El expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Wilfredo Ovando explicó los pasos procesales que seguirá el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a partir de las 14.00 de este lunes con la reinstalación del juicio contra la expresidenta transitoria Jeanie Áñez.

“La sentencia podría legamente ser absolutoria y por otro lado condenatoria y haber encontrado el grado de participación de responsabilidad en los hechos delictivos de 2019. Se han ido generando, desarrollando, acumulando las pruebas (…) La sanción consiste en la detención preventiva por un máximo de13 años por (los delitos de) incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes”, explicó la exautoridad electoral en entrevista con La Razón Radio.

A su criterio y en calidad de abogado, consideró que el tribunal de sentencia no tendrá otra alternativa que dictar sentencia condenatoria porque hay elementos de convicción que aseguran la partición de Jeanine Áñez en los hechos de 2019.

Además, en 2019 quienes asumieron el poder no cumplieron los procedimientos que establecen los reglamentos de la Asamblea Legislativa como “cuando una organización política está en función de poder y ante la renuncia (del presidente en ese entonces) no puede sucederle otro miembro de otra organización política, la sucesión estaba en el MAS solo un miembro del MAS podía asumir”.

Recordó también que hubo presión por parte de algunos políticos de oposición que utilizar la fuerza e incluso hasta amenazas de muerte para que renuncien al cargo.

Áñez calificó hace un par de días que el juicio en su contra es un «montaje político/fiscal/judicial ilegal y sin debido proceso», además que tiene una «condena anticipada» desde el momento en que fue detenida preventivamente en un penal de La Paz en marzo del año pasado.

Ovando afirmó que Áñez podría tener una condena de entre 2 y 13 años de presidió, pero que la defensa podría apelar la decisión ante el mismo Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, si en caso de que se ratifique la medida, podría acudir en última instancia hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sucre.