Constitucionalista ve sólo una “salida” en proyectos de leyes censales; advierte más conflictos

Cuando la oposición y el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz presentan proyectos de ley para garantizar la redistribución de escaños con los resultados del censo, el constitucionalista Arturo Yáñez advierte que esas acciones sólo son una “salida política”, debido a que la Carta Magna ya ordena esa reasignación. Más bien, prevé otros conflictos.Constitucionalista ve sólo una “salida” en proyectos de leyes censales; advierte más conflictos

Fuente: Brújula Digital 

Una vez que, el fin de semana, el presidente Luis Arce fijó para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, el comité cruceño y la alianza Comunidad Ciudadana (CC) presentaron ayer lunes proyectos de ley para garantizar que los resultados del censo sirvan para la reasignación de recursos económicos a las regiones y de escaños parlamentarios a los departamentos.

“Lo que se está buscando por ambos lados es una salida política, sería esta ley que dé ciertas seguridades a las partes, sobre todo a Santa Cruz, para que ese acuerdo o esa propuesta se materialice con mayor fuerza. Ahora, no es ilegal o inconstitucional, sino lo deseable desarrollar a través de una ley, lo que la Constitución dice”, explicó Yáñez.



En este caso, la Constitución Política del Estado ya ordena que la redistribución de escaños tome en cuenta los datos del “último censo estatal”. Entonces, si el empadronamiento censal se concretaría el 23 de marzo de 2024, los resultados de este proceso deben ser tomados en cuenta para la redistribución de escaños para los comicios generales de 2025.

En su numeral I, el artículo 148 de la Carta Magna establece que: “La distribución del número de circunscripciones uninominales, así como la delimitación territorial de éstas, será determinada por la ley, que tendrá en cuenta el número de habitantes establecido en el último censo estatal, con base en los criterios de extensión territorial, continuidad geográfica y afinidad cultural”.

Yáñez no cuestionó que se aprueba una ley que garantice lo establecido en la Carta Magna, debido a que puede haber desconfianza, especialmente en Santa Cruz, respecto a “estrategias envolventes del Gobierno, como la conformación de la comisión técnica que analizó en Trinidad la fecha del censo, mientras el paro indefinido cruceño de iba “desgastando”.

El departamento de Santa cruz cumple este martes su vigésimo quinto día de paro indefinido, para demandar al Gobierno que el censo se realice en 2023, en función a la determinación de su cabildo del 30 de septiembre.

“Creo que forma parte de esa desconfianza y de que no haya estrategias envolventes y se busque asegurar una ley de desarrollo de la Constitución. Se justifica una ley en el marco de lo que la Constitución establece, de que se respete”, acotó Yáñez.

Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó en esta jornada que la Sala Plena se reunirá para analizar los tiempos y el cronograma que se requerirá para los comicios generales de 2025.

La autoridad del TSE resaltó que para la asignación de escaños se requerirá los “datos oficiales” que emita el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del censo. No precisó si requiere los resultados “preliminares” o “finales”.

Más conflictos

“Haya la ley o no, ese no va a ser un tema pacífico en Bolivia. Es muy ingenuo pensar que por arte de magia se va a solucionar el problema, más bien, estos conflictos están anticipando los que eventualmente van a venir. Los departamentos que no formamos parte del eje central no nos vamos a sentir tranquilos, no permitiremos que sigamos siendo debilitados”, advirtió Yáñez sobre una eventual pérdida de escaños para regiones que expulsoras de población.

El constitucionalista recordó los conflictos regionales que se registraron en el país por procesos de reasignación de escaños parlamentarios en el antiguo Congreso Nacional, en 2005 durante el gobierno del entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, y en 2013, durante el gobierno del expresidente Evo Morales, en la Asamblea Legislativa. En ambos casos se tropezó con esos problemas para aprobar la ley de reasignación de escaños tras los resultados de censos nacionales.

Yáñez recordó que a Chuquisaca le prometieron una serie de obras a cambio de que acepte la disminución de escaños, pero que, al final, esas obras no fueron ejecutadas.

“La redistribución con base sólo en lo cuantitativo, es un elemento importante, pero pensar que porque somos más vamos a tener más poder, es una ingenuidad, tenemos que tener la capacidad los bolivianos, los que no formamos parte del eje central, como los que forman, para hallar un piso común porque al final somos bolivianos todos, que evite que se perpetúe esas asquerosas diferencias que hay en Bolivia, sin desconocer que hay más gente en un lado que en otro”, acotó.

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