El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, dijo que los dos grupos deberían ser investigados porque atentaron contra la seguridad de los ciudadanos
La Policía arresta a varias personas en conflictos cocaleros. Foto: ANF
Fuente: ANF
– No hubo delito flagrante; los detenidos no eran amenaza para el Estado; la responsabilidad es personal; finalmente los detenidos no tenían ningún indicio de intentar fugar, esas fueron las cuatro irregularidades que detectó el abogado penalista, Eusebio Vera al describir el caso de los cuatro dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que fueron aprehendidos; además, agregó que todos los operativos policiales se asemejaron a un secuestro más que a una aprehensión legal.
“Lo que se ha observado en realidad son actos de un secuestro propios de actos delincuenciales, y no quiero pensar que haya sido ejecutado por la Policía Boliviana, porque si fuese así, los funcionarios policiales que han ejecutado de esa manera son pasibles a investigación y sanción, primero en la vía administrativa y luego en la vía penal”, declaró el penalista al evaluar este proceso.
Desde el 14 de septiembre se inició una verdadera “cacería” de dirigentes de Adepcoca a quienes la Fiscalía acusa al menos de 15 delitos que habrían cometido en la toma violenta del mercado “ilegal” de coca que fue abierto en la calle 1 de Villa El Carmen.
Freddy Machicado, César Apaza y Raúl Uría guardan detención preventiva en el penal de San Pedro acusados por esos hechos. La pasada jornada, la justicia decidió otorgar medidas sustitutivas a Gudelia Botitano.
Respecto de las aprehensiones de Machicado y Apaza, el especialista dijo que no hubo una acción directa de la Policía porque ese tipo de trabajo se realiza cuando hay flagrancia en la comisión del delito, “porque no han sido sorprendidos en el momento que se cometían los ilícitos, no ha habido flagrancia”.
Raúl Uría fue aprehendido cuando emprendía viaje al oriente del país en un operativo que se realizó en la madrugada del 15 de septiembre y estuvo incomunicado casi 24 horas.
Vera dijo que la Fiscalía aplicó el artículo 226 para justificar la aprehensión de los tres detenidos y explicó que ese precepto se aplica cuando la persona representa un peligro para el Estado y este no era el caso.
Más adelante explicó que la comisión de cualquier delito es de responsabilidad personal y afirmar que los tres detenidos instigaron al uso de explosivos y violentar la toma del mercado ilegal coloca a la Fiscalía en apuros porque ese tipo penal va atado con el primero que habla de la flagrancia.
“Los señores Machicado y Apaza en ningún momento han demostrado que iban a permanecer ocultos o que estaban en preparativos de abandonar el país, o se han declarado en la clandestinidad, por tanto no se aplica el riesgo de fuga y obstaculización”, graficó sobre el cuarto argumento de los fiscales. Ambos dirigentes cocaleros ofrecían conferencias de prensa después de los sucesos del 8 de septiembre.
El 14 de septiembre, el ejecutivo de los cocaleros fue aprehendido cerca de Adepcoca y según los socios del mercado, fue sacado con engaños de su oficina hasta la puerta del mercado y los sorprendieron en la calle. Para evitar conflictos con los cocaleros su caso fue remitido a El Alto.
El caso de César Apaza fue peor, el dirigente fue aprehendido la madrugada del 22 de septiembre, los policías llegaron en dos vehículos y golpearon al dirigente para subirlo a uno de los vehículos. Fue sometido y su familia denunció torturas. En ambos casos, la tramitación de la imputación y la audiencia cautelar se realizó en menos de 24 horas.
Para el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Edson Foronda, el Ministerio Público debe actuar de oficio y debió iniciar las acciones legales no solamente contra los seguidores de Machicado sino también contra el bando de Arnold Alanes, porque también participaron de los hechos violentos y son responsables de atentar contra la seguridad de los ciudadanos en su conjunto.