UN ACUSADO FUE CON ABOGADO QUE CONTRATÓ UNA HORA ANTES
El experto constitucionalista Raúl Jiménez afirma que la acción se puede presentar por negligencia e incumplimiento de deberes.
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Mamani es el principal investigado por el caso ambulancias.
Raúl Jiménez, expresidente del Colegio de Abogados de La Paz, planteó a los denunciantes por el caso de las 41 ambulancias en Potosí presentar un amparo constitucional en Sucre por negligencia e incumplimiento de deberes contra el juez que suspendió ayer por sexta vez la audiencia cautelar en la que es indagado el gobernador Jhonny Mamani.
“Con la experiencia que tengo, ésta es una maniobra política y por ello los denunciantes deberían presentar un amparo constitucional contra el tribunal (dirigido por un juez) por negligencia e incumplimiento de deberes”, señaló Jiménez.
Ayer, el juez segundo cautelar en lo penal, Homero Cardozo, suspendió por sexta vez la sesión de medida cautelar contra el gobernador Mamani y cinco de sus colaboradores por la frustrada compra de ambulancias.
El jurista paceño agregó al periódico Página Siete que la parte denunciante en Potosí puede observar “el hecho de que el proceso se dilata y dilata, y la nueva norma de los procedimientos constitucionales da la posibilidad de presentar un amparo constitucional”.
Abogado sobre la hora
Ayer, Rubén Miranda Castro, exsecretario de la Gobernación, implicado en el caso de las 41 ambulancias en el que también es indagado Mamani, se presentó a la audiencia cautelar con un nuevo abogado que contrató una hora antes y el juez decidió aplazar el proceso.
“Ésta es la sexta vez que se suspende. Ahora, el señor Rubén Miranda se presentó con un abogado nuevo que contrató una hora antes de la audiencia, que no pidió tiempo para conocer el caso”, confirmó el asambleísta departamental José Luis Flores, uno de los denunciantes del caso por la compra irregular de las ambulancias.
Flores contó que el juez decidió en principio suspender la audiencia para hoy; empero el nuevo abogado de Miranda arguyó que tenía un viaje esta jornada, por lo que la audiencia cautelar fue aplazada para el lunes 3 de octubre. “Ya son 58 días que no se instala la audiencia cautelar y eso es lamentable”, precisó el asambleísta.
Las cinco anteriores audiencias cautelares fueron suspendidas por falta de ambiente, porque los acusados llegaron sin sus abogados y porque algunos de ellos se contagiaron con Covid-19, entre otros motivos. “Esto es sólo chicanería jurídica”, aseveró el asambleísta Flores.
La diputada Lissa Claros, de Comunidad Ciudadana (CC), denunció en La Paz que en Bolivia “la justicia está sometida y hay un encubrimiento en el caso de las ambulancias”.
Claros comparó la “persecución judicial que se hace a los dirigentes cocaleros”, con la inacción en el caso de la compra irregular de las ambulancias por parte del gobernador Mamani.
Por su lado, la asambleísta departamental Azucena Fuertes criticó al aparato judicial que acepta todos los argumentos de los denunciados. “No es posible que ya estemos llegando al año de esta escandalosa denuncia y no exista una sola persona detenida”, reclamó la legisladora.
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