Franco Albarracín manifestó que su familia logró vencer al Gobierno, en torno a una denuncia inventada contra el exrector de la UMSA, sobre una falsa paternidad.
Fuente: ANF
Franco Albarracín, hijo del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín, manifestó que pudieron «vencer al Gobierno», después de más de un año de «persecución política» la Fiscalía decidió cerrar el caso inventado contra su progenitor, a quien Jhanett A. denunció de ser el padre de su hijo. Dos informes científicos negaron esa versión.
«Gracias a la unidad de nuestra familia y el maravilloso equipo de abogados, pudimos vencer al gobierno. Después de más de un año de persecución política, la fiscalía decidió cerrar el caso inventado en contra de mi padre», escribió Albarracín en su red social.
La fiscal Dolly Chacón reconoció que el Ministerio Público imputó al exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín con elementos “indiciarios” que no sustentarían una acusación formal, por lo que emitió el sobreseimiento en el caso abandono de mujer embarazada.
“En la etapa preliminar para iniciar una investigación y para fundamentar una imputación formal nos basta elementos indiciarios, en este sentido la declaración informativa de la presunta víctima que identificaba a un presunto agresor, pero para sustentar en una fase de acusación se requieren de elementos sólidos”, sostuvo la fiscal en conferencia de prensa.
En diciembre de 2021, Jhanett A. presentó una denuncia contra el exrector de la UMSA, la Fiscalía lo imputó; en marzo de este año, el Juzgado Segundo de Instrucción Penal Cautelar de la zona Sur determinó su detención domiciliaria.
Para emitir la resolución de sobreseimiento se basaron en los dos dictámenes periciales de ADN practicados a Albarracín, el primero en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el segundo examen en el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), ambas pruebas determinaron que el exrector no es el padre biológico de la menor de dos años.
“No existen suficientes elementos probatorios que puedan ayudar a sustentar la tesis inicial, no queda más que emitir un sobreseimiento en este caso”, aclaró.
Puntualizó que ahora depende de la autoridad jurisdiccional levantar o no la detención domiciliaria del denunciado y se tiene un plazo de cinco días para que la supuesta víctima impugne la determinación del Ministerio Público, sino se lo hace el caso será archivado.
Franco Albarracín acotó que «El gobierno está inventando nuevos casos para detener nuestras actividades de defensa de los DDHH. Aunque no les guste, nosotros seguiremos denunciando el autoritarismo y la persecución impulsada por jueces y fiscales corruptos que responden únicamente al poder político».