Caso terrorismo: Bolivia debe responder a la CIDH por violar derechos de acusados

En abril de 2009 hubo un atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas y una intervención policial al Hotel Las Américas, que derivó en la muerte de tres ciudadanos extranjeros en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Más de treinta personas fueron procesadas por terrorismo en ambos sucesos y ahora el Estado boliviano enfrenta cinco demandas en su contra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber cometido violaciones a derechos humanos en ese proceso penal.

Cada demanda va por cuerda separada, pero coinciden en la vulneración a los siguientes derechos establecidos en la Convención Americana: libertad personal, integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, salud, vida, honra y dignidad, circulación y residencia, igualdad ante la ley y propiedad privada, entre otros.

Los casos que se encuentran en la CIDH contra Bolivia son el de Mario Francisco Tadic Astorga, ElödTóásó, Michael Martin Dwyer, Alcides Mendoza Mazaby y Juan Carlos Guedes Bruno, admitido en febrero de 2018; el de Ronald Enrique Castedo Allerding, de junio de 2021; el de Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel, que data de junio de 2021; el de Juan Carlos Santistevan López y familiares, de septiembre de 2021 y el caso de Zvonko Matkovic Ribera, admitido en junio de 2022.

La persecución penal contra los mencionados ciudadanos fue activada por los delitos de alzamiento armado y terrorismo, pues desde el gobierno del entonces presidente Evo Morales fueron señalados por “promover la ruptura de la unidad territorial boliviana” desde el departamento de Santa Cruz.

Zvonko Matkovic es el actual presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, cargo al que llegó electo en 2021 con la agrupación Creemos, liderada por el ahora gobernador Luis Fernando Camacho. Antes de eso vivió una odisea desde que fue involucrado en el caso terrorismo junto a más de treinta personas y pasó ocho años en la cárcel. En febrero de 2020 fue absuelto de culpa dentro de ese proceso y recuperó su libertad.

“El año 2009 hubo una intervención al Hotel Las Américas, donde fueron ejecutados extrajudicialmente tres ciudadanos. Aparte de eso se sometió a detención preventiva, torturas y procedimientos violatorios de derechos humanos a un número indeterminado de personas… Muchas de ellas han presentado sus peticiones ante la CIDH para lograr que el Estado responda por los agravios recibidos”, dijo Rubén Darío Cuéllar, director ejecutivo de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos.

En el asalto al Hotel Las Américas, sólo Tadic y Tóásó salieron con vida, aunque heridos, mientras que los ciudadanos Eduardo Rósza Flores, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer resultaron muertos en el operativo. En su momento, el Estado alegó que “por informes de inteligencia, grupos de gente armada en Santa Cruz habían conformado una serie de actos dirigidos a atentar contra la estabilidad el Estado nacional y hasta contra la vida de las dos más altas autoridades del Gobierno”.

Matkovic fue involucrado en el caso en el año 2010 porque la investigación encontró fotografías de uno de los hospedados en el Hotel Las Américas, Eduardo Rozsa, en una propiedad ganadera de la familia del asambleísta, participando en una reunión de confraternidad. Hasta el momento de su absolución, en los más de doscientos archivos del caso no se presentaron pruebas que relacionen en actos de terrorismo al entonces acusado de estar vinculado al grupo.

Justicia, no compensación

El Observatorio de Derechos Humanos y su director Cuéllar se han constituido como peticionarios ante la CIDH en representación de ZvonkoMatkovic y de Ronald Castedo, este último señalado como miembro del grupo denominado Círculo de Amigos de Santa Cruz – Logia Caballeros del Oriente.

Matkovic presentó su petición ante la CIDH en diciembre de 2015, y en los siguientes años tuvo que aportar información adicional. El Estado boliviano fue notificado en 2020 con la petición y presentó sus descargos ese mismo año, lo hizo por segunda vez en 2021.

En sus alegatos, la representación del ahora asambleísta expone que éste pasó tres años encarcelado sin sentencia. Al cabo de ese tiempo, le correspondía por ley una medida sustitutiva menos gravosa, pero las autoridades judiciales simplemente no adoptaron ninguna acción.

“A todas vistas esa detención preventiva dejó de ser tal. A partir de los 18 meses se convirtió en una condena antelada de un proceso en el que no pudieron comprobar ninguno de los hechos por los que se les acusaba”, explicó Cuéllar, ampliando la situación a todos los procesados.

La dificultad de acceder a los archivos y antecedentes del caso y el temor de ser procesado por un juez de otra jurisdicción son otros dos elementos que se señalan como parte de la indefensión.

