Por: Agustín Zambrana Arze (Periodista, Abogado, Activista Patriota)
Hace dos semanas hicimos el analisis sobre éste llamado «Perdonazo» tributario, una ley aprobada sin la importancia debida, sin el analisis previo o la socialización anticipada; un aborto politizado que precede un desastre tributario causado por la inmensa cantidad de determinaciones fiscales que lleva a cabo el SIN, cuyo resultado serán deudas confiscatorias de las grandes y pequeñas empresas del país.
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Como cotorras, los políticos oficialistas de la Asamblea repiten el texto de ésta normativa sin entenderla, porque no ha sido creada para ayudar en nada a la difícil situación de los emprendedores y empresas arruinadas por el fisco (con deudas de base presunta, o depuración de crédito fiscal), no reduce el término de la prescripción y tampoco soluciona las deudas y sanciones ocurridas en la caída económica de la pandemia, o por incumplimiento a los draconianos planes de pago.
El otorgar un plazo de diez o veinte días de gracia para el pago no es un beneficio fiscal relevante; y el arrepentimiento eficaz siempre existió, no es novedad, y las sanciones siempre tuvieron un régimen de reducciones de acuerdo al momento de determinación de la deuda. Aquí no existe ningún beneficio. Toda ésta inutil redacción, ni siquiera reivindica los procesos vigentes, ni siquiera está destinada a soportar el grosero ataque del SIN a los empresarios formales.
Nadie percibe que un perdonazo efectivo tendría que cerrar las deudas ejecutoriadas de hace más de diez años atrás, condonar las sanciones que cuadruplican las deudas y la liberación de cuentas, inmuebles y otras garantías para incentivar la reactivación y liquidez.
Esto deviene por el impuestazo que será visible a fin de año, cuando la cartera de deudas refleje que la propiedad privada de las empresas formales se encuentra bajo gravamen de Impuestos Nacionales, cuando el ciudadano boliviano se de cuenta que está trabajando para el Gobierno del MAS, cuando sea consciente que la deuda tributaria no puede ser pagada sin ceder la propiedad de su trabajo y sus utilidades. Resulta una expropiación masiva que pretende suavizar con un término rocambolesco:»el perdonazo».
Rechazo absoluto a ésta normativa, que no tiene ningún beneficio visible más que preparar al ciudadano para captar su liquidez en desesperación, debido a la caída inminente en la confiscación de sus bienes por las deudas impagables.
Bolivia es la tierra del luchador comerciante y se los garantizo, no le vamos a ceder nuestros negocios ni bienes a los mafiosos políticos.
#ACombatir
17/Junio/2022