“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores (gobiernos), no es cierto”, enfatizó el mandatario mexicano durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.
«Existe evidencia concluyente de que al menos los dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos, cuyas labores e investigaciones han estado relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, fueron espiadas con el malware Pegasus de la empresa NSO Group entre 2019 y 2021, es decir, durante el Gobierno actual», iniciado en diciembre de 2018, dice un comunicado.
AMLO aseguró que estuvo interiorizándose sobre estas denuncias y aseguró que esa práctica, además de indebida, es «contraria a nuestros principios, nuestras convicciones».
«Nosotros, que hemos sido espiados, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo», aseguró.
«Ejército Espía», como se denomina el informe aludido, recoge los casos de Raymundo Ramos, defensor de los derechos humanos en el estado de Tamaulipas; del periodista Ricardo Raphael y un periodista del medio de comunicación Animal Político, cuyos teléfonos móviles fueron intervenidos durante la actual administración mexicana.
AMLO justificó las labores de inteligencia del Ejército, «que no de espionaje, que es distinto», sostuvo.
Un extenso informe revela que el Ejército mexicano «sigue realizando intervenciones de comunicaciones privadas de manera ilegal» contra civiles.
Los investigadores señalan que sus hallazgos contradicen las promesas del presidente, y que esa contradicción ofrece dos escenarios posibles: el primero, es que «el presidente mintió» y el segundo, «que las Fuerzas Armadas espían a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su Comandante Supremo».
El viernes pasado, otro escándalo golpeó al Gobierno luego que López Obrador confirmara que fueron hackeados millones de correos electrónicos de las Fuerzas Armadas, por el grupo denominado «Guacamaya», que también vulneró los archivos militares en Chile, Colombia, Guatemala y El Salvador.
Uno de esos correos publicados en la masiva filtración, señala que el 8 de agosto de este año la Zona Militar 1, con sede en la capital del país, envió al Centro Coordinador de Fusión de Inteligencia Militar una radiografía de grupos sociales de la capital, acusados de cometer actos vandálicos.
Entre ellos están 15 colectivos feministas conocidos en la capital como Bloque Negro, Coordinadora 8M, Las Brujas del Mar, Marea Negra, Coordinadora 8M y Colectiva Aquelarre Feminista.