por Tuffí Aré Vázquez (*)
La reunión de más de diez horas entre el Gobierno y autoridades cruceñas ha servido básicamente para confirmar el tamaño del engaño del INE con las actividades del censo. De a poco, se va conociendo, se va develando el tamaño del engaño. No fue “una chambonada” solamente, como lo afirmó Carlos Hugo Molina. En realidad, hubo una gran mentira, un engaño, como lo ha sacado a relucir a la opinión pública la señora Melvi Vargas, prestigiosa docente de la René Moreno y cabeza de la Comisión Técnica de la Uagrm para el Censo en Santa Cruz, en una entrevista con Asuntos Centrales.
Veamos por qué podemos concluir que ha sido un engaño. Esta profesional de la universidad pública ha revelado que algunas de las actividades precensales, que estaban publicadas en la web del INE, nunca se hicieron. O sea, se publicaron, pero no se hicieron. Si ocurrió así, esto es un fraude y merece una sanción. Más aun cuando los voceros del INE juraban y rejuraban que todo estaba bien encaminado y se negaban a informar cuando en Santa Cruz se les pedía insistentemente informes.
Por consecuencia, se ha roto la confianza, se ha roto la fe pública del Estado. Imagínense si han mentido con las actividades precensales, cómo podrían mentir con los datos de inflación, de pobreza, de empleo, de crecimiento, entre otros. Esto es lo grave. Quién puede creerle al INE después de estas revelaciones.
Es por esto que la primera exigencia de la Comisión Interinstitucional cruceña al Gobierno debe ser un cambio total de los responsables del censo en el INE que incurrieron en la mentira, como una condición irrenunciable para empezar o retomar el diálogo técnico que acaban de acordar. No sólo se percibe una incapacidad profesional y falta de idoneidad, sino engaño. Por eso, deben haber sanciones y cambios en el INE antes de seguir con el proceso. Hasta ahora no hubo ninguno relevante.
Por otro lado, la confrontación por la fecha del censo entre el Gobierno y la comisión interinstitucional cruceña ha entrado en una tregua, en una pausa, ya que el conflicto sigue latente hasta que no se defina cuándo será el censo. Es una decisión aún en debate, lo que causa una incertidumbre que no se debe alargar.
En el caso de los dirigentes cruceños, ya jugaron sus cartas. Si no consiguen el censo en 2023, la gente que ha parado dos veces y que no le falla a Santa Cruz con sus luchas, les va a cobrar una costosa factura, sobre todo al gobernador Luis Fernando Camacho, al rector, Vicente Cuéllar, y al presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo. La gente de Santa Cruz, particularmente, está cansada de frustraciones y de la decepción con sus líderes.
Por su lado, el Gobierno ha abierto la posibilidad de construir y definir entre todos los actores la fecha del censo, pero mantiene férreamente el decreto que lo fija para 2024. O sea, no cede y despierta peligrosamente nuevas expectativas en Santa Cruz. Cuidado con las expectativas y posibles nuevos engaños, que la gente no va a aguantar. Por lo tanto, lo mínimo que debe hacer ahora el Gobierno es buscar recuperar la confianza rota, ser honesto, pero, sobre todo, responsable con el manejo de las expectativas de la población.
La tregua cruceña no puede resultar una rendición. Bolivia necesita ir a las elecciones del 2025 y al inicio de una nueva gestión de Gobierno con la claridad de sus estadísticas y con la representación política real y absolutamente actualizada, además del presupuesto que necesita y le corresponde. Ya hay un daño económico, por la demora, especialmente a Santa Cruz. Por lo tanto, como toda víctima de la injusticia, al no recibir los recursos que debe recibir por ley, Santa Cruz debe mínimamente exigir como acto de justicia la reparación del daño económico.
(*) Periodista