La Ministra de la Presidencia afirma que el documento no señala un juicio contra el expresidente. Esperarán un informe de los ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia para emitir una postura oficial.
La Policía y otras unidades de inteligencia intervinieron el hotel Las Américas. Foto: Correo del Sur.
Fuente: ANF
Procesar a los responsables de las ejecuciones y torturas en el hotel las Américas, entre ellos a Evo Morales, es una de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe de fondo, el abogado Gary Prado advirtió que, si el Estado boliviano no cumple con esa petición, será enjuiciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
“Sabemos que el Gobierno de Luis Arce no hará caso a esas recomendaciones porque defiende a Evo Morales contra sangre y fuego. Entonces lo que va a ocurrir es que, si el gobierno no hace caso a estas recomendaciones, el Estado boliviano será llevado a juicio ante la Corte Interamericana en San José de Costa Rica y deberá acatar el dictamen que se dicte”, explicó el jurista a la ANF.
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El 21 de diciembre de 2021, la CIDH emitió un informe en el que determinó que en el hotel Las Américas, en 2009, hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno de ese entonces en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado. Es decir, en el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera.
A la vez, Prado señaló que el proceso ante la Corte puede demorar por lo menos unos cuatro años más para conocer una sentencia contra el Estado boliviano, dictamen que deberá ser acatado de forma inapelable y enjuiciar en el país a los responsables de los hechos. Además, que se obligará a reparar los daños a las víctimas de tortura.
“El Estado va a tener que juzgar a estas personas y también los va a conminar a reparar los daños que ocasionaron a las víctimas, tomando en cuenta los años de presidio y la detención arbitraria. La Constitución dice que cuando el Estado es obligado a reparar los daños, debe aplicar la acción de repetición contra los responsables”, precisó.
No pide enjuiciar a Morales
Al respecto, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, señaló que el informe del organismo internacional no menciona que se deba iniciar un juicio al líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. Pidió que se maneje esa información con cuidado.
“No tenemos el documento oficial de este informe, hasta donde tengo conocimiento el informe en ningún momento señala que se deba iniciar un juicio a nuestro hermano expresidente Evo Morales. Así que hay que ser bastante cuidadosos con esta información”, manifestó la autoridad.
Por otra parte, indicó que están a la espera que los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia analicen el documento y en base a un informe emitirán una postura oficial cobre el proceso.
Puntos conclusivos
En el informe al que tuvo acceso El Deber, el organismo observó que existe una controversia en las declaraciones de las partes sobre la muerte de Michael Dwyer. Para la CIDH el ciudadano irlandés se encontraba durmiendo en la habitación 457 del hotel cuando se produjo el operativo. Además hizo un análisis de los informes forenses que se realizó al cuerpo de la víctima.
“Por todo lo anterior, la comisión concluye que la muerte de Dwyer resulta atribuible al Estado y constituye a una privación arbitraria de la vida, establecido en el artículo 4 de la Convención Americana del derecho a la vida y en su punto 1, que advierte: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Con lo que se concluye que hubo ejecuciones extrajudiciales”, dice el reporte.
El hecho se produjo el 16 de abril de 2009, cuando un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó disparos en el cuarto piso e irrumpió en las habitaciones de Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, que murieron en esa intervención. Mientras que más tarde Elöd Tóasó y Mario Tadic fueron detenidos.
En ese tiempo, el Gobierno justificó la intervención y las muertes porque presuntamente eran «separatistas», «terroristas», las autoridades dijeron que habían sido contratados por los liderazgos regionales de Santa Cruz, muchos fueron detenidos y encarcelados. El proceso duró al menos una década.