Censo 2023, ¿un costoso sofisma o victoria pírrica?

 

Llegado el día 35 del paro convocado por el comité cívico de Santa Cruz, con la modificación por parte del gobierno del decreto que fijaba la fecha del empadronamiento nacional; la reacción a la vuelta de los comités insistiendo en su medida; haciendo que hoy la demanda se haya transformado por una ley con el mensaje que “prácticamente el éxito es total”. Resulta necesario evaluar toda la serie de acontecimientos, para determinar la validez de estos razonamientos y medir el valor de la victoria.

El Debate instaurado después de que el Gobierno nacional difiriera la fecha del Censo para mediados del año 2024, produjo la articulación de un Comité Interinstitucional con el objeto de lograr el verificativo censal el año 2023, a esto se sumó la universidad cruceña con la elaboración de una propuesta técnica que permitiría el adelanto de la fecha. Con estos supuestos, el debate giró en sentido de la posibilidad técnica para realizar la encuesta nacional el año entrante.



La propuesta presentada inicialmente, cuando fue analizada consistía en un compilado de recortes de prensa y un “resumen ejecutivo” de un par de hojas que fue tachado de inconsistente por el gobierno; sin que se haya podido presentar de manera coherente un argumento en contrario; más adelante, varios días después, cuando se suscitó la apertura para la discusión de la fecha del censo en una mesa técnica en Trinidad, fue cuando recién se presentó la “propuesta técnica” donde básicamente, se proponía el incremento de funcionarios para una actividad sin un análisis de eficiencia que respalde la correlación entre el incremento de recursos asignados con el acortamiento del tiempo; exponiendo para ello que, si se dobla el personal asignado, se acorta a la mitad el plazo de la tarea, lo que tampoco es real.

A esto debe sumarse los pronunciamientos en sentido de que existiría un mandato “irrenunciable” del cabildo convocado por los corporativos cruceños y que nada menos que lo determinado en el cabildo sería lo admisible. Decidiendo en paralelo que el paro continuaría sin importar las consecuencias que ello represente.

Ahora resulta, primero que el “mandato” del cabildo si era negociable, la propuesta técnica nunca fue viable, puesto que se reconoce hoy que técnicamente no se puede llevar adelante el censo nacional de población en la gestión 2023; de donde se colige que la propuesta técnica nunca tuvo el respaldo suficiente para poder contrastar la propuesta del gobierno.

Finalmente, se ha generado un paro que podría haberse levantado muchos días antes, con el pronunciamiento del decreto de del gobierno que fija fecha censal para el 23 de marzo de 2024; sin embargo, se evita ponerle fin con el objeto de evitar reconocer que todo el argumento alrededor del verificativo era un sofisma y a la vuelta se propone como una “victoria” del pueblo cruceño que se haya fijado la fecha del gobierno, exigiendo para ello una ley que active al legislativo en una competencia del órgano ejecutivo, sin dejar de lado los hechos de abuso que empiezan a verificarse en los distintos puntos de bloqueo.

 

Rafael Villarroel