Fuente: https://actualidad.rt.com
Los apagones en Puerto Rico no son solo culpa del clima. Aunque el reciente paso del huracán Fiona por la isla ha afectado severamente a todo el tendido eléctrico, el problema del servicio es mucho más profundo. Y trasciende sus fronteras.
Todavía hoy, varias zonas de la ‘Isla del encanto’ siguen a oscuras y la restitución de la electricidad es de pronóstico reservado. «Estoy harta. La crisis de Puerto Rico es política. La crisis en Puerto Rico es la corrupción, la venta del país en pedazos y lo poco que le importamos al Gobierno», escribió en sus redes hace una semana la influencer boricua Mela Pabón.
El clamor es similar al de miles de puertorriqueños que vuelven a vivir una situación similar a la acaecida en 2017, cuando el huracán María devastó el territorio insular, dejó 3.000 muertos, miles de damnificados y sirvió de argumento para justificar que la energética canadiense ATCO Ltd y el contratista de energía estadounidense Quanta Services Inc asumieran por partes iguales el control del suministro eléctrico, a través de LUMA Energy.
LUMA está lista para restablecer el servicio de más clientes tan pronto haya generación adicional disponible.
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— LUMA Puerto Rico (@lumaenergypr) September 26, 2022
El traspaso de responsabilidades a manos privadas se hizo bajo la promesa de que los apagones no serán tan largos y las fallas dejarían de ser tan frecuentes. La medida le permitió a LUMA –dirigida por una plantilla ejecutiva con sueldos envidiables– tener el monopolio de la energía eléctrica en la isla. Aunque la gestión deja poco espacio para los elogios.
En los medios internacionales, la crisis de la energía eléctrica se volvió parte del paisaje tras el huracán, que ya ha dejado 21 muertos. Sin embargo, la irrupción de un artista puertorriqueño volvió a poner el foco en el problema de la manera menos ortodoxa.
Un apagón que rima con reguetón
Bad Bunny, el reguetonero más escuchado en las listas de Spotify en los últimos dos años, anunció la semana pasada el lanzamiento de su nuevo sencillo, titulado ‘El apagón‘, un día antes de que Fiona tocara tierra boricua.
Lo que parecía un sencillo más del cantante se convirtió en un suceso mediático con la inclusión del documental ‘Aquí vive gente’, realizado por la periodista Blanca Graulau. El video –que dura más de 20 minutos– no solo muestra imágenes de la isla y de personas bailando la canción, sino que intercala un reportaje de denuncia contra el colonialismo, la gentrificación de Puerto Rico, la corrupción y el desastre en la gestión de LUMA Energy.
Este último punto ni siquiera es discutido por los entes gubernamentales. De hecho, un informe del Negociado de Energía de Puerto Rico –encargado de «reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética» en Puerto Rico– constató que las interrupciones del servicio de electricidad son cada vez más frecuentes.
«El promedio anual de duración de interrupción en el servicio ha ido en aumento consistente desde junio hasta el presente, y se coloca por encima de la métrica histórica de 1.243 minutos», detalla el informe citado por medios locales. Pero ese no es el único problema: los costos por kilovatio también rompen récords y el mantenimiento de los sistemas también está en mora.
Esta situación viene desde mucho antes de Fiona. Ya en abril, en un día completamente despejado, una explosión en una desvencijada estación de servicio eléctrico dejó sin energía a la isla por varios días. La restitución tardó y las quejas de la población se hicieron aún mayores, teniendo en cuenta que LUMA asumió un contrato de 15 años, por unos 1.500 millones de dólares, para la gestión «eficiente» de la electricidad.
Este miércoles, el más reciente reporte de Puerto Rico Emergency Portal System detalla que el 79 % de la población tiene servicio. Todavía resta un 21 % que está a oscuras, especialmente en las zonas de Mayagüez y Ponce, donde unas 200.000 personas siguen sin luz.
Las alertas saltan especialmente por la situación de los hospitales. En Ponce, por ejemplo, todavía las torres médicas anexas no cuentan con energía eléctrica, lo que pone en peligro a los pacientes con cáncer o patologías inmunológicas, renales, cardiacas o respiratorias, informa El Nuevo Día.
A casi una semana de Fiona, LUMA apenas estima para este viernes la restitución del servicio a 91 % de sus clientes en la isla. El impacto de ese retraso ya está en boca de los empresarios y de los agricultores, que dan por perdidas varias hectáreas de cosechas y dudan que sea posible una recuperación económica que nunca llegó después del huracán María.
