Cooperativistas irrumpen en un evento de capacitación para acosar a dirigentes indígenas

El encuentro, desarrollado en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz, reunió a aproximadamente 80 representantes, autoridades y dirigentes de Justicia Indígena Originaria Campesina de las 20 provincias del departamento de La Paz, con el objetivo de dialogar sobre la situación, las dificultades y los desafíos en la defensa de sus territorios y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Momento en el que se expulsa a cooperativistas que ingresaron al taller de Justicia Indígena Originaria Campesina.
Momento en el que se expulsa a cooperativistas que ingresaron al taller de Justicia Indígena Originaria Campesina. Foto: UNITAS.

Fuente: ANF

El taller de Justicia Indígena Originaria Campesina y defensa de Tierra Territorio – Zongo, que se realizó este 11 de noviembre en la ciudad de La Paz, fue entorpecido en su desarrollo por miembros de la cooperativa minera 28 de Octubre, que se dieron cita al evento para acosar a dirigentes del Valle de Zongo, quienes emprendieron una lucha desde hace 20 años por defender su territorio de la contaminación minera, denunciaron dirigentes del Valle de Zongo y personal de UNITAS que estuvieron presentes en el lugar.



El encuentro, desarrollado en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz, reunió a aproximadamente 80 representantes, autoridades y dirigentes de Justicia Indígena Originaria Campesina de las 20 provincias del departamento de La Paz, con el objetivo de dialogar sobre la situación, las dificultades y los desafíos en la defensa de sus territorios y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El evento se desarrolló a lo largo del viernes, pero en horas de la tarde, al momento de iniciar las mesas de trabajo, un grupo de aproximadamente ocho personas, encabezadas por el empresario minero de iniciales J.O.B.C. (que explota la mina Alexander en el Valle de Zongo), ingresaron al encuentro, se esparcieron por diferentes mesas y generaron malestar entre los asistentes, dado que el encuentro era para representantes de pueblos indígenas, más no así para cooperativistas mineros.

“Estábamos en grupos de trabajo y se han infiltrado. Se han parado a vigilarnos, como para decir ´aquí estoy yo´ y eso es lo que ha pasado y estas personas lo único que buscan es asustar a la gente, esa es su estrategia”, denunció una dirigente del Valle de Zongo que estaba presente en el evento y que optó por resguardar su identidad para evitar represalias en su comunidad. Los dirigentes indígenas de Zongo asistieron al evento en un número de 10 personas.

Una vez identificados los cooperativistas, el taller tuvo que entrar en una pausa y se pidió a estas ocho personas retirarse del lugar, lo que generó malestar y casi se llegó a un amague de enfrentamiento. “Pedimos que se retiren, porque vinieron a asustar a la gente, a amedrentar. Pensaron que era un evento solo de Zongo, pero esto es un taller departamental”, precisó la denunciante.

La amauta de justicia del Valle de Zongo enfrenta una serie de procesos legales con el empresario J.O.B.C., a quienes los indígenas denuncian por despojo y tráfico de tierras en este territorio desde el año 2000.

La empresa minera fue denunciada por los indígenas por contaminar sus tierras, pero además por haber despojado a varios comunarios de sus predios, donde cultivaban café y coca. A esto se suma la denuncia de división que el empresario hizo a las organizaciones de Zongo.

En 2010, la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina de Zongo decidió la expulsión del empresario. Ello provocó que éste inicie procesos legales a la amauta de justicia del Valle de Zongo, Marcela Quisbert, y a los dirigentes del lugar. “Tenemos un total de siete denuncias penales”, informó la amauta de justicia.

El caso de los indígenas de Zongo llegó hasta la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, quien conoció el caso el 9 de julio de 2021, cuando se realizó una audiencia virtual denominada “Audiencia Regional entre la Relatora Especial de la ONU y Defensores de Derechos Humanos en América Latina”, a la que asistieron defensores de derechos de Colombia, Perú, Honduras, Guatemala y Bolivia.

Lawlor, en esa ocasión, se comprometió a hacer seguimiento al caso de Marcela Quisbert y de los indígenas de Zongo. “Les prometo que haré todo lo que pueda por defender sus casos”, mencionó la relatora en esa audiencia. La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) acompaña este caso a través del proyecto Sumando Voces, Multiplicando Acciones.

El evento del viernes fue organizado por el Tribunal Originario Abya Yala de Justicia y apoyado por UNITAS, la Unión Europea, CAFOD, la Fundación Construir e IPDRS.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen el deber de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos establecidos en la Convención Americana. El cumplimiento de dicho deber está intrínsecamente ligado a la protección y al reconocimiento de la importancia del papel que cumplen las defensoras y los defensores de derechos humanos, cuya labor es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho.

Para el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, el reconocimiento del trabajo realizado por la defensa del medio ambiente y su relación con los derechos humanos cobra mayor vigencia en los países de la región, en los que se observa un número creciente de denuncias de amenazas, actos de violencia y asesinatos de ambientalistas con motivo de su labor. Este tipo de agresiones genera un efecto amedrentador en las y los defensores de derechos, afectando de manera grave en su labor.En virtud del deber de garantía de los derechos humanos, los Estados están obligados a prevenir razonablemente las amenazas, agresiones y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos; investigar seriamente los hechos que sean puestos en su conocimiento; así como, en su caso, sancionar a los responsables y dar una adecuada reparación a las víctimas, independientemente de que los actos sean o no cometidos por agentes estatales o por particulares.