Este reporte elaborado por el Departamento de Estado también observa el uso político que se le dio al informe al GIEI e insta a Bolivia cumplir sus conclusiones.
Fuente: Unitel
El Congreso de los Estados Unidos recibió el reporte solicitado al Departamento de Estado de este país en el que solicitaba información respecto a las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia que fueron anuladas tras detectarse graves irregularidades y en medio de un estallido social que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Este informe fue requerido por congresistas estadounidenses en marzo pasado y había sido anunciado por el embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, como una investigación especializada sobre los sucesos que acontecieron durante la crisis de octubre y noviembre de 2019.
Unitel tuvo acceso al documento enviado al Congreso de los EEUU en el que se valida los resultados de las auditorías aplicadas al proceso electoral de 2019, específicamente dos: una interna, elaborada por la empresa Ethical Hacking que había sido contratada por el Tribunal Supremo Electoral, y la segunda referida al trabajo hecho por los expertos de la Organización de Estados Americanos.
“Ethical Hacking, una consultora de ciberseguridad contratada por el TSE para auditar la elección, también encontró vulnerabilidades, incluidas aquellas que hacían posible la interceptación y alteración del código fuente, de registros, de votos y de fotografías en el sistema electoral; la interceptación y lectura del TREP y sus comunicaciones”, señala parte del informe.
Sobre la auditoría de la OEA, primero recuerda que fue realizada a petición del entonces gobierno de Evo Morales, y luego señala que resultado de sus investigaciones se pudo determinar que “se construyó deliberadamente una infraestructura informática oculta con la capacidad de cambiar los resultados de la elección y borrar cualquier rastro de haberlo hecho”.
En el caso de los comicios de octubre de 2020, donde fue elegido Luis Arce como presidente de Bolivia, el informe señala que este proceso es “considerado libre y justo por los observadores independientes, incluida la OEA”.
Unitel consultó a la Embajada de Estados Unidos sobre su opinión respecto a este informe y respondieron que “como política establecida no comentamos sobre documentos internos o correspondencia entre el Departamento de Estado y el Congreso.
Recomendaciones sobre el informe del GIEI
El reporte enviado al Congreso también hace énfasis en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentado en 2021 y en el que se detectaron “graves violaciones a los derechos humanos” en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2019.
El informe también ratifica los resultados del informe del GIEI sobre las “detenciones ilegales, violencia sexual, tortura y el asesinato de 37 personas en las localidades de Sacaba y Senkata, los días 15 y 19 de noviembre de 2019”, durante los primeros días del gobierno de Jeanine Añez y hace recuerdo que esta investigación “también encontró evidencias de violencia ‘instigan’ por el gobierno de Morales, incluidos secuestros y torturas de activistas anti-MAS”.
Los expertos del Departamento de Estado, señalan que “el informe del GIEI fue en general bien recibido por el gobierno, la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos independientes”, pero que a pesar de ello sus recomendaciones no han sido cumplidas y más bien su contenido fue usado como argumento para iniciar procesos penales contra opositores.
“La implementación que el gobierno de Arce ha hecho del informe del GIEI sigue siendo en gran medida parcial, aprovechando el informe del GIEI como fundamento para enjuiciar a opositores, a pesar de que el GIEI concluyó que tanto los grupos pro-MAS como los anti-MAS cometieron violaciones”, añade.
En su parte conclusiva, el reporte cita la postura del gobierno de los EEUU que insta a Bolivia cumplir las recomendaciones del GIEI “de manera justa y transparente”.