En medio de la coyuntura político-social en la que nos encontramos, fruto de la tensión y medidas de presión que a lo largo del país se extienden por las diferentes posturas a favor y en contra del censo 2023, es necesario tomar en cuenta que en forma paralela al impacto económico que estas medidas tendrán en el sector privado, se está generando en el país un abanico de escenarios y normas que están ahorcando a la Empresa Privada y están arriesgando el empleo del Trabajador del sector privado.
En primer lugar, podemos citar las normas promulgadas en materia laboral que disfrazan beneficios para los trabajadores que no son sostenibles en el tiempo, que no generan un incremento en la productividad de la empresa y que no se traducirán en nuevos empleos o mejores ingresos para los trabajadores. Un ejemplo claro es el Decreto Supremo 4708 promulgado el 01 de mayo de 2022 que establece licencias para los trabajadores de media jornada laboral por cumpleaños de cada trabajador, en este escenario alguno de los legisladores pensó que para una empresa con 1000 trabajadores esta norma implica que un promedio de 3 trabajadores por día tendrán licencia por su cumpleaños; aspecto que generará una sobrecarga laboral, ya que el resto del equipo tendrá que asumir funciones o tareas necesarias para reemplazar la ausencia diaria de 3 trabajadores en promedio, ósea que el trabajador por tomarse medio día libre deberá trabajar más el resto del año cubriendo el trabajo de los demás trabajadores que estén haciendo uso de la licencia concedida, además, esta medida no representará un beneficio salarial para el trabajador ni un incremento de ingresos para que la empresa pueda contratar más empleados. Por tanto, ¿es un beneficio real para el trabajador?, o ¿En realidad es más perjudicial que beneficioso?
Dentro de este mismo punto, se podría citar las normas laborales de restitución de derechos laborales, reincorporación, vacaciones y demás normativa laboral hoy vigente; sin embargo, esta normativa merece un análisis especial, por lo que en esta oportunidad solamente vale la pena generar las siguientes interrogantes ¿Realmente un buen trabajador requiere tanta normativa que proteja su fuente laboral o la estabilidad laboral debería basarse en la capacidad de cada trabajador?, ¿Estas normas buscan proteger al mal trabajador, sindicatos o trabajadores de baja productividad y rendimiento? y en este caso surgiría el tema de análisis respecto a que estas normas en realidad solamente privan de fuentes laborales a buenos trabajadores desempleados que no encuentran un nuevo trabajo porque el mercado laboral está estático sin nuevas fuentes de empleo y con espacios ocupados por trabajadores improductivos que calientan un asiento y que hoy son inamovibles por el respaldo de la norma laboral vigente.
En segundo lugar, podemos citar las normas impositivas que discriminativamente se aplican solo para las empresas del régimen general, que de manera mensual son pasibles del IVA (13%) e IT (3%), es decir, que tributan el 16% de los ingresos mensuales sobre ventas, y de forma adicional pagan un 25% por Impuesto a las Utilidades al cierre de cada gestión; evidentemente, estos impuestos contribuyen al crecimiento del país empero son discriminativos, pues existen sectores como el sector Minero, Productores de Coca, y aquellos sujetos al Régimen Simplificado que no tributan en estos porcentajes. Este tema es considerable porque el sector Minero es parte importante en la contribución al Producto Interno Bruto del País junto con el sector de Hidrocarburos, pero el sector Hidrocarburos (no solo YPFB, sino todas las empresas accesorias a este sector) tributa como régimen general (16% mensual y 25% anual) mientras que el sector Minero tributa 4.8%, una brecha grande entre ambas.
Por su lado, el sector informal, productores de coca, y demás sujetos al régimen simplificado realizan un pago de impuestos mínimo y desproporcional a los ingresos que en realidad generan. Ahora bien, porque esto debería preocuparle al trabajador si él no percibe utilidades, pues si es un tema que le compete y debería importarle, pues la sostenibilidad de cualquier negocio se traduce en utilidades, así como un trabajador no presta sus servicios de forma gratuita, unos inversos (accionista, socio o dueño de empresa) no invierte su dinero sin buscar ganancias. Por tanto, ¿es justo asfixiar tributariamente al sector privado?, ¿No puede reducirse la tributación de este sector e incrementarse los tributos del sector minero e informal para generar un punto de equilibrio?
En tercer lugar, podemos citar la falta de control y el apoyo del Gobierno a la competencia desleal del sector informal, en este punto es necesario tener claro el siguiente escenario: Por un lado, está el sector privado formal que es sujeto constantemente a supervisión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), AFP’s, Cajas de Salud, Servicio de Impuestos Nacionales, Autoridad del Juego y demás Autoridades Regulatorias que obligan a este sector a cumplir con aportes patronales, facturación, pago de impuestos, y demás obligaciones legales y comerciales; por otro lado está el sector informal que no factura, no paga aportes patronales, no tiene contrato con sus trabajadores, no paga impuestos, y no está sujeto a inspecciones por parte de las Autoridades Regulatorias. Teniendo claro este escenario, es fácil deducir que una empresa del sector informal puede vender el mismo producto o servicio a un costo menor que una empresa del sector formal, pues no asume todos los gastos detallados precedentemente (impuestos, aportes patronales, salarios, gastos legales y comerciales, etc.); constituyéndose en una evidente competencia desleal fomentada por la propia normativa y regulación vigente.
Por lo expuesto, es evidente que hoy por hoy el sector privado está siendo ahorcado y que esta normativa expuesta está asfixiando a la empresa privada, poniendo en riesgo no solo la inversión del socio capitalista sino las fuentes laborales de los trabajadores de este sector y disminuye la posibilidad de los trabajadores desempleados de encontrar una nueva fuente laboral. Por tanto, es necesario generar un espacio de interacción entre el sector privado y el Gobierno Nacional para: 1) Ajustar la normativa laboral vigente de manera que se brinde estabilidad laboral y seguridad jurídica a los buenos trabajadores y se brinde opciones para prescindir de aquellos trabajadores improductivos que no suman a la economía colectiva de la empresa (socios y trabajadores), 2) Ajustar la normativa tributaria de manera que las obligaciones tributarias no se conviertan en una horca para las empresas del régimen general, que exista igualdad con los otros regímenes tributarios y que ambos escenarios sean orientados hacia beneficios por reinversión de utilidades e incremento de fuentes de empleo y 3) Ajustar la normativa de control y supervisión del sector informal, pues ello generará el crecimiento tributario del país, precautelará los derechos de los trabajadores y clientes de dicho sector.
Finalmente, si bien hoy por hoy el tema que ocupa la agenda de la población en general es la distribución de los recursos en función al Censo, siendo esta de suma importancia, ya que impactará en mejorar la salud, educación y demás servicios públicos brindados por los Gobiernos Municipales y Departamentales, no se debe olvidar que la Empresa Privada requiere apoyo para subsistir y seguir aportando a la producción y crecimiento económico del país, pero sobre todo para mantener y generar fuentes de empleo.
Alvaro Marín Ralde
Asesor Legal Corporativo