El país no tiene un registro actualizado sobre vehículos robados en los países vecinos, solo registran las denuncias hechas dentro del territorio. La Policía admite negligencia y anuncian una base de datos internacional.
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El viernes, la Aduana comisó 28 vehículos, en lo que va de 2022 son más de 900.
Fuente: paginasiete.bo
Vacíos y deficiencias en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en los registros de vehículos robados hacen que la Aduana disponga de automotores que fueron sustraídos en otro país. Desde la Policía se anunció que se trabaja en una base de datos internacional para dar una solución a este problema.
“Recibí el informe del director de la unidad de Diprove porque en definitiva me parece una cuestión, por lo menos, negligente… la Policía Boliviana está generando una relación con los Carabineros de Chile para el intercambio de información. Además, hemos recibido notas de todas las policías vecinas que afirman que, ahora, vamos a internacionalizar esta información”, manifestó el comandante nacional de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera.
La semana pasada, Diprove y dos de sus efectivos fueron denunciados por la Aduana Nacional por presuntamente brindar certificaciones irregulares que dan cuenta que dos vehículos comisados no tenían denuncia de robo, cuando en realidad fueron reclamados como robados por la ONG chilena Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV). Se trata de un camión Volvo y una camioneta Mitsubishi.
Diprove emitió la primera certificación en septiembre de 2018, respecto al camión, y la otra en febrero de 2022, con relación a la camioneta. La Aduana explicó que la demanda es para aclarar si esas certificaciones son legítimas o irregulares.
Aguilera indicó que existen canales que deben formalizar esta información y todavía se trabaja en ello. “Queremos crear una red con información internacional que nos permita ver el tema del robo de vehículos y tener datos de forma transparente y oportuna”.
Del decomiso a la disposición, ¿dónde está la falla?
Toda mercadería abandonada o decomisada antes de ser dispuesta debe pasar por un proceso. Este comienza en el decomiso o entrega en un puesto de la Aduana Nacional.
Según el artículo 4 de la Ley 615, que establece el procedimiento para la adjudicación, entrega y destrucción de mercancías decomisadas y las declaradas en abandono, previo a la adjudicación y entrega, la Aduana Nacional y el Concesionario de Depósito Aduanero o Zona Franca deben realizar el inventario y verificación, a efectos de determinar que los productos estén en condiciones aptas para su uso o consumo.
Tratándose de vehículos automotores, la norma manda que Diprove intervenga para emitir una certificación, que establezca que el motorizado no cuenta con denuncia de robo.
“Conforme a lo que dice la ley, la Aduana pide a Diprove que certifique que los vehículos (comisados o abandonados) no tienen una denuncia de robo o el chasis remarcado”, explicó la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo.
En caso de no tener denuncias, se procede a realizar la resolución sansionatoria por la contravención cometida. Tras ello el vehículo pasa a ser entregado, mediante una resolución administrativa de adjudicación, al Ministerio de la Presidencia o al de Economía.
Son estas entidades las que proceden a la disposición final del bien, pudiendo transferirlo -a título gratuito- a entidades públicas, organizaciones económicas productivas, organizaciones privadas sin fines de lucro, organizaciones territoriales o a las organizaciones indígena originario campesinas.
Pero si el vehículo está reportado como robado o tiene un chasis remarcado se debe proceder a la investigación y devolución, conforme a las normas.
Aquí es donde está el problema. En el caso de los dos vehículos reclamados por la ONG chilena, la certificación de Diprove indicó que no había ninguna denuncia de robo.
“Al tener una certificación de esta naturaleza y de esta entidad, que es pública y que tiene la competencia para verificar si los vehículos que la Aduana comisa son robados en todo el territorio nacional y en los países vecinos, continuamos con el proceso contravensional y posterior entrega a la Presidencia”, dijo Serrudo.
Mientras que Aguilera aceptó que hubo una negligencia y que el registro de vehículos robados estaba desactualizado, el director de Diprove, Héctor Pereira, afirmó que el sistema estaba en lo cierto, porque no había una denuncia en el territorio nacional. Es decir que no se revisa algún registro internacional.
Según se explicó desde esta entidad, para que Diprove tenga conocimiento de estas denuncias de robos ocurridos en otros países, hay dos vías: que se haga una consulta directa, en casos específicos, o que la víctima notifique la denuncia vía Cancillería, un proceso más lento.
Aunque ambas vías están disponibles, ninguna funciona en tiempo real.
En mayo, cuando un reportaje chileno destapó los nexos de dos jefes de la Policía con el tráfico de autos robados, el comandante departamental de Santa Cruz Erick Olguín, explicó a Página Siete que Diprove cuenta con un registro internacional. Dijo que es alimentado con las listas emitidas por cada país y que llegan mediante Cancillería.
Estas listas comprenden a los autos robados que posiblemente ingresaron a Bolivia y cuyos propietarios hicieron una denuncia formal.
Señaló que el problema en este caso es el tiempo que pasa entre cada actualización, que es diferente en cada país. Por ejemplo, si hoy un vehículo es robado en Chile, la denuncia vía Cancillería podría tardar semanas en ser notificada en el país. Esto abre una ventana de tiempo en el que el motorizado podría ser internado en Bolivia -y hasta vendido- sin ser detectado, por que aún no está en el registro.
Según datos de los países vecinos, los vehículos de alta gama que robados en Argentina, Chile, Paraguay o Brasil suelen tener como destino a Bolivia, por ser con el que comparten su frontera. Lo que no pasa con vehículos antiguos que son vendidos o desmantelados en su propio territorio. Por esto, es necesario contar con un sistema de consulta ágil e inmediato.
Al pasar las fronteras, estos vehículos robados también son usados para cometer otro tipo de ilícitos como: trata, tráfico de armas, narcotráfico o contrabando. Tal como ocurrió con el Volvo reclamado en Chile, que fue decomisado en 2018 cargado de contrabando.
“La Policía recibe esta información a través de Interpol”, manifestó Aguilera.
La base de datos de Interpol sobre Vehículos de Motor Robados (SMV) es una herramienta para la lucha contra el robo y el tráfico de vehículos internacional. Da información sobre robos de automóviles, camiones, motocicletas, remolques, caravanas, autobuses y componentes.
Dicha base de datos permite a las policías de los países miembros comprobar vehículos sospechosos y conocer de manera instantánea si hay una denuncia.
Solo en 2020 (último informe público) un total de 248.976 vehículos fueron identificados como robados, a nivel mundial, por medio del registro de Interpol. A la fecha unos 135 países cargaron su información registrada a nivel nacional y realizaron más de 256 millones de búsquedas.
“Pero aún tiene un origen en la denuncia de la víctima, que primero centraliza su denuncia a nivel nacional y luego la hace de forma internacional y lo que necesitamos es que todo funcione en red”, indicó Aguilera.
Explicó que para solucionar este problema y no tener más casos, como los denunciados, la Policía Boliviana coordina con sus pares en los países vecinos la conformación de una red.
“De modo que cuando tengamos una duda podamos en línea directa hablar con un punto focal, ya sea en el país o en el extranjero, para verificar la información y que estos casos no vuelvan a acontecer”.
Fuente: paginasiete.bo