Seis víctimas de la crisis de 2019 fallecieron por balas de uso civil

Seis de las 37 personas fallecidas en los hechos de 2019 en Bolivia murieron por impacto de bala que no es parte del reglamento militar, según informes oficiales. Hay diferentes visiones sobre esta información

 

 

Ivan Alejandro Paredes 

 

El centro de la ciudad de La Paz era prácticamente un infierno. Fuego en muchas calles y una convulsión que no tenía control. Era el domingo 10 de noviembre de 2019. No había paz. La crisis política estaba llegando a su cúspide. Eran las 16.51 de ese día. Desde el Chapare cochabambino Evo Morales anunciaba su renuncia a la Presidencia de Bolivia. El hilo que lo sostenía tras una fuerte convulsión social que estalló tras las fallidas elecciones del 20 de octubre, se había roto. Esa jornada empezaba una nueva etapa de la crisis que vivió Bolivia.

Ese periodo oscuro para el país terminó con 37 fallecidos, de los cuales 27 cayeron en los sucesos de Sacaba, Senkata y la zona sur de La Paz, donde se defendía la presidencia de Evo Morales, y una decena en protestas protagonizadas por las filas opositoras al exmandatario. Seis de las víctimas murieron por disparos de bala calibre 22 milímetros. Este tipo de armas no son reglamentarias; es decir que no figuran en el arsenal oficial de la Policía Boliviana ni de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Ese dato está inmerso en el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), que fue plasmado por la Defensoría del Pueblo y que también fue base del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

En este informe se enumeran los 37 fallecidos por la crisis de 2019 y el tipo de munición que acabó con sus vidas. Además, está la causa de la muerte, la fecha del fallecimiento y el lugar. De los seis casos de calibre 22 se muestran las fotografías de las balas y una escuadra que mide este tipo de munición.

Los dos primeros fueron en la gestión de Evo Morales. Se trata de Mario Salvatierra Herrera y Marcelo Terrazas Selene, quienes fallecieron el 30 de octubre de 2019 en el choque entre opositores y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de Montero. Las víctimas protestaban contra el posible fraude que indagaba la OEA.

En la causa de la muerte ambos sufrieron un “traumatismo torácico penetrante por proyectil de arma de fuego”. En los dos casos se recolectó el proyecto calibre 22.

El segundo caso también se registró en Montero. Roberth Calisaya Soto falleció el 13 de noviembre de 2019 por la penetración de una bala calibre 22.

Los casos

El tercer caso surge el 19 de noviembre de 2019. El universitario Antonio Ronald Quispe Ticona falleció en los enfrentamientos de Senkata, en la ciudad de El Alto. Según el Idif murió por el ingreso de una bala calibre 22.

Esa misma fecha y también en Senkata falleció Pedro Quisbert Mamani por penetración de bala calibre 22. El quinto caso se da el 27 de noviembre de 2019: Calixto Huanaco Aguilera murió en El Alto por el mismo tipo de munición.

El último caso es el de Rudy Vásquez Condori, quien falleció el 19 de noviembre en Senkata. Además, hubo dos heridos producto de balas calibre 22.

Gregorio Lanza, experto en conflictividad, consideró que el armamento de calibre 22 es usado en grupos civiles y apuntó a que este tipo de armas se utilizan en el trópico de Cochabamba. Sin embargo, en el informe del Idif no se estableció el uso de este calibre en los hechos de Sacaba, donde llegaron cocaleros en 2019 en defensa del líder del MAS.

“Normalmente el uso de calibre 22 es de los productores de hoja de coca o de los productores que viven en las zonas calientes, tropicales, porque en una buena parte de ellos es de uso normal. Efectivamente, el disparo de bala calibre 22 a una cierta cantidad de distancia puede matar, y también si disparas y no sabes a quien. Ese es un punto que habrá que ver, en el caso del trópico de Cochabamba y que han ido a Sacaba a tomar la ciudad, ahí ha sido un tema primero manejado por Evo Morales, de la misma manera y mucho más grave aún”, consideró Lanza.

No obstante, en ese enfrentamiento no se hallaron municiones de calibre 22.

Al respecto, el abogado y militar en servicio pasivo, Jorge Santisteban, explicó que el armamento de calibre 22 no es de uso militar y que generalmente este tipo de armas es de uso civil. “Hay que aclarar que eso no es dotación del armamento militar. En los arsenales militares no existe ese calibre (22), porque no se utiliza, no es arma de guerra”, dijo.

