Los tres rostros visibles del Comité interinstitucional son acusados de distintos delitos por el oficialismo y organizaciones afines al partido azul.
Fuente: Unitel
El oficialismo y sectores afines se estrellan con el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, una vez que concluyó el paro de 36 días y se sancionó la Ley del Censo de Población y Vivienda.
Los tres principales perfiles del Comité interinstitucional impulsor del Censo suman denuncias y deben encarar nuevos procesos que han sido anunciados por autoridades y dirigentes, situación que ha sido calificada como persecución política desde la oposición.
Proceso de la COR alteña
El primero de estos procesos surgió desde la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, el pasado 13 de noviembre, desde donde acusan a los tres líderes cruceños por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Ley, atentados contra el presidente y otros, así como violencia política contra mujeres, atentado contra la libertad del trabajo, racismo y discriminación.
En el documento de la denuncia al que tuvo acceso UNITEL figura como denunciante el ejecutivo de la COR, Marcelo Mayta, quien también pidió que se activen las alertas migratorias contra los denunciados.
En un contacto con UNITEL, el abogado Juan Carlos Camacho, quien funge como defensa del gobernador, anunció que ya se asumieron las acciones respecto a este caso y se presentó una excepción por la incompetencia que tiene el Ministerio Público de La Paz para llevar adelante la causa, debido a que es una denuncia sobre lo ocurrido en Santa Cruz.
Denuncia por incendio
Mientras que el segundo proceso penal emergió desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) por el incendio de la sede del sector en la capital cruceña, el pasado 11 de noviembre, lugar en el que se registraron desmanes y resultaron 10 personas detenidas, en medio de denuncias de brutalidad policial.
“Se presentó la demanda por la quema de nuestro patrimonio de la Federación Única de Santa Cruz, que afectó todos los muebles, bienes, el patrimonio y otro material que existía en esas instalaciones”, fue el descargo del primer secretario de la Confederación, Zacarías Samo.
Ministro Montaño, el más reciente
Recientemente, cuando ya se había levantado el paro, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, exteriorizó que presentará una demanda penal contra los tres líderes cruceños, a los que calificó como los autores intelectuales de los daños registrados en las carreteras.
Además, el proceso impulsado por el ministro también incluirá una denuncia por los costos que demandó el retiro de palos, llantas, escombros y tierra que se utilizó en la protesta. “Hemos encontrado árboles derribados, llantas quemadas, banderas cruceñas botadas. También han hecho un daño a la infraestructura, como el puente de río Grande en Pailas”, señaló Montaño.
Según la autoridad, las entidades que dependen de Obras Públicas perdieron más de Bs 260 millones en recaudaciones, siendo afectadas Vías Bolivia, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la Terminal Bimodal, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y Boliviana de Aviación (BOA).
Conamaq, ante la CIDH
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) también llevará adelante otra denuncia, pero esta vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el representante Ramiro Cucho, quien apuntó a Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo de vulnerar los derechos de los pueblos indígenas.
Desde el punto de vista de Cucho, Camacho y Calvo “son los actores principales, quienes han vulnerado los derechos de todos los pueblos originarios y de todo el departamento de Santa Cruz”.
Más denuncias y acusaciones
La Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” responsabilizó al gobernador Fernando Camacho y al cívico Rómulo Calvo por la violencia registrada el pasado 11 de noviembre en la sede de los campesinos en la capital cruceña y por los disturbios registrados en el parlamento de la Central Obrera Departamental (COD).
Otro que censuró a los líderes cruceños fue el jefe del masismo, Juan Evo Morales, quien acudió a sus redes sociales para exponer que “en vez de detener a Camacho por atentar contra la vida y la economía, insisten en premiarlo con la ley del censo”, señaló.
Los crímenes del golpista confeso Luis Fernando Camacho contra ciudadanos indefensos de Santa Cruz por el «delito» de querer trabajar no deben quedar en la impunidad. Exigimos a los ministerios de Gobierno y Justicia que lo detengan y procesen por cometer delitos en flagrancia.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 26, 2022
El abogado Juan Carlos Camacho sostuvo que hay otra denuncia en curso desde Sucre, pero no hay mayores detalles, ya que los líderes cruceños no fueron notificados.
“Lo que nos enteramos es por los medios. Se iniciarán las acciones y se asumirá la defensa siempre que corresponde y esto es parte de la persecución que hay contra quienes piensan diferente”, señaló el jurista.