“En ese momento se aprobó la Ley 004 -continúa Cuéllar- exclusivamente para prolongar el plazo (de detención preventiva) a los 36 meses, una ley hecha a medida para la persecución política, sin embargo tampoco cumplieron esa ley”.

Mientras estuvo en el penal de San Pedro de La Paz, Matkovic presentó siete solicitudes de modificación a la detención preventiva carcelaria. “Todas las vías resultaron ineficaces, dejándolo en completo estado de indefensión”, expuso ante la CIDH. Además interpuso un habeas corpus para someterse a un tratamiento médico y posterior acción de libertad. Hasta que, en el año 2018, el Tribunal Tercero de Alzada de La Paz ordenó un régimen de prisión domiciliaria.

El Estado boliviano respondió que la petición del político cruceño no tiene bases debido a que todo concluyó con su exoneración del caso terrorismo, por lo que pidió archivar el caso sin darle admisibilidad.

Entre otras cosas, el Estado boliviano informó a la CIDH: “Los hechos denunciados no caracterizan violaciones de derechos humanos que le sean atribuibles (al Estado) en el plano internacional…, los motivos que dieron lugar al presente reclamo ya no subsisten en el orden interno en virtud de la emisión de la sentencia absolutoria Nº 01/2020, toda vez que con esta decisión judicial quedaron satisfechas las pretensiones de la presunta víctima, constituyéndose como una forma de reparación”.

En este caso, el informe de la CIDH considera que existen indicios de vulneración a los derechos de libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y la dignidad, igualdad ante la ley y protección judicial establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.

En el transcurso del tratamiento del caso, las partes están llamadas a encontrar una solución amistosa que puede incluir un desagravio público por parte del Estado a la víctima, la reivindicación del nombre, un resarcimiento económico u otras medidas similares.

“Don Zvonko Matkovic no está dispuesto a recibir una compensación por el sufrimiento que le han hecho pasar. Lo que quiere es sentar un precedente para que nunca más en el país se utilice la justicia como un medio de persecución política”, afirma Cuéllar . Esto implica que buscará llevar el caso a la Corte IDH.

Cuéllar explica que estando en la etapa de estudio del fondo del asunto, aún se puede plantear alegatos y pruebas sobre los derechos humanos admitidos como vulnerados. Al cabo de este lapso, la CIDH se tomará un tiempo para analizar el caso y emitir un informe de fondo. Si se ha tenido fuerza desde la parte peticionaria, el caso llegará a la Corte IDH donde se desarrollará el proceso judicial contra el Estado.

“No podría aceptar una solución amistosa, no solamente por el daño económico que significó no estar al frente de sus negocios, (sino que) terminó con su matrimonio, su hijo estaba pequeñito, hubo un daño muy grande a la familia. Por eso creemos que la Corte IDH debe llegar a la sentencia”, dice el jurista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió 31 casos de violaciones a derechos humanos del Estado boliviano contra sus ciudadanos, por demandas recibidas desde 2007. La admisibilidad implica que una petición cumple con los requisitos para convertirse en un caso y está lista para ingresar a la etapa de fondo del asunto.

Bolivia tiene menos casos contra el Estado comparado con los países vecinos. En 2021 se reportó un arribo inusitado de casos con informes de admisibilidad: 10 de los 31. Muchos corresponden a los conflictos políticos suscitados en los últimos años, lo que en 2019 derivó en 139 peticiones que aún no fueron aceptadas ni rechazadas.

Al margen de los casos que se originan en el proceso por terrorismo, abierto con base en los hechos de 2009, están admitidos otros también vinculados a pugnas políticas, entre ellos los de Mario Cossío, exgobernador de Tarija, y Manfred Reyes Villa, exgobernador y actual alcalde de Cochabamba, ambos en su momento opositores al gobierno de Evo Morales. El primero fue destituido de sus funciones en el mismo año que asumió por indicios en una acusación de corrupción y el segundo fue expulsado del cargo en 2005 a raíz de una convulsión social que derivó en la quema de instalaciones de la exprefectura.

Ambos invocan similares derechos humanos vulnerados, entre ellos nacionalidad, derechos políticos, obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

También en 2021 fue admitido el caso del fallecido Gonzalo Durán, por los actos de violencia ocurridos en Sucre en el marco de la Asamblea Constituyente. La petición fue interpuesta por Erick Fajardo y Horacio Poppe, quienes invocaron la vulneración de los derechos a la vida, la integridad personal, garantías judiciales, libertad de expresión, reunión, protección judicial y otros. Otros casos son los de Carlos Flores Bedregal y Marcelo Quiroga Santa Cruz, ambos víctimas de las dictaduras.