El experto está seguro de que en la movilización cocalera se utilizó armas calibre 22 contra las fuerzas militares, pero denunció que se ocultó información respecto a esos hechos. “El Ministerio Público hizo desaparecer la denuncia y las pruebas que presentó la Tercera Brigada Aérea de Cochabamba, entonces todos esos elementos han hecho desaparecer, porque estaba claro, era evidente que los disparos vinieron del lado del frente de donde los campesinos estaban avanzando para pasar a Cochabamba”, dijo Santisteban.

Sobre el tema, el general Tomas Peña y Lillo, militar en reserva, ratificó que el calibre 22 no corresponde a armamento militar de ningún tipo. “En las FFAA no existen armas de ese calibre. Puede ser usado como subcalibre en instrucción, nunca en operaciones, por su poco alcance y potencia”, explicó el exuniformado.

Las armas de 5.56 mm son también de calibre 22. Pero, Peña y Lillo dijo que son utilizadas en las FFAA, en un 20% de sus unidades. La Policía Boliviana las utiliza en unidades de élite.

El experto en seguridad Samuel Montaño cuestionó la exactitud del informe del Idif. El analista explicó que las FFAA utilizan munición 7,62 mm. “Cuando esa bala ingresa al cuerpo, la fuerza del impacto hace que la herida se contraiga, por eso suelen confundirlo con el calibre 22”, dijo.

Por ello, sostuvo que “es muy difícil que los manifestantes se hubieran matado entre ellos. No hay ni un solo militar ni policía herido, tampoco se hallaron vainas ni residuos de calibre 22 en el lado de los uniformados. Para mí, todos murieron por balas militares y policiales”, dijo.

“Dentro de todo el informe detallado, no existe el 7,62, que es la munición reglamentaria del Ejército”, decía el entonces director del Idif, Andrés Flores Aguilar. El exfuncionario ratificaba que los fallecimientos se produjeron por el impacto de proyectiles pertenecientes a armas cortas.

“De estos ocho fallecidos, se han podido colectar cinco proyectiles. Tres corresponden a calibre 22 y dos son 9 milímetros. Y de los otros tres cuerpos no se ha podido colectar ningún proyectil, pero hay un orificio de entrada y salida”, informaba el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, cuando sucedían los primeros fallecimientos en El Alto.

Dura crisis política

Bolivia vivió a finales de 2019 el peor momento de polarización política de sus últimos tiempos. Tras las elecciones fallidas de octubre de ese año, en las que ganó Evo Morales con denuncias de fraude electoral, el país sudamericano enfrentó una escalada de violencia que terminó con la vida de 37 personas, 861 heridos y 1.531 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.

De la cifra de fallecidos, 18 estaban en los conflictos de La Paz, 14 en Cochabamba, uno en Potosí y cuatro en Santa Cruz.

Las víctimas de La Paz y Cochabamba corresponden a los sucesos de Sacaba, en Cochabamba, Senkata, en la ciudad de El Alto, y Pedregal, en el sur de La Paz, producto de choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. También hubo otras muertes productos del uso desmedido de armamento no letal. De acuerdo al rango etario, 17 fallecidos eran adultos, 14 jóvenes, un adolescente, un adulto mayor y cuatro no tienen registros. Todos los muertos eran varones. De los 37 fallecidos, 29 fueron por armas de fuego. Dos personas fallecieron por asfixia y los demás murieron por disparos de armas con perdigones metálicos.

Las movilizaciones se iniciaron el 21 de octubre de 2019, un día después de las elecciones, en protesta por la paralización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el posterior cambio en la tendencia de votos que favoreció a Evo Morales en su intención de evitar la segunda vuelta electoral. Sus rivales ya denunciaban fraude electoral.

Esas dudas sobre el conteo rápido y el cómputo nacional de votos llevaron a realizar un paro cívico nacional que comenzó el 23 de octubre en Santa Cruz de la Sierra y se extendió a los otros ocho departamentos. Esta protesta duró 21 días.

En la dirigencia del Chapare descartan que en las movilizaciones de 2019 se hayan utilizado armas de fuego entre sus afiliados. El diputado Gualberto Arispe, quien es dirigente cocalero y ahora presidente de la bancada del MAS en la Cámara Baja, cuestionó que existan voces que denuncien que los cocaleros se hayan disparado entre sí en la dura crisis de 2019.

“Eso es una acusación muy dura que debe ser comprobada. Decir que los hermanos cocaleros nos matamos entre sí es algo terrible. No lo podemos aceptar. Tiene que haber respeto a las víctimas que murieron por órdenes de Arturo Murillo y Jeanine Áñez”, cuestionó Arispe.

Uno de los heridos con balas calibre 22 es Jesús Callocusi. Esta víctima acusó a los militares de utilizar este tipo de armamento y que estas fuerzas tenían el objetivo de “matar” a los manifestantes. “Lo que queda es identificar a los responsables”, exigió.