Por ahora, una parte de la asamblea legislativa de Puerto Rico puja por rescindir el contrato de LUMA, mientras que la empresa privada arroja las culpas de la situación a su predecesora, la Autoridad de la Energía Eléctrica (PREPA), que está declarada en bancarrota desde 2017 y tiene en vilo a los tenedores de bonos.
Colonialismo airbnb
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define el colonialismo como el «régimen político y económico en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo«. Y eso es justamente lo que ocurre en Puerto Rico, no solo con el modelo de LUMA.
«Están desplazando al boricua para hacerse ellos ricos», dice una de las mujeres que habla en el reportaje de Graulau. Otro de los problemas que se ventilan en el video de ‘El apagón’ es que los nativos han tenido que dejar sus casas porque barrios enteros han sido comprados por capitales estadounidenses, o porque el Estado ha derrumbado las viviendas sociales para instalar condominios de lujo.
A muchos puertorriqueños, que tenían años habitando en sus casas y edificios, les dieron apenas 30 días para desalojar y meter su vida en unas cuantas cajas. Así, pisos que les costaban unos 300 dólares al mes, ahora son residencias que se alquilan por 150 dólares la noche a través de plataformas como Airbnb, un negocio turístico que florece abonado por la llamada Ley 22.
Esta ley, que aplica para estadounidenses que se muden a Puerto Rico, ofrece apetecibles exenciones tributarias por las ganancias de inversión como inmuebles y criptomonedas. El huracán María, que desplomó el precio de las propiedades en la isla en 2017, disparó el interés de los capitales en EE.UU. para la adquisición de bienes raíces en el territorio insular.
Según Graulau, hay al menos 3.000 beneficiarios de la ley 22. «Yo les digo invasores colonizadores porque ellos se comportan como tal. Claro, es que el Gobierno de Puerto Rico les ha puesto el país en bandeja de plata», afirma Laura Mía González, una de las residentes desalojadas por los nuevos propietarios de inmuebles y entrevistadas en el documental que acompaña a ‘El apagón’.
La ley 22, a usanza de las viejas prácticas coloniales, beneficia a los ciudadanos estadounidenses por sobre los habitantes de Puerto Rico, al punto que, en la práctica, les permite desplazarlos. La gentrificación no solo es con las propiedades, sino que ocurre en las playas, los barrios y su propia tierra.
Los puertorriqueños no se han quedado de brazos cruzados. En el documental de Graulau se muestra cómo la resistencia ciudadana ha logrado arrebatar de manos privadas la explotación del espacio público; cómo los vecinos se han unido para hacer cumplir resoluciones judiciales ignoradas por el Gobierno y cómo, incluso a través de la música, se organizan para exigir una vida digna.
«Yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos. Lo que me pertenece a mí, se lo quedan ellos, que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo», dice un coro de la canción. A cualquier despistado podría sonarle a una consigna más, pero los puertorriqueños conocen la fuerza telúrica de la música, la movilización y la denuncia para poner a temblar al poder. El exgobernador de la isla Ricardo Rosselló puede dar fe.
Referendo o qué
Apenas este año Puerto Rico salió de la quiebra después de una dura reestructuración de deuda, pero esa no es la principal dificultad. En el sustrato de las denuncias, las protestas y el descontento reside la cuestión de la soberanía de la isla, que sigue pendiente.
En junio de este año, el Comité Especial de Descolonización sobre la cuestión colonial de Puerto Rico, reiteró que el estatus actual de la isla le impide la toma de decisiones soberanas para atender sus necesidades y definir su futuro.
En ese contexto, sigue en debate un proyecto de ley para llamar a un plebiscito sobre el estatus político de la isla, que probablemente tendrá que decidir sobre tres opciones: la independencia, la estadidad o la continuidad de la libre asociación.
El llamado ‘Proyecto 8393’ busca que Puerto Rico celebre una consulta el 5 de noviembre de 2023, que tenga el aval del Gobierno federal e incluya las opciones de obtener su independencia, convertirse en el estado 51 de EE.UU. o la libre asociación.
Lo novedoso de la iniciativa es que por primera vez se excluye la posibilidad de votar por el Estado Libre Asociado territorial, es decir, el estatus que rige en Puerto Rico desde hace 70 años. La consulta no es una cuestión accesoria, pero la pugna por los intereses en juego augura un escenario complicado.
El actual gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, aboga porque el territorio se convierta en el estado número 51 de EE.UU., lo que a su juicio erradicaría el estatus colonial que padece la isla, una opinión que no comparte una parte de la población que ha padecido las prácticas hegemónicas de Washington y pide soberanía.
En la pieza visual de Graulau, sin embargo, queda resonando la frase de una de las mujeres puertorriqueñas que habla mientras espera su desalojo: «Tenemos que movernos porque cuando los de abajo de mueven, lo de arriba se caen».