La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) denunció ayer la conformación de un sistema que da lugar a la creación de cooperativas mineras como un instrumento para avasallar las concesiones adjudicadas a empresas legalmente establecidas, situación que pone en riesgo la continuidad de la inversión privada y la generación de fuentes de empleo.
Fuente: lostiempos.com
Según el presidente de la FEPC, Luis Laredo, la inacción de las autoridades competentes avala este tipo de hechos irregulares caracterizados por el despojo y posesión ilegal de áreas mineras, violando el derecho al trabajo, la propiedad privada y los principios de seguridad jurídica.
“Personas inescrupulosas que, manifestando ser comunarios y residentes del lugar, se asocian creando figuras jurídicas como sindicatos y cooperativas mineras para cometer actos de avasallamiento y apropiación indebida”, denunció Laredo.
Los hechos de avasallamiento se han dado en las provincias de Ayopaya, Tapacarí, Arque y Capinota, entre otras.
“Advertimos que la ausencia de sanciones ejemplificadoras establecidas en la normativa vigente pone en riesgo la inversión privada y la continuidad de las fuentes de empleo”, agregó Laredo.
Por su parte, Sergio Andrade, presidente de la Cámara Departamental de Minería de Cochabamba, afirmó que los avasallamientos a las concesiones generan importantes pérdidas económicas tanto a las empresas como al Estado, ya que al paralizarse las operaciones se deja de pagar regalías e impuestos que benefician a los municipios.
“Hoy nos encontremos en emergencia, por lo que pedimos al Gobierno acciones inmediatas de lucha frontal contra la minería ilegal”, dijo.
Sobre el tema, el analista en minería Héctor Córdova denunció que este tipo de hechos de avasallamiento a concesiones mineras por parte de cooperativas se vienen dando desde hace varios años atrás, con el antecedente particular de que el Gobierno termina accediendo al pedido de éstas.
Córdova advirtió que estas irregularidades ponen en riesgo las inversiones privadas, dado que los inversores exigen seguridad jurídica y respeto a los derechos constituidos. “Como no hay tranquilidad, la gente que tiene capital y que no conoce la situación del país pues prefiere buscar otras áreas más calmadas y poner su plata allí”, dijo.
Por ello, el especialista indicó que el Gobierno debe hacer respetar los derechos de las empresas porque la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce como actores del sector minero a las cooperativas, empresas privadas y empresas estatales.
Piden investigación
Andrade solicitó al Ministerio de Minería una investigación rigurosa a todas las cooperativas mineras “que están avasallando áreas privadas”, además de la nulidad de sus personerías jurídicas.
Además, propuso el nombramiento de un fiscal departamental de minería para investigar estos hechos.
Comunarios piden desalojo de empresa
La semana pasada, los pobladores de la comunidad Kuti- Challani exigieron el cese de operaciones y el desalojo de la maquinaria de la empresa minera Cuti SRL, que opera en el lugar desde 2006 extrayendo antimonio.
Según El Deber, Vicente Choque, uno de los representantes de las comunidades del lugar, explicó que la molestia se debe a que la empresa minera viene trabajando sin pausa durante 2015-2022, sacando semanalmente entre dos y cuatro toneladas de antimonio.
“Nos enteramos de que el dueño de la empresa indicó que recién en 2022 está trabajando a full; eso es mentira. Los demás años también han trabajado, entonces dónde está el dinero por el pago de las regalías”, cuestionó.