A un mes de paro, las empresas sienten el impacto económico: CRE y Saguapac no pueden cobrar la luz y agua

En caso de la distribuidora de electricidad no ha podido facturar Bs 100 millones por la protesta

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Fuente: Urbe.bo



Desde 2019, Santa Cruz vive en una disputa política permanente con el Estado Plurinacional, antes presidido por Evo Morales y ahora por Luis Arce, con alto impacto en la economía de sus empresas e instituciones de servicio. A eso se le debe sumar la pandemia de coronavirus que de la noche a la mañana paralizó las actividades industriales y comerciales sin dar tiempo para que las empresas pudieran prepararse y eso profundizó la crisis.

El paro indefinido, que ya lleva un mes, ha vuelto a dar golpe duro para todas las empresas y comercio en general. La Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) es una de las grandes afectadas, ya que no ha podido cobrar facturas por unos Bs 100 millones, lo cual no hay duda que representará una enorme carga financiera. Similar situación ocurre con Saguapac y las otras cooperativas de servicios.

Dirigentes vecinales en Montero y autoridades municipales enviaron cartas a CRE para que suspenda los cortes de luz en los domicilios por facturas impagas mientras se mantenga el paro indefinido por censo 2023.

Algunos hacen pedidos de no cobros por las redes sociales. Desde el departamento de comunicación de CRE informaron que durante el paro no se ha procedido a cortar el servicio por mora y que la institución está abierta a realizar planes de pago.

Para los directivos y ejecutivos de la cooperativa es un tema de preocupación, ya que durante la pandemia tuvieron que soportar una millonaria mora (alcanzó $us 50 millones), lo que los obligó a recurrir a crédito bancario para paliar la situación sin transferir los costos a los usuarios.

Se sabe que las empresas de generación, transmisión y distribución que se realizan transacciones de energía y potencia eléctrica, ya han advertido a las distribuidoras –entre ellas CRE- que tendrán que pagar mensualmente por la energía que adquieren.
“La cooperativa está obligada a pagar el consumo total de Santa Cruz, pese al paro cívico indefinido, aseguró el experto en regulación tarifaria y tasas, Jorge Choque Ajuacho.

Señaló que las empresas de generación producen la electricidad en las distintas centrales de generación en base a gas natural, agua, sol y viento, entre otras fuentes y las empresas de transmisión transportan esta electricidad hasta los centros de consumo que son las ciudades y poblaciones donde operan las empresas de distribución.

En el caso de Santa Cruz de la Sierra y poblaciones vecinas como Montero, Warnes, Cotoca, y La Guardia, entre otras, la distribuidora responsable de hacer llegar el fluido eléctrico hasta el consumidor final es la CRE que compra mensualmente la energía y potencia que requiere la población domiciliaria, industrias y negocios cruceños, detalló el experto, que también es docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

“En este contexto, es necesario recordar que en años anteriores, cuando se realizaron paros cívicos o la pandemia de coronavirus, las empresas de generación que producen la electricidad que demanda Santa Cruz y las empresas de transmisión que transportan la misma, cobraron la energía generada y transportada a CRE. Es decir, no hubo ningún cambio en las transacciones en cuanto a una cierta tolerancia en las fechas de pago de las facturas”, advirtió Choque.

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SENSIBILIDAD DEL SISTEMA COOPERATIVO

En la CRE ratificaron las afirmaciones de Jorge Choque y en relación a los conflictos sociales y la pandemia, recordaron que la cooperativa cruceña, en ambas oportunidades, hizo el esfuerzo de diferir los cobros por la electricidad entregada a sus consumidores y no realizó cortes del servicio ni aplicó ninguna multa por mora.

“Asumimos la falta de pago de las facturas por el consumo eléctrico y elaboró planes de pago en función de las necesidades de los usuarios evidenciando de esta manera la alta sensibilidad social del modelo cooperativo”, destacó el vocero Amilkar Jaldín.

Manifestó que la institución al ser regulada por el Estado tiene una doble fiscalización. “Como distribuidora nos fiscaliza la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN y como cooperativa la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas, Afcoop”, concluyó.

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Fuente: Urbe.bo