-
En La Guardia se enfrentan a los que cercaban Santa Cruz y los gases de los policías.
De por lo menos 10 hechos considerados como abusos y excesos de la Policía Boliviana durante el paro cruceño que ya sobrepasó el mes, la Fiscalía Departamental sólo investiga un caso que involucra el accionar de los uniformados: el de la bebé de 11 meses que fue gasificada en el Plan 3.000 la noche del 16 de noviembre.
Ayer, Estéfani Mendez, madre de la pequeña que fue víctima de la gasificación policial, prestó su declaración informativa en la Fiscalía de Santa Cruz en el marco de las investigaciones de oficio que hace el Ministerio Público, según la fiscal, Fátima Ramírez.
Asimismo, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz e investigadores de la Fiscalía fueron hasta el Plan 3.000 a inspeccionar el lugar donde la bebé fue gasificada la noche del 16 de noviembre.
La fiscal Ramírez dijo que el objetivo es dar con el o los policías que dispararon el gas lacrimógeno contra el carrito donde estaba la niña de 11 meses. Hasta la fecha no existe ningún policía identificado ni procesado por esos excesos.
Según el testimonio de Méndez, la noche de los enfrentamientos, cuando ella junto a su bebé buscaba una farmacia se desató la violencia en la ciudadela y para cuidarse de los gases lacrimógenos y explosivos que lanzaban los grupos de choque, buscó un lugar donde protegerse y en ese momento un policía las vio y apuntó su arma directamente hacia donde estaban para después disparar el gas.
En tanto, Harol Ceballos, padre de la pequeña, dijo ayer que esa noche en medio de la tensión él le dijo al policía que estaban con una menor de edad, pero, pese a eso, el uniformado que estaba a “unos dos metros o dos metros y medio de distancia” disparó el gas.
Abusos policiales
Este medio contabilizó al menos 10 acciones entre abusos policiales y excesos que los uniformados cometieron desde el inicio del paro el 21 de octubre hasta la madrugada del 17 de noviembre, que van desde “sembrar pruebas” a las personas que apoyan el paro hasta “torturas” denunciadas por los propios detenidos en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Desde la primera semana de paro en octubre pasado, llegaron a Santa Cruz cientos de policías de distintas regiones para cumplir operativos, en especial en el Plan 3.000, donde la tensión era constante, sobre todo en la noche y madrugada.
Desde el 25 de octubre, los vecinos de la ciudadela denunciaron en varias ocasiones que los policías hacen uso excesivo des gases lacrimógenos con disparos a quemarropa o que son dirigidos a las casas. Todas las semanas se registraron enfrentamientos entre los grupos que apoyan el paro y los que lo rechazan. En medio de ellos, los policías se inclinan por proteger a los grupos del MAS y gasificar a los que apoyan el paro.
El 10 de noviembre se vivió una de las jornadas más violentas en el paro cruceño cuando los grupos de choque del MAS se enfrentaron en el primer y segundo anillo con los bloqueadores. Fue en esa fecha que un grupo de policías que golpeó a un hombre en el suelo puso a su lado un explosivo casero.
En varios videos que tomaron los ciudadanos muestran que los policías arrestaban con violencia a transeúntes, les rociaban con gas pimienta los rostros y les disparaban gases a quemarropa.
El 14 de noviembre, José Antonio Fresco, arrestado por policías de la UTOP, denunció que fue víctima de torturas: “Me obligaban a que los mire y me echaban gas pimienta a los ojos y a la boca. Me pusieron un ladrillo a la boca, me pateaban en las costillas y cuando me iban a liberar hicieron que un perro Rottweiler me muerda”, aseguró José a El Deber.
Golpe I: citarán al gobernador Camacho después del paro
El fiscal Omar Mejillones, quien está a cargo de las investigaciones en el caso “golpe 1”, anunció ayer que una vez que concluya el paro por el censo 2023 se convocará a declarar al gobernador Luis Fernando Camacho.
“Todo se hace en función a la norma y está registrado en audiencia. Por eso es que el juez decide. Esperemos que pasen estos conflictos sociales que está viviendo el país (…), claro (que se lo va a citar) tenemos que cumplir”, dijo el funcionario a Detrás de la Verdad.
Además del proceso por el caso “golpe 1”, el gobernador de Santa Cruz fue denunciado en La Paz y en Sucre –Capital de Bolivia– por el paro cruceño que demanda la realización del censo 2023.
La semana pasada la Fiscalía de Sucre aceptó la denuncia presentada contra Camacho y el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, acusación del “comité impulsor de justicia” por la presunta comisión de cinco delitos; entre ellos, incitación a delinquir, organización de grupos militares, daño a propiedad pública y privada, lesiones graves y gravísimas, conspiración “con rasgos de conducta terrorista”, robo agravado y otros.
En El Alto, el dirigente de la Central Obrera Regional, Marcelo Mayta, también denunció a Camacho, Calvo y al rector de la universidad estatal cruceña, Vicente Cuéllar, por ocho delitos por el paro que hoy llega a su día 32.
Efectos del paro
Pedido• A fines de octubre, Creemos envió una carta a la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional Parlamentaria, a las Naciones Unidas y a la Unión Europea pidiendo que manden expertos en derechos humanos para que constaten la violencia del gobierno contra el paro.
Culpa• El ministro de Obras Púbicas, Édgar Montaño, responsabilizó ayer por la violencia en el Plan 3.000 y por los actos delincuenciales a la Unión Juvenil Cruceñista. Dijo que ellos generan enfrentamientos.
Fiscal • Después de las denuncias contra los policías que cometieron excesos en las represiones, el fiscal departamental, Roger Mariaca, guarda silencio.