Desde la Coordinadora de la Mujer hacen el seguimiento del caso, al constituirse en el segundo de acoso y violencia política que se ventila en tribunales, a 10 años de implementarse la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.
Fuente: opinión
A 10 años de implementarse la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, el Juzgado de Sentencia Segundo de Quillacollo dio inició este martes al juicio oral virtual de lo que se considera como el segundo caso en llegar a esta instancia para sancionar este tipo de violencia.
Se trata de la denuncia interpuesta por la exasambleísta departamental por Cochabamba, de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) María Patzy Fernández, quien denunció a su suplente, Arturo V.D., por acoso y violencia política.
Hoy, durante el juicio oral, se tomaron las declaraciones de Arturo V.D. Tras ello, el juez fijó un nuevo encuentro presencial para el 26 de octubre, a las 9:00. Luego de concluir la audiencia, Patzy recordó que fue víctima de maltrato, humillación y discriminación por parte de su suplente, quien la habría presionado a renunciar a su cargo, a pesar de que ella asumió la titularidad, respaldada por el voto de las y los quillacolleños. “Mi vida está arruinada. Ojalá, pido a papito Dios, que me hagan justicia”, lamentó.
EL CASO
De acuerdo con información brindada por la Coordinadora de la Mujer, en diciembre de 2018, la entonces asambleísta departamental Patzy presentó la denuncia ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, instancia que luego remitió el caso al Ministerio Público. Posteriormente, en diciembre de 2021, Patzy presentó la acusación formal al Órgano Judicial y hoy se dio inicio al juicio oral.
Para la exasambleísta, uno de los episodios más álgidos de esta violencia política se dio entre el 24 y 25 de noviembre de 2018, cuando en un congreso provincial realizado en Quillacollo, su suplente, Arturo V.D., la habría amenazado, e incluso habría intentado agredirla físicamente, para que ella renunciara a la titularidad de su cargo y este asumiera el mismo.
“Espero que se haga justicia y se diga la verdad porque estoy peregrinando desde 2018, hace cinco años”, indicó Patzy, a tiempo de asegurar que ninguna mujer boliviana que se dedica a la política debe ser víctima de violencia. La exasambleísta lamentó que continúa recibiendo “amenazas”, castigos políticos y además sufriría afectaciones emocionales y psicológicas producto de no haber dejado el cargo.
“Desde la aprobación de la Ley 243, en 2012, es el segundo caso de acoso y violencia política contra una mujer, del que se tenga conocimiento que llega hasta estas instancias”, apuntó Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, instancia que, junto a la Comunidad de Derechos Humanos, la Fundación Construir y la Oficina Jurídica para la Mujer, realizan el seguimiento del caso.
PRIMER CASO TUVO SENTENCIA
El primer caso resuelto bajo el amparo de esta ley fue iniciado por la excandidata a gobernadora de La Paz, Felipa Huanca, quien denunció a Rafael Quispe por el delito de violencia política. El caso concluyó con una sentencia de 10 años. De acuerdo a Sánchez, “la única en diez años de la ley”.