El exsecretario del gobernador de Santa Cruz desapareció antes de presentar sus descargos ante el Ministerio Público por el contenido de un audio en que se le oye hablar de una presunta coima. Ayer surgieron dudas sobre la veracidad del caso.
Mauricio Quiroz Terán
La Fiscalía citó a unos 10 testigos y pidió la comparecencia de los dos primeros implicados en la supuesta corrupción que salpica al neurocirujano Fernando Pacheco, quien fue secretario de la Gobernación de Santa Cruz. Además, allanó la residencia, la oficina del exfuncionario y otros inmuebles, para secuestrar documentos relevantes del caso.
Estas acciones, unas 20 que se ejecutaron en menos de una semana, ahora están orientadas en dar con el paradero de Pacheco, quien huyó antes de presentar sus descargos. Al revés de la medalla, el denominado caso “petardos” que tiene que ver con el hallazgo de esos explosivos en el edificio central de la Alcaldía cruceña no tiene avances y hay molestia de parte de los denunciantes.
Eso sí, la Policía, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), tiene en su poder las órdenes de aprehensión contra Pacheco y su esposa. De hecho, ella perdió ayer un recurso de libertad y también está siendo buscada por las autoridades.
Los uniformados también tienen la misión de convocar a los testigos que sean solicitados por la comisión de fiscales que se formó para este proceso. El lunes, la lista de estos testigos apuntó al entorno de Pacheco. Incluso, fue convocado un albañil que hizo trabajos para el profesional. Su madre, Yolanda Rojas, denunció que hubo excesos, cuando contó que fue citada “con engaños” a prestar una declaración “voluntaria”. La señora fue internada en una clínica la tarde de ayer tras sufrir una descompensación. La Felcc no emitió descargos.
Así, el giro que dio este caso llamó la atención de legisladores opositores que ya preparan una queja internacional. Ante este escenario, el fiscal Róger Mariaca recordó que el caso contra Pacheco fue activado por la misma Gobernación cruceña y reveló que a la causa se sumó la Procuraduría, diputados y la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. “Ellos se han apersonado, según se lee en sus memoriales, como coadyuvantes”, remarcó el fiscal y aseguró que todas estas acciones están “enmarcadas en los procedimientos legales” y según los plazos previstos.
“A nadie se le mella o lastima la dignidad con el simple hecho de citarlos para poder escucharlos”, apostilló Mariaca y aseguró que los elementos de prueba son procesados por los fiscales, incluso, la denuncia por supuesta “concusión” que un empresario, cuya identidad aún no reveló, presentó contra el exsecretario de Salud.
Pacheco fue denunciado por un registro de audio en el que se le oye hablar sobre una coima de Bs 20.000, Bs 30.000 y Bs 50.000 a proveedoras de insumos.
Joadel Bravo, abogado de la Asociación de Mandiles Blancos, dijo que hubo dos pericias independientes en las que se analizaron el audio. Aseguró que este registro “fue montado” y pidió que se hagan las pericias necesarias para establecer la validez de esa prueba. Observó que la Fiscalía se concentró en la aprehensión de Pacheco y no en las pruebas.
“Estamos cursando notas a los organismos internacionales para mostrar la manera en la que se está tratando, con distintos estatus, las denuncias para los opositores como para los oficialistas”, anunció la senadora Centa Rek, jefa de bancada de Creemos.
La legisladora recordó que hay casos que no avanzan en la Justicia cuando se trata de autoridades del oficialismo. Allí está, por ejemplo, el proceso contra el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani (MAS), que sigue postergado, a pesar de las irregularidades en la adquisición de 41 ambulancias o las recientes querellas que estallaron en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
“Ya no son jueces y fiscales los que están operando, parecen organizaciones paraestatales que persiguen ciudadanos como si hubieran cometido delitos de asesinato o de narcotráfico y, en otros casos, pasando por alto graves irregularidades”, dijo Rek.
El diputado Anyelo Céspedes (MAS) rechazó esa postura y exigió a la Fiscalía que llame al gobernador Luis Fernando Camacho por el caso Pacheco.
Mientras tanto, la concejala Lola Terrazas, de la alianza Comunidad Autonómica (C-A), recordó ayer que hace un mes presentó una denuncia contra la administración del alcalde Jhonny Fernández por el supuesto uso indebido de bienes del Estado, en el caso llamado “petardos”.
El caso, cuya admisión demoró tres semanas, fue asignado al fiscal anticorrupción, Alexander Mendoza. La querella es para que se investigue al secretario de Finanzas de la Alcaldía, Mario Centellas, siendo él la autoridad que está a cargo del resguardo del patrimonio del Gobierno Municipal de Santa Cruz.
La denuncia fue sentada el 11 de agosto por la concejala Terrazas y su colega Noemy Centellas. Ellas sorprendieron a los jóvenes ‘acuartelados’ en el edificio central de la comuna; además hallaron petardos en esas instalaciones en momentos de tensión.
El Ministerio Público derivó el caso al fiscal Mendoza. Además, la unidad de Transparencia de la Alcaldía se sumó a la denuncia y derivó un informe a la Fiscalía.
“Este caso avanza muy lento y no se han hecho mayores diligencias. Estamos presentando un recurso para que el fiscal asignado al caso tome la declaración del responsable de los bienes municipales. En este caso Mario Centellas”, afirmó.
La concejala recordó que está pendiente un informe del Ejecutivo en el que se precise quién autorizó el ingreso de los jóvenes al municipio y se establezcan las razones para acopiar petardos en momentos en los que Santa Cruz cumplió un paro para reclamar por la realización del censo en 2023 y no en 2024, como fue fijado por el Gobierno en un decreto.
Terrazas, quien además es vicepresidenta del Concejo, recordó que cuando los jóvenes fueron sorprendidos, la Policía no respondió. “Fuimos para buscar ayuda y para que se hagan las primeras indagaciones, pero no recibimos respuesta”, dijo.
Eso sí, ella y su colega registraron el hallazgo con sus teléfonos móviles: Se ven jóvenes durmiendo debajo de los escritorios, en los corredores y varios paquetes de petardos. “Transmitimos en vivo por Facebook y tenemos videos”, puntualizó.
Hace más de un mes, Fernández anunció una evaluación de sus secretarios tras esos incidentes. El ajuste sigue pendiente.