Proceso contra Los Tiempos vulnera plazo procesal y tiene 4 observaciones

El abogado y defensor de los derechos humanos Jorge Valda denunció mediante sus redes que el Gobierno del MAS busca hacerse de Los Tiempos, como pasó con otros medios de comunicación en el pasado.

  • Trabajadores de Los Tiempos protestan contra las presiones del Gobierno. | Carlos López

 

Fuente: Los Tiempos / Cochabamba

 



El proceso civil contra Los Tiempos, que impide la venta de un inmueble que serviría para cumplir con compromisos económicos, fue admitido y vulnera  al menos cuatro presupuestos procesales (requisitos exigidos por ley) que debieron haber derivado en el rechazo de la demanda interpuesta por uno de los accionistas minoritarios de Editorial Canelas, explicó ayer el abogado de esta empresa, Oscar Guillén.

Además, no se están cumpliendo los tiempos procesales señalados en el artículo 212 del nuevo Código Procesal Civil.

“Son 13 días que estamos esperando el pronunciamiento de la jueza, extrañamente no hay respuesta y está manteniendo latente la anotación preventiva sobre los bienes, cuando ya ha ordenado su cancelación, mediante el auto del 21 de julio”, dijo Guillén.

El artículo 212, parágrafo II, del Código Procesal Civil, señala: “Los autos interlocutorios y definitivos serán dictados en el plazo máximo de cinco días”.

Este medio intentó entrevistar a jueza Gloria Villarroel, que lleva este caso, pero una de sus asistentas indicó, tras consultarle, que estaba en la etapa final de su recuperación porque se contagió de Covid-19, pero que ese juzgado iba a despachar los memoriales pendientes del caso y que ella no puede emitir ningún criterio respecto al proceso.

Según Guillén, “este proceso debía haberse rechazado de inicio porque no se cumplieron los presupuestos que exige la norma para admitir una demanda de esta naturaleza”.

Añadió que “la impugnación que presentó la empresa  ICC (accionista minoritaria de Los Tiempos) fue presentada fuera del plazo de los 60 días que establece la ley. No cumplieron con la obligación de una conciliación previa. No ofrecieron la fianza que exige el Código de Comercio. No acompañaron el documento que estaban impugnando (de la junta de accionistas de enero de este año). Pese a esto, la jueza ordenó una medida cautelar que inmovilizó la venta de la casa de la avenida América”.

Además, según los antecedentes del caso, el proceso fue admitido por una jueza suplente del juzgado décimo. Sin embargo, la jueza titular Gloria Villarroel dejó sin efecto todo el juicio “hasta el estado en que ICC presente la conciliación previa”.

“Como Editorial Canelas hemos efectuado los reclamos correspondientes, haciendo notar todas esas ilegalidades, porque todas esas medidas las adoptó en suplencia la jueza número 10, pero la jueza titular número nueve anuló obrados, es decir, dejó sin efecto todo el juicio”, indicó Guillén.

En días pasados, el presidente del directorio de Los Tiempos, Mauricio Fuentelsaz, informó que la venta de un bien inmueble “improductivo” es parte de una estrategia que quieren hacer los accionistas de Editorial Canelas para superar la crisis económica a causa de la pandemia por la Covid-19, las cuarentenas rígidas de 2020 y las presiones políticas, judiciales e impositivas que aplica el Gobierno del MAS contra este matutino cochabambino.

Asimismo, los trabajadores de Editorial Canelas se declararon en emergencia ante estas arremetidas gubernamentales que buscan asfixiar económicamente a Los Tiempos, ya que afecta a unas 500 familias.

Valda: El Gobierno busca “hacerse” de Los Tiempos

El abogado y defensor de los derechos humanos Jorge Valda denunció mediante sus redes que el Gobierno busca hacerse de Los Tiempos, como pasó con otros medios de comunicación en el pasado.

“Lo que buscan es acallar la voz de todos los bolivianos. Lo que está pasando con Los Tiempos ya lo vivimos y fuimos testigos de cómo esta presión política acabó arrebatándoles las empresas a los legítimos propietarios (…)”, dijo Valda.

Asimismo, advirtió que el Gobierno seguirá “arremetiendo” en contra de los portavoces de la información, que no comulgan con el MAS.