Además del Censo se incluyen otras demandas departamentales en la agenda que fue presentada ante el Tribunal Electoral Departamental.
Fuente: Unitel
El cabildo convocado por el Comité pro Santa Cruz para el próximo 30 de septiembre tratará ocho temas que serán presentados ante los participantes para su aprobación o rechazo, según señala el documento que fue presentado por los organizadores ante el Tribunal Electoral Departamental cruceño para que envíen observadores al evento.
La petición ante el TED fue firmada por Rómulo Calvo, como presidente del Comité pro Santa Cruz y Manfredo Bravo, a nombre del Comité Impulsor del Censo. En la misma señalan los fundamentos legales que reconocen al cabildo como una de las expresiones democráticas reconocidas por la Constitución Política del Estado, destacando el carácter deliberante del mismo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En el documento, al que tuvo acceso Unitel, se señalan los siguientes ocho temas que serán tratados en el cabildo:
a) Solicitar y exigir al Órgano Ejecutivo Nacional la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) en el mes de junio del año 2023
b) Solicitar y exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la Abrogatoria de la Ley No. 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia.
d) Exigir al Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, frenar el avasallamiento y ocupación ilegal de las Tierras en el departamento de Santa Cruz.
e) Exigir al Órgano Ejecutivo Nacional asuma acciones institucionales para la protección de las áreas protegidas nacionales existentes en el departamento de
f) Exigir al Órgano Ejecutivo Nacional el inicio inmediato de la elaboración del Pacto Fiscal conforme al mandato jurídico de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización No. 031
g) Solicitar al Tribunal Supremo Electoral la elaboración de un nuevo Padrón Electoral para la realización de las elecciones nacionales, departamentales y municipales.
b) Someter a consideración de los asistentes al cabildo abierto departamental asumir acciones legítimas, enmarcadas en el orden constitucional.