El lunes 1 de agosto se presentará la ampliación de la acusación contra los exrrectores que trabajaron con el polémico dirigente universitario Max Mendoza.
Mendoza fue aprehendido en mayo y ahora está en la cárcel.
El presidente del Control Social del Órgano Judicial, Germán Mancilla, adelantó ayer que el lunes 1 de agosto se formalizará la denuncia contra exrrectores del sistema universitario en el caso del quincuagenario dirigente universitario Max Mendoza, hoy con detención preventiva.
“En el caso del exrrepresentante de los estudiantes Max Mendoza, hemos solicitado que la comisión de fiscales amplíe la denuncia en contra de los exrrectores del sistema universitario de Bolivia. El día lunes formalizaremos la denuncia ante el Ministerio Público”, explicó Mancilla. Mendoza se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz desde mayo por dos delitos: usurpación de funciones y conducta antieconómica.
Mancilla añadió que aguardan además un informe de la comisión de fiscales sobre la situación legal de Mendoza y la situación actual del proceso penal. La autoridad no especificó quiénes son los exrrectores a los que se ampliará la denuncia.
11 sospechosos
El 31 de mayo, el abogado Patricio Vargas Camacho, representante del exdirigente y docente universitario Rodrigo Rodríguez, implicado en el caso Max Mendoza, reveló que 11 rectores autorizaron en 2018 para que Mendoza sea elegido como el secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
“La (resolución) 04/2018 es un mandato de los rectores que estaban presentes en una reunión nacional, entonces mi cliente (Rodríguez) lo único que hizo en ese momento fue dar cumplimiento a esa resolución, porque si no cumplía era pasible a un proceso administrativo. Entonces fueron ellos, los 11 rectores que autorizaron que el señor Max Mendoza sea el ejecutivo del CEUB”, sostuvo Vargas.
La Fiscalía confirmará la próxima semana si efectivamente son 11 los exrrectores que serán convocados en primera instancia para la ampliación de la denuncia que ha pedido ayer Mancilla, presidente del Control Social del Órgano Judicial.
El 22 de mayo, el Juzgado 2do de Instrucción en lo Penal del Tribunal de Justicia de La Paz dispuso la detención preventiva de Mendoza por seis meses en la cárcel de San Pedro por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica, y aunque su defensa legal apeló la decisión, pero el 13 de junio otro juez ratificó la medida cautelar.
Dos días, después el 24 de mayo, el XIII Congreso Nacional de Universidades en Potosí determinó expulsar del sistema universitario a Mendoza por denuncias de corrupción.