Pobladores de Yapacaní marchan contra violencia y exigen pena máxima para los violadores

Padres de familia de unidades educativas salieron a protestar y a pedir una sentencia de 30 años para los violadores
Soledad Prado, Jessica Vega Muñoz

«Pedimos justicia para los niños», gritaron a una sola voz los padres de familia de Yapacaní, que este viernes salieron a las calles en una masiva marcha de protesta para pedir sanciones duras contra los violadores.  La marcha también fue para apoyar a la familia del niño de 11 años que fue ultrajado sexualmente en dicho municipio y que ahora se encuentra luchando por su vida en un hospital de la capital cruceña.  

La marcha partió desde la Unidad Educativa 25 de Mayo y recorrió varias calles céntricas de la ciudad de Yapacaní. «Queremos justicia», «Los niños no son juguetes sexuales y su inocencia no está en venta», «No al abuso sexual infantil», «No a la violación», fueron algunas de las frases escritas en pancartas que exponían durante la marcha.

El sentir de los pobladores de Yapacaní es de impotencia, todos coinciden en que fue un acto atroz el que cuatro hermanos de la familia Salazar Téllez cometieron contra el pequeño.

El vicepresidente de la junta escolar, Miguel Limón, indicó que en una asamblea,  por unanimidad, los padres de familia que tienen hijos en el colegio donde estudiaba el niño ultrajado, decidieron salir a las calles a protestar, no solo repudiando el vejamen, sino también exigiendo a las autoridades locales ser parte de la lucha contra la violencia.

«Pedimos que no quede impune la violación, que pronto se dicte sentencia. Los padres estamos indignados por eso protestamos y llamamos a nuestras autoridades a que se unan», declamó Limón.

Una de las madres manifestó que el castigo para los violadores no debería ser de 30 años de cárcel, sino, cadena perpetua. «No tenemos autoridad que ponga mano dura a los delincuentes. No tiene nombre lo que han hecho, un día puede ser tu hijo, el del vecino, o mi hijo; ¿a dónde estamos llegando, dónde están las autoridades?», manifestó la mujer.

«Pedimos justicia y seguridad para nuestros hijos, basta de abuso«, protestó otra mujer mientras marchaba.

El director de la Unidad Educativa 25 de Mayo, Erick Cabrera, indicó que el caso consternó no solo a los estudiantes, padres y docentes, sino a todo el país, por lo que considera que es tiempo de replantear las leyes para proteger a la niñez«No podemos estar aislados de lo que pasó, pedimos protección para la niñez y seguridad para todos», acotó.

Señaló que desde hace un año tanto la familia como los docentes pensaron que el niño sufría de anemia o de otra enfermedad, nunca imaginaron todo el calvario que estaba pasando. Agregó que si hubieran tenido conocimiento de su situación, habrían buscado la forma de ayudarlo.

A pesar que la salud del niño actualmente es crítica, los pobladores de Yapacaní esperan que el pequeño se recupere y vuelva al colegio, lugar donde competía con sus compañeros y forjaba su educación.

SOBRE EL CASO

A inicios de la semana, el caso de violación se conoció públicamente luego de que la familia del pequeño diera con uno de los autores de la violación. Actualmente, dos de los hermanos Salazar Téllez están con detención, uno en Chonchocoro y otro en el Cenvicruz, por ser menor de edad. Un tercer implicado murió el año pasado en el penal de Palmasola, mientras que otro (también menor de edad) se encuentra prófugo.

El martes 6 de junio se sometió a una audiencia cautelar al primer sospechoso. Un juzgado del menor dictó detención preventiva por violación agravada, derivando al acusado al Centro de Rehabilitación Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz), mientras que el segundo acusado, Miguel Ángel Salazar Téllez, de 24 años, fue procesado el miércoles y derivado al penal de Palmasola por 180 días.

La determinación de este último imputado enardeció a los pobladores, quienes llegaron protestando hasta la Casa Judicial de Yapacaní y causaron desmanes en el afán de sacarlo por la fuerza. Lo sacaron del predio judicial, lo llevaron a la plaza, lo golpearon por unas cinco horas y luego lo entregaron a la Policía. Miguel Ángel Salazar, el acusado, fue llevado a Palmasola, pero luego las autoridades penitenciarias decidieron trasladarlo a Chonchocoro. La Paz.

Un tercer sindicado de ser partícipe de la violación ya estaba recluido en Palmasola, acusado por una anterior violación cometida a otro niño de 10 años. El sujeto murió en prisión, tenía VIH/sida y tuberculosis. El cuarto implicado se encuentra prófugo en Chile, y las autoridades bolivianas gestionan su extradición.