Las cifras son preocupantes, los embarazos en niñas y adolescentes en el país muestran en esta gestión una tendencia al incremento que preocupa a la Defensoría del Pueblo, que pidió a las autoridades tomar acciones urgentes, dado que en promedio, hasta junio de esta gestión, se registraron 91 casos por jornada.

“Preocupa a la Defensoría del Pueblo que la falta de ejercicio y protección de los derechos a la educación, a la salud sexual y reproductiva y a la integridad sexual entre otros, se constituyen en causa de vulnerabilidad para que niñas y adolescentes queden embarazadas y, además, producto de un embarazo hay un mayor riesgo de que estos derechos sean vulnerados”, señaló la institución, mediante una nota de prensa.

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Los datos de monitoreo del Ministerio de Salud reflejan que el promedio de embarazos por jornada ha incrementado entre 2021 y 2022, mientras que el año pasado la media de niñas y adolescentes gestantes llegaba a 90 por jornada, en los primeros seis meses de este año esto ha crecido a 91.

“Datos del Servicio Nacional de Información en Salud – Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) del Ministerio de Salud y Deportes, muestran que en 2021 se registraron 39.747 embarazos en niñas y adolescentes, lo que significa que existieron en promedio 109 embarazos al día de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años en esa gestión. En 2022, hasta el 30 de junio, los embarazos adolescentes sumaron 16.752, lo que representa un total de 91 embarazos al día”, informó la Defensoría.

En comparación con los datos del resto de la región, también la situación del país resulta preocupante, pues su tasa de embarazos en menores de edad es superior, de acuerdo con el registro del estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

“El Informe del Estado de la Población Mundial 2022 del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, muestra que la tasa de natalidad en la adolescencia para América Latina y el Caribe, entre 2006 y 2015, fue de 59 partos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años. Bolivia supera esa tasa con 71 partos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años”.

El llamado a la reflexión que realiza la Defensoría del Pueblo va dirigido al Estado y las autoridades, para trabajar en la prevención de este problema que pone en estado de vulnerabilidad a las menores de edad y afecta el desarrollo de sus Derechos Humanos.

“Un embarazo en la niñez y adolescencia, significa que las y los involucrados ven afectadas sus trayectorias de vida y sus oportunidades de desarrollo se ven limitadas, multiplicando su vulnerabilidad frente a la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la violencia y la dependencia económica”, indicó.

Los datos fueron revelados este lunes, a propósito de conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. La Defensoría encontró falencias en el sistema, las cuales repercuten de manera perjudicial a la prevención y seguimiento de estos casos.

Se identificó, por ejemplo, que, si bien el Ministerio de Salud está llamado por norma a tener un índice quinquenal sobre embarazos adolescente, maneja uno anual, que ya ha identificado a las regiones con mayores problemas. En estos casos, los gobiernos subnacionales deberían aplicar modificaciones presupuestarias y realizar todo tipo de esfuerzos para contrarrestar la adversa situación.

“El monitoreo de ese índice anual de embarazo adolescente realizado en 2019 identificó que cuatro Gobiernos Autónomos Departamentales y 286 Gobiernos Autónomos Municipales superaban dicho índice. Para 2020, los cuatro departamentos mantenían el indicador, en tanto que se redujo a 265 la cantidad de Gobiernos Autónomos Municipales que superaban el índice”.

El índice es clave para monitorear y llamar la atención para cambio de estrategias de los gobiernos subnacionales sobre la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes y es establecido como responsabilidad del Ministerio de Salud mediante el artículo 23 de la Ley 548, del Código Niña, Niño y Adolescente, no obstante, la Defensoría del Pueblo denunció que ni el Plan  Multisectorial de Desarrollo Integral (PDMI)/Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente (PPNNA), ni el Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes y Jóvenes 2015 – 2020 lo toman en cuenta.

“Frente a ello, (la Defensoría del Pueblo) llama al ente rector en materia de niñez y adolescencia y a las instituciones con competencias en la temática, como la Dirección Plurinacional de la Juventud, el Ministerio de Salud y Deportes, las entidades territoriales autónomas del nivel subnacional, a tomar en consideración el indicador del índice de embarazos adolescentes para la generación de lineamientos de acción en la dimensión programática del sistema de protección de la niñez y adolescencia  y se asuman acciones diferenciadas y reasignaciones presupuestarias para luchar contra este flagelo”.

La institución informó que coadyuva con la dotación de material informativo y de sensibilización sobre esta temática y salud sexual reproductiva, en coordinación con Organizaciones No Gubernamentales, a los 85 gobiernos municipales observados.