Comité pide la ley para levantar el paro

Conversación en la Catedral. El arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, recibió ayer al gobernador Luis Fernando Camacho y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, para expresarle su preocupación sobre las tensiones y el desarrollo del conflicto por el proceso censal.

Cuéllar había señalado el martes que Santa Cruz ya había ganado porque existe el compromiso del Gobierno de entregar los resultados del censo antes de las elecciones nacionales de 2025. Camacho, quien no había aparecido en público desde hace 10 días, ayer coincidió con el rector.

“El tema de la fecha vendría a ser el concho (borra de té o café), pero no vendría a ser lo determinante, porque lo determinante ya se ha consolidado que es los recursos, las circunscripciones, lo que es la reorganización del padrón electoral, la reorganización de las circunscripciones eso es un logro impresionante”, dijo Camacho tras esa conversación en la Catedral, donde reside Leigue.

Por la tarde, esa idea cobró fuerza. La comisión que propuso el censo en 2023 se sentó a mirar plazos y actividades pendientes. A esta altura del mes y del año ya no era posible insistir “técnicamente” con un censo para el emblemático 2023, pues el Gobierno y el MAS dilató la solución a la crisis.

Cuéllar fue el encargado de arriar la bandera del “censo 2023”, una inscripción que aparece en los puntos de bloqueo que se instalaron en toda la ciudad, porque así lo estableció el cabildo del 30 de septiembre, el primero de los dos que se realizaron en el contexto de la disputa con el Gobierno.

El rector compareció así junto a Camacho y el vicepresidente de los cívicos, Stello Cochamanidis, en la puerta de la casa de Rómulo Calvo, quien no estuvo presente cuando se hizo esta declaración.
“Lamentablemente, el Gobierno ha dilatado por siete meses esa situación, que lo hace imposible realizar en 2023”, manifestó Camacho, sobre la consulta estadística. “No hemos perdido, hemos cambiado el escenario político”.

“Hemos logrado muchísimo en estos 33 días gracias al pueblo boliviano; lo que no pudieron lograr los políticos en tantos años, lo hizo el pueblo boliviano”, indicó en referencia a las circunscripciones de acuerdo con la población, el pacto fiscal y la redistribución de escaños, según la población.

Cochamanidis, por su lado, aseguró que con esta declaración “el MAS ya no tiene ninguna justificación para no tratar la ley” del censo, una iniciativa legal que debe ratificar la fecha de la encuesta establecida por el presidente Luis Arce para el 23 de marzo de 2024.

El decreto 4824 con el que Arce estableció el día del empadronamiento, incorporó la decisión de entregar “datos preliminares” en septiembre de 2024 para que se pueda iniciar la distribución de recursos de acuerdo con la población que existe en cada uno de los departamentos que tiene el país.

Ahora, para que se levante el paro en Santa Cruz, el Comité Interinstitucional espera una ley, según la determinación del segundo cabildo del 13 de noviembre. Esa norma debe incorporar, además, la decisión de entregar la información del próximo censo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que proceda la reasignación de escaños y delimitación de circunscripciones, según la cantidad de habitantes de cada región.

Poco antes de que Santa Cruz baje la bandera de 2023, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado (MAS), convocó a sesión para este jueves a las 18:00. La convocatoria incluye informes de la Comisión de Constitución sobre los proyectos de ley del censo. Además, adelantó que esa sesión será por “tiempo y materia”.

“Quiero ver la voluntad del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que podamos ver si ahondamos las diferencias o vamos arreglando las mismas”, indicó Camacho, sobre la aprobación de la ley que también debe pasar por el Senado, donde los legisladores próximos a Evo Morales son mayoría.

El gobernador afirmó que se retiraron los proyectos de ley que presentó la oposición para que la norma sea viabilizada y, de este modo, las actividades en Santa Cruz retornen a la normalidad.

“Todavía tenemos a nuestros parlamentarios que van a estar peleando en un terreno totalmente adverso, pero tienen todo el respaldo de este pueblo y de esta comisión, para que hagan el trabajo”, expresó Cochamanidis con miras al debate de este jueves.

Pero la jornada fue tensa también en las calles. Antes del mediodía, los puntos de bloqueo se intensificaron. Hubo altercados entre vecinos, periodistas y personal que está a cargo de transporte de pacientes en ambulancias.

La Iglesia y la misma Gobernación llamaron ayer a los vecinos a permitir el paso de estos personeros. El Comité Cívico también lanzó un comunicado para “no desvirtuar” el espíritu de la protesta, porque, además, hubo denuncias de cobros irregulares, a manera de “peaje” en las rotondas.

Anoche también hubo un mitin cerca del monumento Cristo Redentor. Allí, el abogado Jorge Santistevan, en representación de los vecinos que hacen vigilia en al menos 58 puntos de bloqueo, dijo que hubo una reunión en la que decidieron reforzar la protesta.

“Instamos a aquellos que están, supuestamente, cobrando para permitir la circulación. No deben hacerlo, esta es una medida pacífica y por convicción”, remarcó.​

Sin embargo, Santistevan no fue único en anunciar la radicalización de la medida extrema más larga que ha acatado Santa Cruz. En la mañana, desde el Plan Tres Mil indicaron que solo se permitirá el paso de las ambulancias y camiones que recogen la basura.

El líder del MAS, Evo Morales, pidió ayer procesos legales contra los líderes cruceños tras la declaración que se dio en la casa de Calvo. El político había pedido a sus parlamentarios no apoyar la norma. De hecho, el senador Leonardo Loza (MAS) anticipó que la “norma podría ser devuelta” a Diputados una vez que sea aprobada en la cámara de origen.

El presidente Luis Arce, por su lado se reunió con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y dirigentes departamentales. Destacó, de este modo, el apoyo en el contexto de este conflicto.