La Cámara Departamental de Transporte (Cadetran) La Paz advirtió este martes que el acuerdo entre la dirigencia del transporte peruano con su gobierno, que permitió levantar el paro en Desaguadero, restringirá el ingreso de los transportistas bolivianos al vecino país.

El presidente de Cadetran, Ramiro Sullcani, explicó que ese acuerdo establece la creación de puertos secos cerca de la frontera con Bolivia para que ellos se encarguen de trasladar la mercadería boliviana a los puntos de destino, decisión que afecta no solo al sector del transporte nacional sino al comercio exterior en su conjunto.

“En el acuerdo, ahí dimensionan el puerto seco, mencionan la cantidad de combustible que debemos llevar, prácticamente quieren que pasemos el puente y, seguramente, su puerto seco lo harán ahí, y hasta ahí vamos a llegar y ahí tenemos que descargar la carga para que ellos se lo lleven”, consideró Sullcani en contacto con La Razón.

“Nos están restringido en su totalidad que el transporte boliviano pueda circular en Perú, eso es lo que han pedido y han hecho un preacuerdo”, lamentó el dirigente.

Según una de las conclusiones del acuerdo entre el Ejecutivo del gobierno peruano y el transporte de carga a nivel nacional de ese país, se estableció que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones peruano emitirá una norma para implementar GPS en vehículos de transporte internacional para que no se realice el movimiento de carga al interior de Perú.

El objetivo es “para monitorear el cabotaje en territorio nacional, a fin de fiscalizar que los transportistas extranjeros no efectúen el servicio de transporte de mercancías al interior del Perú (cabotaje internacional) en un plazo máximo de 30 días hábiles”, señala el inciso a del acuerdo.

Además, el inciso b señala que el gobierno peruano gestionará, en el marco de las próximas reuniones internacionales con Ecuador, que se llevará a cabo el 2 de diciembre de este año y con Bolivia en el primer semestre de 2023, abordar la problemática del transporte de carga internacional con ambos países.

En tanto, el inciso k establece que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en coordinación con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, efectuarán un estudio del impacto que generaría la implementación de los puertos secos en fronteras, en un plazo de 120 días hábiles.

Los transportistas de carga nacional de Perú iniciaron el 22 de noviembre un bloqueo en la zona fronteriza de Desaguadero, en demanda de la consolidación de un puerto seco en ese paso fronterizo, la rebaja del precio de combustibles y el uso de diésel de los transportistas bolivianos.

La medida ocasionó un perjuicio al transporte de carga internacional y al comercio exterior boliviano y ocasionó que más de 1.200 unidades de transporte se queden parados en la carretera a la espera de poder salir o entrar de Perú.

Sullcani pidió a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores que puedan asumir las acciones ante las instancias internacionales para evitar la vulneración de los acuerdos que se tienen en el traslado de mercancías de exportación e importación.

“El Gobierno boliviano tiene que tomar cartas en el asunto y hacer la demanda internacional ante la Comunidad Andina y Mercosur”, demandó Sullcani.

Según el dirigente, el Mercado Común del Sur (Mercosur) otorga permisos para que los transportistas de carga internacional puedan circular por los territorios de la región.

En el caso de Bolivia le autoriza el permiso de Idoneidad o complementario por el lapso de cinco años, con Chile es por 90 días.

Mientras que la Comunidad Andina otorga el permiso denominado Originario.

Además, pidió el pronunciamiento del sector exportador del país ya que de aplicarse esas medidas se afectaría en el flete de transporte para la exportación o importación de mercancías bolivianas hacia el vecino país.

Combustibles

Otra de las conclusiones del acuerdo entre el transporte peruano y su gobierno es que el Ministerio de Comercio Exterior peruano continuará con las gestiones para la emisión de las sentencias ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos contra Ecuador y Bolivia por la aplicación de precios diferenciados en la venta de combustibles.

Sullcani afirmó que el gobierno de Perú tiene un decreto referido al medio ambiente en el cual condiciona el uso de combustibles y califica al que usan los transportistas bolivianos como de baja calidad.

“Bajo esa norma han querido coartarnos a nosotros los bolivianos porque dicen que nosotros usamos un combustible de baja calidad, sabiendo que YPFB compra petróleo de Petro Perú, estamos comprando del mismo Perú”, dijo el dirigente.

Por tanto, Sullcani pidió al Gobierno boliviano exigir calidad al momento de pagar por el combustible que compra a Perú.

El inciso f del acuerdo, señala que el Ministerio de Energías y Minas de Perú propondrá un el reglamento del Proyecto de Ley 2423-2021 enfocado en imponer multas a los transportistas extranjeros, a fin de que se nivele el costo de manera que se vean obligados a adquirir el combustible en Perú.

Además, se acordó realizar los controles de pesos, medidas y modificación de tanques de vehículos que prestan el servicio de transporte internacional.

También se evaluará las modificaciones que resulten necesarias para el control de tanques de combustible de vehículos de matrícula extranjera para el servicio internacional de transporte de carga.

A ello se suma que el Ejecutivo peruano evaluará la normativa relacionada con el tránsito de vehículos extranjeros que no cumplan con la tecnología Euro V.

Al respecto, Sullcani afirmó que hace tres meses ya se pidió un informe a las instancias del Gobierno para conocer la cantidad de azufre del combustible boliviano.