Los vendedores de ropa usada se reunieron ayer en un ampliado de emergencia en el cual piden poder legalizar su mercadería para que no tengan el problema de hacer llegar sus prendas hasta los mercados del país.
Fuente: Opinión
«El Gobierno Central no nos da atención a este sector tan grande que aglutina más de 300.000 familias a nivel nacional y por eso hacemos este ampliado de emergencia», indicó a la Red Uno Reynaldo Quispe, uno de sus representantes.
Indicó que son más de 300 mil familias en el país que viven de la venta de prendería a medio uso, pues es su fuente de trabajo.
Se quejaron de haber presentado varios proyectos para legalizar el ingreso de las prendas y les recibieron varios, pero nunca les dieron una respuesta clara sobre la situación, así que tienen problemas cada vez que desean hacer ingresar las ropas a través de las fronteras.
«Aquí podemos apreciar un sinfín de proyectos de cada año llevados a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, recibidos, pero jamás analizado al día de hoy. Ahora haremos las estrategias para que el Gobierno nos pueda atender», indicó la vicepresidenta de la Comisión, Jimena Arispe, quien manifestó que no descartan asumir marchas y bloqueos en todo el país para que se les haga caso.
Una de sus quejas es que, a pesar de haberse entrevistado con senadores y diputados, los siguen derivando a otras oficinas y nunca les dan una respuesta clara.
«Entonces, ante esta situación, el sector de prendería a medio uso, el día de hoy toma la decisión de asumir medidas drásticas de aquí para adelante», dijo Arispe.
Ya hace unos años los comerciantes de la prendería a medio uso propusieron al Gobierno poder pagar impuestos, pero su propuesta quedó estática.