Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija
Fuente: elPeriódico
El directorio del Comité Pro Intereses de Tarija y el equipo técnico jurídico que le asesora, se reunieron para analizar qué acciones son viables para poder anular el estudio realizado por la empresa DeGolyer & MacNaughton, que sirve como base para actualizar el factor de distribución del campo compartido, Margarita-Huacaya.
Para el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, será vital la respuesta de las provincias e instituciones estratégicas hablando de un paro de 48 horas que se pretende encarar, aunque no haya una suspensión total de actividades y los bloqueos destaquen en los ingresos de los municipios.
“Nuestro desafío es ese, el de socializar, como Comité Pro Intereses del departamento hemos decidido que se va a buscar la manera de accionar por la vía jurídica, por las vías que se requiera para que no se llegue a concretar este atropello, que no tiene ningún fundamento”, afirmó.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Este es uno más de los frentes en los que se trata de inmiscuir al grueso de la población tarijeña en una defensa no propiamente de las regalías sino desde una óptica de rechazo a los argumentos, plasmado por un estudio e instituciones que lo avalan, pero que no tomaron en cuenta las observaciones hechas por los delegados de la Gobernación de Tarija tras conocerse los datos preliminares.
“Esto no puede quedarse en un esfuerzo de la Gobernación, del Comité Cívico, de las instituciones, esta tiene que ser una lucha de toda una región”, acotó.
Por el momento no hubo un nuevo acercamiento entre el Gobierno Nacional, YPFB y los cívicos o la Gobernación para dialogar sobre el tema.
El APUNTE
Pareceres
El secretario ejecutivo de la Federación del Auto Transporte “15 de Abril”, Gabriel Pérez, indicó que las bases no están dispuestas a apoyar un paro indefinido si continúa esta seguidilla de movilizaciones cívicas, pero que el paro de 24 horas se acató con el repliegue de unidades, como muestra de querer colaborar con la causa.
El argumento brindado por Pérez es que los transportistas no están dispuestos a afrontar pérdidas incalculables si es que se cortan las vías por tiempo indeterminado.