que trabajan en tres universidades públicas. Autoridades de esas casas de estudios superiores se reunieron recientemente para debatir sobre este tema.

“Nos han llegado denuncias de que existen clanes familiares dentro de las universidades públicas”, dijo el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce, que aseguró que estos grupos forman parte de planteles docentes y administrativos.

Arce explicó que tiene información de tres universidades públicas del país -San Simón de Cochabamba, Juan Misael Saracho de Tarija y la Amazónica de Pando- en las que existen “al menos 10 familias” que trabajan dentro de esas casas de estudios superiores. “Están papá, mamá, hijos y cuñados. Todo un clan familiar”, aseguró.

Indicó que como legislador tiene facultades y prerrogativas para “fiscalizar los recursos del Estado”. “Es lo que estamos tratando de hacer”, indicó y aclaró que eso no significa estar en contra de la autonomía universitaria, “ya que esa labor está en el artículo 92 de la Constitución Política del Estado (CPE)”.

El legislador del MAS Santos Mamani indicó que también tiene información sobre la existencia de “familias de hasta ocho miembros que trabajan en una universidad”.

Arce aseguró que en el caso de la Universidad Mayor de San Simón, hay cuatro familias grandes y en diferentes facultades. “Una de ellas es la familia Baldivieso Zabalaga, de la carrera de Derecho, ya que el papá es docente, al igual que la esposa, la cuñada, los yernos. Son ocho familiares que trabajan en esa casa de estudios superiores”, dijo.

El diputado indicó que en la Facultad de Economía está el clan familiar “Pérez” y en la Facultad de Humanidades está la “familia Cornejo”.

Se denunció a la familia del rector, Julio César Medina, ya que su hija y su sobrino también estarían trabajando en esa casa de estudios superiores con salarios por encima de los 10.000 bolivianos.

La representante de la Federación Universitaria Local (FUL), Pamela Quispe, denunció que la decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Zulema Bustamante, “tiene trabajando dentro de la universidad a su hija, a su tía y a su sobrino”.

El rector Medina indicó hace unos días que en el caso de su hija, “ella ha concursado en una convocatoria para un doctorado local y ha ganado”. “Yo no puedo ser de aquellas personas que (cuando) sus hijos son excelentes no puedan participar en estas convocatorias. Pediría que investiguen a fondo”, dijo y no mencionó nada de su sobrino.

Se pronunció también respecto a las denuncias. “Sobre la existencia de clanes familiares, tomaremos cartas sobre el asunto”, dijo el rector y anunció una auditoría.

El diputado Arce explicó que en la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija también fueron denunciadas e identificadas dos familias -Franco y Zúñiga- que trabajan en esa casa de estudios superiores.

Se conoce que existen más denuncias sobre otras familias en esa institución.

Este medio intentó conversar con el rector de la universidad tarijeña, Henry Valdez, pero su secretaria aseguró que estaba en una reunión.

Arce aseguró que en la Universidad Amazónica de Pando también existen esas irregularidades. “En esas universidades las familias Miranda y Calle son también parte de la investigación”, dijo.

Al respecto, el rector de universidad pandina, Franz Navia, afirmó que respecto a los docentes “es permitido que familias trabajen en la universidad”, por lo que indicó que sí hay al menos tres de ellas trabajando.

“Pasa que en Pando nadie quiere ser docente porque dictan materias por horarios y el salario es muy bajo. Un docente con 32 horas gana 1.800 bolivianos, un becario gana 1.000, pese a que hace dos días (lunes) hemos aumentado el 3%, pero es nada”, afirmó Navia. Aclaró que se identificó que al menos siete familias enteras trabajaban en el plantel administrativo y que cada uno de los miembros de esos hogares, tenían un salario de 24.000 bolivianos. “En diciembre del año pasado, hemos hecho cambios en el congreso, así que sólo una persona de esas familias se quedó y el salario bajó a 12.000 bolivianos”, explicó.

Para el diputado Arce estos clanes familiares se instituyen entre las autoridades y dirigentes estudiantiles. “Es una vergüenza que tanto docentes como estudiantes busquen llegar a esos cargos para beneficiar a su entorno. No les interese el aprendizaje y la academia, lo único que les importa es sacar la mayor cantidad de beneficios”.

El secretario nacional académico del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Israel Centellas, dijo que quizá la existencia de familias contratadas se deba a que en algunas universidades públicas no cuentan con declaración jurada como requisito para contratar al personal, pero “eso no es de gestiones actuales, sino de pasadas”.

Pedidos de informes

Según el asambleísta Arce, desde el 18 de mayo se enviaron las peticiones de informes escritos (PIE) a las 11 universidades públicas para conocer cómo es el proceso de selección de los docentes, si éstos fueron becados por la universidad y si simultáneamente percibían salario.

Según los PIE -documentos a los que accedió Página Siete- se pidió la lista de todo el plantel docente y administrativo, su salario mensual, además de cuánto se percibe por refrigerio y bonos. Se solicitó información sobre los beneficiados con viáticos y gastos de representación. Se preguntó -también- sobre cuántos docentes titulares e invitados tienen, sus escalas salariales y cómo fueron contratados en los últimos 10 años.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia, dijo que todos los rectores, el CEUB y los delegados estudiantiles decidieron “buscar una reunión con los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores para tener la idea clara de esa petición, ya que es una gran cantidad de informes que se tienen de 10 años”. “Lo que nos preocupa un poco es la intención y la interpretación de la intencionalidad de las preguntas, esperemos que no sea una intencionalidad política como para hacer daños particulares y personales”, sostuvo. Agregó que eso no significa que no cumplirán con la CPE, lo harán, pero necesitan conocer una información más clara.

Heredia añadió que en el caso de las contrataciones sí se cumplió con el proceso de selección institucional y no se vulnera la CPE, pero si hubo alguna influencia, “eso sí es sancionable”. Indicó que en el caso de la UMSA, él solicitó una auditoría en la contratación del personal administrativo. “Aún no hay un resultado”, dijo.

En el caso de los docentes, la contratación es por convocatoria. “Estamos enmarcados en la Ley General del Trabajo”, dijo. “Es complicado responder el PIE en 10 días”, aseguró.

El rector de la Universidad Técnica de Oruro, Augusto Medinaceli, dijo que esa institución no recibió el PIE. “Si nos llega la solicitud, haremos una auditoría”, aseguró. Aclaró que este informe se analizará en el congreso y si no vulnera la “autonomía” no dudará en presentar sus respuestas”. Dijo que no cuenta con familias de docentes contratados. “Puede ser que en la parte administrativa existan familias”.

Respecto a estos casos, el rector de la Universidad Pública de El Alto, Carlos Condori, dijo que en esa institución “se hará una auditoría del personal”.