Los detenidos, que secuestraron y torturaron a policías, periodistas y trabajadores agrícolas en octubre de 2021, fueron liberados.
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La Fiscalía investiga a un grupo de encapuchados armados por el secuestro y torturas a una comitiva en Las Londras.
Fuente: paginasiete.bo
La Fiscalía y el Gobierno catalogaron a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) como una “organización criminal” e inició una persecución judicial; sin embargo, evita poner la misma etiqueta al grupo armado de Las Londras.
El 10 de agosto de este año, el ministro Eduardo Del Castillo (Gobierno) calificó de “organización criminal” de alcance internacional mientras exhibía públicamente a los productores de coca detenidos en los enfrentamientos en la zona de Villa El Carmen (La Paz).
“Hay malos dirigentes que están contratando gente de otros lugares. Producto de ello también hemos logrado el secuestro de teléfonos celulares que ya fueron remitidos al Ministerio Público y la gran mayoría de estas personas están utilizando números internacionales para poder operar criminalmente dentro del territorio nacional” manifestó entonces.
Un informe policial dirigido a la Fiscalía también señala que en esa organización estaría funcionando una “organización criminal” por lo que sus dirigentes y miembros deben ser perseguidos judicialmente.
Para ejecutar dicha acción solicita a través de la Fiscalía autorizaciones judiciales para requisar, secuestrar y aprehender a los supuestos integrantes a cualquier hora y con la rotura de cerrojos de los domicilios.
Hasta ahora fueron aprehendidos cinco dirigentes mientras hay otras órdenes de aprehensión activas en contra de otras personas que formarían parte de la “organización criminal”.
Se trata de los dirigentes de la Adepcoca, una organización social que no forma parte de los sectores que respaldan al gobierno de Luis Arce.
El Código Penal define organización criminal como “el que formare parte de una asociación de tres o más personas organizada de manera permanente, bajo reglas de disciplina o control, destinada a cometer los siguientes delitos: genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, sustracción de un menor o incapaz, tráfico de migrantes, privación de libertad, trata de seres humanos, vejaciones y torturas, secuestro, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico ilícito de sustancias controladas, delitos ambientales previstos en leyes especiales, delitos contra la propiedad intelectual, o se aproveche de estructuras comerciales o de negocios, para cometer tales delitos, será sancionado con reclusión de uno a tres años”.
Paradójicamente, el grupo armado que en octubre de 2021 secuestró y torturó a policías, periodistas y trabajadores agrícolas permanece activo y los detenidos fueron liberados.
Además, la Fiscalía no catalogó a este grupo como una “organización criminal” pese a las evidencias, testimonios y denuncias de las víctimas.
“La Fiscalía no toma en cuenta que estas personas cometieron estos delitos puedan ser una organización criminal organizada siendo que hay las pruebas correspondientes, videos (…) hoy se cumplen 11 meses de impunidad para los delincuentes, para los criminales que cometieron tortura, secuestro, vejaciones y atentado contra la vida contra la integridad de muchas personas, entre ellos periodistas y policías”, lamentó la diputada María René Álvarez.
En un mes se cumplirá un año de impunidad. Los dos detenidos fueron liberados y beneficiados con arresto domiciliario porque el juez no los halló peligrosos pese a que las imágenes muestran que actuaron armados y encapuchados.
La defensa de las víctimas lamentó que no se cumpla con los mandamientos de apremio contra los imputados. Además, se identificó a casi 30 personas que debían de ser llamadas como testigos, pero la Fiscalía no emitió las citaciones.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se niega a realizar las pericias psicológicas a las víctimas porque sólo se realizan exámenes a víctimas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).
La Policía sigue realizando vigilancia en Las Londras, pero los agentes no tienen autorización para actuar y desalojar o detener a los integrantes del grupo de avasalladores.